Ortega con amplia lista de violaciones a los derechos humanos, según el Departamento de Estado»
Foto: Oswaldo Rivas
Lucydalia Baca Castellón
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Según el reporte anual en 2019 se cometieron un sin número de atropellos. Desde actos de corrupción generalizada hasta asesinatos, violaciones y criminalización de situaciones tan normales como portar la bandera nacional
Cada vez que acuden a foros internacionales, los representantes del régimen aprovechan para pedir que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos a instituciones y funcionarios de su círculo cercano. Además, se acusa a ese país de inmiscuirse en asuntos internos de Nicaragua y de apoyar los intentos de la oposición de derrocarlo.
Sin embargo, estas sanciones han sido aplicadas a personas e instituciones señaladas de cometer graves abusos. Por tanto, si depende del informe sobre las prácticas de derechos humanos, publicado recientemente por el Departamento de Estado, en lugar de revertirse tendrían que incrementarse.
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Dicho informe detalla que en 2019 se cometieron en Nicaragua un sin número de atropellos. Desde actos de corrupción generalizada hasta asesinatos, violaciones y criminalización de situaciones tan normales como portar la bandera nacional.
También confirma la existencia de parapolicías que actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad y bajo el control directo del régimen.
Asesinatos de campesinos
Anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos, le presenta al Congreso un reporte sobre prácticas de derechos humanos. Este incluye a todos los países a reciben asistencia de parte de ellos. Pero también, a los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: informes de ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes. Desaparición forzada por las fuerzas de parapolicías; tortura por guardias de la prisión y parapolicias; abuso físico, incluida la violación, por parte de funcionarios del gobierno; y detenciones arbitrarias por parte de la policía y la parapolicía”.
Reporte sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos
El informe señala a parapolicías y simpatizantes del régimen de desarrollar campañas de hostigamiento, intimidación y violencia hacia los opositores. Entre los afectados se menciona a expresos políticos, activistas, campesinos, líderes de grupos que luchan por la democracia y miembros del clero.
A los parapolicías también se les señala como responsables del asesinato de entre 20 y 30 campesinos opositores al partido gobernante. Estos crímenes habrían ocurrido entre octubre de 2018 y agosto de 2019. Y ninguno de ellos fue investigado ni se procesó a los autores.
Impunidad para infractores
Estos crímenes fueron comunes en las zonas norte, central y la Región Autónoma del Caribe Norte. En esas zonas, según defensores de derechos humanos se emprendió una escalada de terror, perpetrada por grupos de parapolicías que buscan acabar con la disidencia política.
El informe confirma también que hubo condiciones carcelarias severas y potencialmente mortales; prisioneros políticos; interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad. Y graves problemas con la independencia del poder judicial.
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Además, restricciones a la libre expresión y la prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal. Así como interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidos ataques contra la Iglesia Católica y sus representantes.
También se expone que el régimen no emprendió acciones para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos. Entre ellos el asesinato de al menos 325 personas y la desaparición de cientos, ocurridas durante el levantamiento popular de abril de 2018.
No han devuelto personería a ONG
En lugar de identificar a los responsables, según el informe, Daniel Ortega garantizó impunidad a los funcionarios leales a él que violaron los derechos humanos.
El reporte incluye entre las violaciones, la decisión del régimen de mantener suspendida la personería jurídica, y confiscados los bienes de nueve Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil, impidiéndoles operar.
Pese a que la ley prohíbe la tortura, los presos políticos han sido sometidos a maltrato físico y mental severo. También a tratos degradantes, incluida la violencia sexual, mientras estaban bajo custodia de los parapolícias, funcionarios penitenciarios, y agentes de de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.
“En su informe del 3 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) incluyó varios relatos de tortura, particularmente de manifestantes bajo custodia policial, en las cárceles La Modelo y La Esperanza ubicadas en Tipitapa".
Reporte sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos
También contra la libertad de expresión
El informe del Departamento de Estado, reconoce que a pesar de los esfuerzos del régimen por impedirlo, los medios de comunicación estuvieron activos, expresando una variedad de puntos de vista. Sin embargo, enfrentaron vandalismo, incautación de equipos, amenazas de ser procesados y algunos enfrentaron ataques cibernéticos.
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