El reto electoral en tiempos del Covid-19»
Foto Oswaldo Rivas
Lucydalia Baca Castellón
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En la práctica, quedan entre seis y nueve meses para que la oposición prepare su participación en un proceso electoral que debe tener reformas básicas pero claves; y en medio de una pandemia
A dos años del inicio de la Rebelión de Abril, la demanda de un cambio de gobierno sigue vigente. Especialmente porque es la única vía para garantizar justicia para las víctimas y el cese de la represión hacia los opositores.
Pero para lograr llegar a unas elecciones que den mínimas garantías de libertad y transparencia, la oposición no solo debe enfrentar a un régimen cuyo principal "argumento" ha sido la violencia, sino que se le está acabando el tiempo y para terminar de complicar las cosas, la humanidad enfrenta una pandemia.
Faltan 18 meses para noviembre de 2021, mes establecido por la Ley Electoral para elegir a las nuevas autoridades. Pero a ese periodo hay que restarle al menos nueve meses. Ya que según las normas, la convocatoria para el proceso debe realizarse con entre nueve y doce meses de antelación.
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Eso implica que en la práctica quedan entre seis y nueve meses para que la oposición prepare su participación en el proceso que requiere de reformas básicas pero claves para que tengan un mínimo de garantía de transparencia.
La Coalición Nacional, encabezada por la Alianza Cívica (AC) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) apenas avanzan en un tortuoso proceso de acomodamiento entre ellos y otras fuerzas políticas.
Y deben hallar la manera de que en ese plazo, el régimen se vea obligado a aprobar reformas que garanticen las condiciones mínimas para un proceso transparente y creíble. En diciembre pasado la AC y la UNAB presentaron una propuesta de reformas conjuntas, cuyos detalles puede leer aquí.
Régimen ignora compromisos
El problema es que en estos dos años de crisis, el régimen no solo ha ignorado la exigencia de adelantar las elecciones. También desconoció el compromiso asumido con la Organización de Estados Americanos (OEA) de implementar reformas profundas que le devuelvan la credibilidad al sistema electoral. Este surgió a partir del acuerdo firmado con la OEA después del proceso electoral del 2016.
El 28 de febrero venció la vigencia del memorándum de entendimiento firmado con la OEA para ejecutar dichas reformas. El régimen no mostró interés en renovarlo. Tampoco de hacer uso del apoyo técnico y jurídico ofrecido para impulsarlas.
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A la falta de voluntad del régimen Ortega-Murillo se han sumado los efectos de la pandemia del coronavirus. A nivel local e internacional, la crisis de salud pública ha obligado a poner en pausa y sin fecha de reanudación, la búsqueda de soluciones a los problemas políticos.
Algunos analistas consideran que estas son razones suficientes para suponer que Nicaragua acudirá a esa elección, bajo las mismas reglas y árbitros de los últimos procesos. Procesos en los que las evidencias de fraude han sido ampliamente documentadas. Pero otros especialistas consideran que se aprobarán cambios superficiales, que además beneficien a Ortega, que buscaría su tercera reelección continua.
Especialistas no ven indicios de que se aprueben reformas
Manuel Orozco, director de migración, remesas y desarrollo de Diálogo Interamericano, no percibe ninguna señal que indique que se concretarán las reformas necesarias. Recuerda que la respuesta del Estado a esta demanda siempre ha sido de negación.
Orozco admite que en su afán de minimizar el movimiento político surgido en 2018, el régimen respondió al anuncio de la formación de la Coalición Nacional haciendo pública la posibilidad de aprobar reformas cosméticas. Estas se ofrecieron como una muestra de voluntad del Estado y no como respuesta a las demandas de la Coalición.
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Para Orozco el escenario real de las elecciones será “sin garantías”. Entonces, la estrategia política tendrá que girar en torno a la defensa del voto en un contexto injusto. Y en términos prácticos con un vació de poder, donde habrá presión internacional para garantizar la participación de observadores internacionales.
“Frente al vacío de poder se ha venido generando una especie de anarquía dentro del orteguismo. Cada quien está asumiendo un rol dentro del uso privado de la represión para mantener su status quo... Entonces hay que medir muy bien el nivel de represión que se va enfrentar en ese proceso electoral imperfecto, porque la represión estará ahí”.
Manuel Orozco, director de migración, remesas y desarrollo de Diálogo Interamericano
Aún con la pandemia, el tema no se debe postergar
La ex-presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya tampoco ve indicios de que se aprueben las reformas. Y advierte que este tema no se puede postergar, porque el tiempo avanza y la falta de acción, conspira contra la participación en el proceso.
“Hace algunos meses se percibía mucho movimiento en torno a las propuestas de reformas. Pero ahora o no están haciendo nada o no lo están haciendo público, pero en realidad no se percibe ningún avance”, dice Zelaya.
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Considera que tomando todas las medidas de prevención y aprovechando los avances tecnológicos se debe seguir trabajando en torno a los cambios necesarios para garantizar un proceso creíble y trasparente.
“Para dar más tiempo, la convocatoria se puede hacer nueve meses antes, estamos hablando de febrero del próximo año. Hay tiempo pero ya se debería estar trabajando en esto. Porque esos acuerdos podrían ser muy fáciles si todos estuvieran viendo en una misma dirección. Pero sabemos que hay temas muy encontrados que van a inyectar complejidad a la negociación”.
Rosa Marina Zelaya, ex-presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE)
Reformas básicas deben aprobarse ya
Cuando se haga la convocatoria oficial del proceso, deben haberse elegido nuevos magistrados del CSE, capaces e imparciales. Que deberán conformar los Consejo Electorales Departamentales (CED) y Municipales (CEM).
También deben estar aprobadas las reformas a la Ley Electoral. Y estas deben consensuarse con los partidos políticos. Pero según los especialistas, también con la Alianza Cívica y otros movimientos sociales que han estado trabajando las propuestas.
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Para Orozco, “el movimiento político surgido dentro de la Alianza Cívica y la UNAB, es el que tiene la legítima representación de la voz de los nicaragüenses y no los partidos políticos”.
Las reformas profundas vendrán después
Por su parte el politólogo José Antonio Peraza está seguro que una vez superada la pandemia habrá reformas. Aunque no sean las que se requieren ni se sepa con quién las negociará el régimen. No obstante, advierte que si no interviene la OEA, las reformas no tendrán ningún impacto.
“El gran problema es que Daniel Ortega anda viendo cómo recompone su esquema para ver si puede ganar. O al menos perder de una manera en la que pueda enredar el proceso para quedarse con el control de la Asamblea Nacional”, señala Peraza.
Además, aclara que la oposición tendrá que conformarse con las reformas superficiales que apruebe Ortega. Ya que las reformas profundas que el país necesita, solo podrán concretarse cuando una agrupación política le gane la elección a Ortega y además logre una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional, que permita la aprobación de esas reformas.
Madurez de la oposición, o el diluvio
“Estratégicamente Daniel Ortega está perdido. Pero a menos que se muera antes del 2021, no hay manera de impedir que participe en las elecciones. Sin embargo, si gana esa elección será por los errores de la oposición no por sus aciertos. Entonces es ahí donde entra el grado de madurez de los actores políticos”.
José Antonio Peraza, politólogo
Zelaya por su parte, advierte que sin reglas claras y un organismo creíble las elecciones del 2021 hundirían a Nicaragua en un espiral de descrédito que terminaría de hundir en el abismo a la economía del país que ya está en recesión y frente al impacto de la pandemia del Covid-19
Las reformas básicas que se requieren
El politólogo José Antonio Peraza advierte que a pesar de ser reformas superficiales las que seguramente se aprobarán, hay condiciones fundamentales que deben respetarse y sin las cuales será mejor que la oposición no participe. Entre ellas el cambio de todas las estructuras del Poder Electoral, la revisión profunda del padrón electoral y la participación de observadores nacionales e internacionales. También la fiscalización libre del proceso, apertura a más participantes, posibilidad de que las alianzas elijan un nombre distinto al del partido que la encabeza y cambios profundos en el sistema informático para el conteo de los votos.
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