Ortega está atrapado en un “Catch-22”
Ramón J. Meneses
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La oposición tiene que luchar por elecciones libres y transparentes. Y lo único que puede hacer para garantizar su éxito ante cualquier movida que Ortega se vea forzado a hacer, es alcanzar la unidad
La ley del régimen Ortega-Murillo para inhibir las candidaturas de opositores no es una muestra de fortaleza, es un signo de debilidad. Es un acto más en el juego siniestro de Daniel Ortega para aparentar que gobierna. Busca, no solo sembrar el terror, sino también el caos, la confusión, la desesperanza y el derrotismo. Es una trampa para la oposición, que se va a revertir y regresar como bumerang a buscar a su autor.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que la pelota está en la cancha de Ortega:
- Debe cumplir los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019 y
- Debe aprobar las reformas, a más tardar en mayo del 2021, como plantea la resolución de la más reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA); y preparar las condiciones necesarias para que puedan realizarse elecciones libres y transparentes.
Todos los caminos llevan a Ortega a perder las elecciones
A estas alturas del juego, ya no hay nada que la oposición pueda negociar o dialogar con Ortega. Pero aunque solo él puede hacer movidas, cualquier cosa que haga llevará a su pérdida del poder. Si Ortega permite elecciones libres y transparentes, pierde. Si las hace con sus partidos zancudos, está frito. Y si las pospone, agudizará su condición de paria y su agonía.
Sin importar las consecuencias, Ortega sofocó la Rebelión de Abril a sangre y fuego. Y desde mediados del 2018, para ganar tiempo y asegurar sus bienes mal habidos, el dictador rechazó un “aterrizaje suave” y negociar elecciones anticipadas; también lo hizo porque consideró que tal acción sería una aceptación de derrota ante su militancia.
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Pero se ha visto forzado a afirmar en foros internacionales, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que las elecciones serán el 7 de noviembre de 2021. También lo ha aceptado a nivel interno. Ese es un hecho que ya no puede cambiar.
Como no quiere ni puede cumplir los acuerdos firmados con la Alianza Cívica; porque teme no poder controlar al pueblo si se vuelve a revelar la fuerza, resiliencia y determinación de la oposición Azul y Blanco. Entonces, el régimen ha recurrido a leyes represivas que fueron aprobadas de manera expedita en la Asamblea Nacional para enturbiar el panorama político y electoral.
Quiere evitar que oposición compita con candidato único
Dichas leyes son ahora reforzadas por la ridícula e inconstitucional “Ley de defensa del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, cuyo objetivo es inhibir a opositores, a quienes acusados de encabezar “un golpe de Estado”, alterar “el orden constitucional” o demandar y aplaudir “sanciones contra el Estado…y sus ciudadanos”. Con dicha ley quiere impedir que ellos opten “a cargos de elección popular” acusándolos de “traidores a la patria”. Su verdadero propósito es evitar que la oposición seleccione a un solo líder, que lo sacará del poder.
El dictador tiene claro que ahora no es necesario que alguien de apellido Barrios de Chamorro (viuda de Pedro Joaquín) se postule como candidata; porque hasta “Chico de los Palotes” lo derrota en elecciones libres y transparentes. Por eso impone esas leyes. Quiere alimentar el terror y sembrar desesperanza; para mantener a la oposición dividida y solidificar un sentimiento de impotencia en el pueblo. Busca repetir el escenario del 2016, inhibiendo a los verdaderos opositores, para salirse con las suyas.
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Con esas leyes (sobre Agentes Extranjeros/Ley Putin, Ciberdelitos/Ley Mordaza, prisión perpetua e inhibición de candidatos opositores), Ortega aprovechó el período de transición electoral en Estados Unidos para presentar a la entrante administración Biden un hecho consumado: un estado policial de facto, una tiranía que pisotea todos los derechos civiles y políticos, un régimen que no frena sus violaciones a los derechos humanos ni le importa continuar cometiendo crímenes de lesa humanidad—como torturar a prisioneros o meter y mantener arbitrariamente a presos políticos en la cárcel.
Antes de comenzar el proceso de discusión y aprobación de las reformas electorales, el régimen Ortega-Murillo quiere dejar claro a la oposición y a la comunidad internacional que su palabra y su firma de acuerdos no valen ni sirven para nada.
Solo podrá mantenerse en el poder si cubaniza Nicaragua
Las leyes previamente mencionadas no solo reafirman la voluntad de Ortega de no cumplir con los acuerdos firmados; son también un rechazo a la Constitución de la República y a los tratados internacionales sobre derechos políticos y civiles. Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 2 estipula que se debe respetar y garantizar a todos los individuos su derecho a la opinión política o de cualquier otra índole, sin distinción alguna.
El camino a la cubanización, como única vía para preservar el poder, es la opción que Ortega ha seleccionado. Solo está dispuesto a permitir elecciones fraudulentas y abrirse a un proceso que pueda manosear a su antojo. Tiene pavor de que se repita la historia del 25 de febrero de 1990.
Pero si lleva a cabo elecciones claramente fraudulentas, corre el riesgo de perder toda legitimidad y tranquilidad, porque se abrirían todas las vías para sacarlo del poder.
Lograr su propósito pasa primero por: evitar que la oposición se una para determinar si las condiciones y reformas que apruebe son suficientes o mínimas (como se les quiera llamar), para llevar a cabo elecciones libres y transparentes.
En segundo lugar, quiere que la oposición—o un sector de la misma—decida no participar en el proceso electoral antes de alcanzar un consenso con la comunidad internacional sobre la legitimidad o no de las elecciones.
Ortega seguirá fomentando la división
Tercero, continuará impulsando la fractura de la oposición para que, si decide participar en el proceso electoral, lo haga dividida en dos o tres bandos.
En todos los escenarios, crear zozobra, miedo y confusión entre el pueblo azul y blanco es uno de los objetivos constantes de la dictadura. Fortalecer la división. Por eso el incremento brutal de la represión y las recientes leyes que cierran el espacio político.
Sin embargo, no debemos ni podemos caer en la trampa de Ortega. Aunque concluyamos que el régimen solo está dispuesto a permitir elecciones amañadas o montar un circo a su favor, el proceso electoral es una oportunidad para deshacernos, de una vez por todas, del régimen Ortega-Murillo y su estructura represiva.
La oposición tiene que luchar por elecciones libres y transparentes. Y lo único que puede hacer para garantizar su éxito ante cualquier movida que Ortega se vea forzado a hacer, es alcanzar la unidad.
El régimen Ortega-Murillo, al optar por la violencia y la represión, se encerró en su propio “Catch-22”. No tiene salida, no tiene escape. “O la bebe o la derrama”.
¿Qué es el Catch-22?
El Catch-22 es un conjunto de circunstancias en las que un requisito, etc., depende de otro, que a su vez depende del primero. Es una situación paradójica en la que un individuo no puede escapar debido a reglas o limitaciones contradictorias. El término fue acuñado por Joseph Heller, quien lo usó en su novela “Catch-22” de 1961.
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