¿Debería ser obligatorio vacunarse contra la COVID-19?»
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Alfonso Rosales
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Antes de la pandemia algunos países ya obligaban a los trabajadores de la salud a vacunarse contra algunas enfermedades como la influenza
El 28 de septiembre de este año el gobierno de Costa Rica impuso la obligatoriedad de vacunarse contra la COVID-19 a todos los empleados públicos. De esta forma este país engrosa las filas de otras 21 naciones que han impuesto la vacunación obligatoria para ciertos segmentos poblacionales; y al mismo tiempo se convierte en el pionero en Latinoamérica con esta medida.
Promulgar una obligatoriedad en la aplicación de vacunas, no es nada nuevo. Otros países, entre ellos Estados Unidos, desde hace muchos años han discutido la imposición de vacunas; por ejemplo, contra la influenza, al menos entre el personal de salud.
Muchas organizaciones profesionales respaldan la propuesta de que los trabajadores de salud tienen la responsabilidad profesional y ética, de ayudar a prevenir la propagación de patógenos infecciosos. La Sociedad Americana de Epidemiologia, recomienda la vacunación anual contra la gripe como condición de empleo y privilegios profesionales para los trabajadores de salud.
La política del Colegio Médico Americano, sugiere que la vacunación contra la gripe sea obligatoria para todos los trabajadores de salud, a menos que exista una objeción médica o religiosa. En algunos estados de la unión americana, como Alabama, Colorado, y Nuevo Hampshire, la vacunación contra la influenza es obligatoria.
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¿Pero es ético y justo obligar a las personas a vacunarse?
La raíz del dilema ético que subyace a un mandato de vacunación, es el conflicto entre la ética de la salud pública y el derecho a la libertad y la autonomía individuales. Los argumentos utilitaristas a favor de los mandatos de vacunación afirman que el aumento de las tasas de inmunización supone un mayor bien para todos. Ya que implica vidas salvadas y evita la morbilidad.
Según este punto de vista, la obligatoriedad de la vacunación universal está moralmente justificada por sus consecuencias. Es decir, por la protección de la comunidad y la reducción de la transmisión del virus; ya que se traduce en menores tasas de infecciones, hospitalizaciones y muertes.
Los críticos del utilitarismo sostienen que se limita al "monismo de valores" o que la utilidad es el único "supervalor" fundamental; y que otros valores, entre ellos, la libertad individual, no tienen el mismo valor moral. Por el contrario, apelar al interés propio y a la libertad individual a través de sorteos y ofrecer un pago por la vacunación, es decir otorgar un incentivo, podría erosionar el sentido de solidaridad con la salud pública y la voluntad de asumir riesgos por el bien común.
"En lo personal y desde el punto de vista ético me subscribo. En casos pertinentes al mantenimiento de la salud pública, al mayor peso del colectivo sobre el derecho y libertad individual. Mi razón, en casos de enfermedades infecciosas que conllevan un serio riesgo a la supervivencia del género humano, un individuo que por razones libertarias o religiosas se niega a recibir la vacuna, se convierte en un riesgo grave para la salud del colectivo".
Alfonso Rosales, médico epidemiólogo
¿Pero cuáles son los beneficios y perjuicios de imponer una vacunación obligatoria contra la COVID-19?
- Beneficencia, no maleficencia: las instituciones de gobierno y sanitarias tienen la obligación legal y ética de garantizar un entorno seguro para los pacientes, el personal sanitario y los visitantes. La vacunación reduciría la transmisión viral. Por tanto, promovería la salud, mejoraría la seguridad de los pacientes y proporcionaría una sensación de seguridad.
- Justicia: las vacunas evitan las hospitalizaciones y pueden reducir la escasez de personal sanitario y proteger la capacidad del sistema sanitario. Esto mejoraría la justicia distributiva y permitiría cumplir las obligaciones con los enfermos y los vulnerables.
Sin embargo, cualquier medida compulsiva, conlleva desventajas. La administración de una vacuna requiere un consentimiento verbal e informado. Los mandatos eliminan el derecho al consentimiento informado o al rechazo del tratamiento. Un mandato sin exenciones atentaría contra la autonomía personal y probablemente tenga implicaciones para la privacidad y la confidencialidad.
Libertad, privacidad, y confidencialidad son derechos individuales fundamentales y su transgresión debería tomarse con extremo cuidado.
En repetidas ocasiones se ha evidenciado que algunos gobiernos han utilizado la pandemia de SARS-CoV-2 como excusa para implantar medidas que atentan contra los derechos ciudadanos. Sin embargo, hay eventos graves que obligan al colectivo a protegerse mediante medidas que se imponen sobre los derechos del individuo. Este es uno de esos eventos.
*El autor es médico epidemiólogo, salvadoreño radicado en Estados Unidos
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