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¿Se puede seguir dialogando con Daniel Ortega?»

¿Se puede seguir dialogando con Daniel Ortega?

Daniel Ortega mantiene militarizada la capital de Nicaragua para boicotear cualquier intento de manifestación ciudadana. Foto: Oswaldo Rivas

4to Mono

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Daniel Ortega dice que quiere negociar, que quiere reconciliación, pero insiste en reprimir, apresar y criminalizar las protestas cívicas de quienes piden cambio y exigen su salida

A pesar del escepticismo, división y críticas, las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica se han mantenido. De impasse en impasse, de pausa en pausa. Se habían mantenido. Pero los recientes acontecimientos, además de aumentar las dudas sobre el proceso, ponen a muchos pensar ¿cómo se puede dialogar con alguien que no quiere?

Repasemos los hechos que hacen cuestionar el compromiso de Ortega en la mesa de negociación con la Alianza Cívica:

Habla de reconciliación, pero insiste en reprimir

Este sábado 16 de marzo Managua fue sede de una cacería de manifestantes. Un intento de manifestación convocada por la Unidad Azul y Blanco hizo que la Policía desplegara desde tempranas horas a todas sus fuerzas para boicotear la marcha.

Una cantidad descomunal de oficiales fuertemente armados arrestó con lujo de violencia a todo aquel que intentara protestar o que simplemente portara una bandera de Nicaragua. Según una nota de prensa de la Policía 107 personas fueron detenidas en la capital, aunque la cifra real fue de 162 arrestos.

Además de las detenciones, hubo ataques de las fuerzas antimotines a concentraciones de manifestantes que se refugiaron en centros comerciales.

Los ataques contra los manifestantes fueron registrados por la población porque los periodistas de medios independientes nacionales y extranjeros que daban cobertura a la manifestación estaban acorralados por fuerzas policiales en el estacionamiento de un banco ubicado en Carretera a Masaya.

Dice no querer sanciones, pero las pide a gritos

Daniel Ortega retomó las negociaciones con diferentes sectores de la sociedad civil el 27 de febrero de 2019 ante el aislamiento internacional y la ola de sanciones que se le avecinan a él y a su círculo de poder. Abiertamente su delegación dejó claro que la prioridad eran frenar las sanciones. Pero no ha cesado las detenciones ilegales, represión y criminalización de las protestas, que fueron algunas de las causas por las cuales la comunidad internacional ha promovido sanciones contra su gobierno.

Promete, pero no cumple

La liberación de los más de 700 presos políticos ha sido una de las exigencias de la población que rechaza a Ortega y una de las condiciones de la Alianza Cívica en la mesa de negociación. Como muestra de “buena voluntad” para retomar las conversaciones el gobierno prometió liberar “una cantidad considerable de personas” este viernes 15 de marzo, pero en realidad sólo excarceló bajo el régimen de convivencia familiar o casa por cárcel a 50 presos políticos (entre hombres y mujeres).

Detiene a los participantes de la mesa de negociación

Entre los más de 100 manifestantes detenidos en Managua (el sábado 16 de marzo) se encuentran Max Jerez, Azahalea Solís y Sandra Ramos miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con quien el gobierno mantiene una mesa de negociación. A este ritmo ¿con quién va a terminar dialogando Daniel Ortega?

Ortega lleva las de perder

Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica y participante de la mesa de negociación con gran aprobación entre la población, aseguró a La Prensa que “es imposible volverse a sentar con Ortega si persiste en la violencia”.

El avance o fracaso de las negociaciones que el gobierno y la Alianza Cívica mantienen dependerá de que Daniel Ortega pase de los discursos de reconciliación a los hechos y demuestre verdadera voluntad para dialogar. Que libere a los presos políticos, que paren las detenciones ilegales, que deje a la gente marchar en paz.

Hasta ahora Ortega solo ha perdido. Aunque él crea que “gana batallas”, solo refuerza la imagen de violador de los derechos humanos y enemigo del Estado de Derecho que la comunidad internacional se ha hecho desde la represión al estallido social de abril de 2018

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