El tiempo juega a favor de la impunidad de Daniel Ortega»
Foto: Oswaldo Rivas
Ilich Buitrago Aguilar
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La mayoría de los nicaragüenses no querrán leer que, aún sin una amnistía y con los señalamientos de los organismos internacionales; Ortega tiene pocas posibilidades de enfrentar algún día la justicia.
Los tres meses que el régimen de Daniel Ortega "se dio" unilateralmente ─según admisión de uno de los titulares de la mesa de negociación de la Alianza Cívica (AC)─ para liberar a los presos políticos no es el único tiempo que la dictadura tiene a su favor.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos del 21 de marzo "insta al Gobierno a que garantice un proceso de rendición de cuentas exhaustivo y transparente a fin de asegurar que las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua puedan acceder a la justicia y a la reparación, y que todos los autores rindan cuentas de sus actos".
Pero entre la declaración y el hecho hay un largo camino. Si es que alguna vez se llega.
Un sistema que no puede garantizar justicia
Para comenzar, hay nulas esperanzas de que este gobierno tenga la voluntad de garantizar "un proceso de rendición de cuentas". Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), está clara que el sistema judicial nicaragüense ha dado sobradas muestras de no tener capacidad para impartir justicia.
Núñez explica que el sistema judicial tiene que pasar primero por muchos cambios para que logre completamente su independencia.
“El sistema judicial de Nicaragua no solo ha dejado de cumplir con su compromiso de hacer justicia, de investigar adecuadamente, sino que ha sido actor directo de la represión por la forma cómo ha juzgado el actual sistema jurídico, también el trato cruel y degradante que les da a los reos”.
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.
Un ejemplo claro del trato cruel y degradante contra los reos políticos que habla Núñez es la absurda e ilegal condena a 216 años contra el líder campesino Medardo Mairena. La legislación nicaragüense establece que la pena máxima es de 30 años.
La "independencia" del magistrado
En cuanto a la falta de independencia del poder judicial, solo basta con la presencia del magistrado Francisco Rosales en la delegación del régimen de Daniel Ortega en la Mesa de Negociación para entender lo poco que se puede esperar del sistema de justicia del régimen.
Eso sin contar que fue el mismo Rosales quien defendió al partido Frente Sandinista en República Dominicana durante el congreso de la Internacional Socialista en enero, cuando el FSLN fue expulsado precisamente por estar señalado de haber cometido delitos de lesa humanidad.
Si bien en escasas dos semanas se le vence el plazo a los 16 magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el tema de justicia está en la agenda de la AC, ésta ha demostrado poca capacidad para presionar al régimen en temas fundamentales. Pensar en que la AC podría lograr una CSJ independiente en esta Mesa de Negociaciones, está fuera de toda realidad.
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¿Y la justicia internacional?
Quizá antes esa realidad es que la directora para las Américas del organismo Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, en el comunicado en el que reacciona a la resolución del Consejo hace énfasis en la fiscalización internacional. Aunque describe la resolución como "un primer paso".
Para Guevara Rosas, Naciones Unidas "se ha negado a aceptar la impunidad por los delitos contemplados en el derecho internacional y las violaciones graves de los derechos humanos" en Nicaragua.
Ella conoce de las graves violaciones que se han cometido en el país. Guevara Rosas estaba en Managua el 28 de mayo, fue testigo ocular y transmitió el ataque de la policía del régimen contra los estudiantes en la Universidad de Ingeniería.
"Al establecer el monitoreo y la información sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha negado a aceptar la impunidad por los delitos contemplados en el derecho internacional y las violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Este es un primer paso vital hacia la justicia, que envía un mensaje importante de apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, para que la comunidad internacional no las olvide”, dijo Guevara Rosas.
¿Es suficiente que el mundo esté vigilante?
Y es precisamente en que la comunidad internacional no olvide a Nicaragua en lo que coinciden Núñez y también Amerigo Incalcaterra, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); pues consideran que lo que le está quedando a los nicaragüenses para alcanzar justicia ante los abusos del régimen serían las instancias internacionales.
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“El GIEI ha hecho un excelente trabajo ha puesto sobre la mesa en su informe todos los elementos del por qué todo lo que ha hecho Daniel Ortega en el país configura la comisión de delitos de lesa humanidad... van a ser las pruebas fundamentales para que tribunales de justicia internacional condenen a Daniel Ortega y su esposa, y a todos los responsables de estas violaciones y crímenes de lesa humanidad posteriormente”, explica Núñez.
Es por eso, sin duda, que la representante de Amnistía Internacional exhortó a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos a ser "firme en su presentación de informes sobre la actual crisis de derechos humanos".
Sin embargo, los nicaragüenses deben estar claros que la justicia internacional es lenta. Para muestra un botón: El general libio Khalifa Haftar, líder de uno de los muchas facciones armadas que pululan actualmente en la desintegrada Libia, fue acusado el 18 de abril de 2018 en París por crímenes de lesa humanidad ocurridos en 2014. La acusación se pudo introducir porque Haftar se encontraba en Francia por motivos de salud. Al conocer de esa y de una segunda acusación, Haftar regresó a Libia. Y hasta ahí.
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