Para que los nicaragüenses puedan volver a las urnas debe haber cambios profundos que le devuelvan la confianza en el sistema electoral. Foto: Oswaldo Rivas
Realizar un adelanto de elecciones y no esperar hasta 2021 sí es posible, pese a que el orteguismo habla de dos grandes impedimentos –uno jurídico y uno político–.
El argumento jurídico por parte del oficialismo es que el adelanto de elecciones “es una ruptura constitucional”. Sin embargo, la Constitución puede ser reformada para dar pauta al adelanto de elecciones.
Mientras que el argumento político señala que adelantar los comicios presidenciales es sentar una mal precedente.
Sobre el argumento político el constitucionalista Gabriel Álvarez, señala que cuando ocurren hechos de violencia de un gobierno hacia sus ciudadanos como la represión del régimen en que resultaron cientos de muertos, presos políticos y la preocupación de la comunidad internacional lo más sensato sería el adelanto de elecciones.
“Las dos (argumentos) constituyen una falacia gigantesca. En primer lugar, no es un precedente ni un capricho de nadie acortar el periodo de ningún presidente… 500 asesinados, miles de presos, miles de desaparecidos o decenas de miles de exiliados es una hecatombe donde sería razonable acortar el periodo para recomponer la racionalidad jurídico-política”.
Gabriel Álvarez, experto constitucionalista.
“El gobierno debe asumir, como mínimo, la responsabilidad política y eventualmente la responsabilidad jurídica que corresponde”, afirma Álvarez.
El argumento del oficialismo sobre que el adelanto de elecciones es violatorio a la Constitución para Álvarez “es una manipulación burda y un poco superficial”.
Álvarez explica que la Constitución y la Ley Electoral señalan los periodos, los plazos y los mecanismos para la elección de presidente y vicepresidente, y que en efecto en la actualidad no está previsto convocar elecciones antes de 2021.
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Sin embargo, de conformidad con las leyes también se pueden hacer las reformas que permitan de manera legítima y legalmente adelantar las elecciones.
“Eso lo sabe perfectamente el canciller (Denis) Moncada, lo sabe perfectamente el presidente (Daniel) Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo”, refuta.
Así podría ser el proceso:
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Es una lástima que profesionales reconocidos se encierren en posiciones insostenibles. Si es necesario cambiar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional y la Constitución, pues el gobierno tiene razón... en ese momento es inconstitucional la petición. Pero cuando se les presenta una propuesta que sí es perfectamente constitucional como la del referendo, que no requiere de ninguna modificación a ninguna ley y es perfectamente negociable, la apartan de un manotazo. Por eso no avanzamos.