Anular juicios a presos políticos no es la solución»
Ilich Buitrago Aguilar
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Jurista advierte que en los juicios en contra de los presos políticos del régimen de Ortega estos deben ser absueltos de sus cargos, no anularse los procesos y explica por qué.
El régimen de Daniel Ortega procederá a la liberación de los presos políticos, sin embargo el abogado y experto constitucionalista Gabriel Álvarez hace la advertencia de que los acusados deben ser absueltos, pues si los juicios son anulados queda abierta la posibilidad de iniciar procesos en el futuro.
Hasta el momento la mayoría de los excarcelados están bajo el régimen de casa por cárcel; mientras que en prisión hay tres tipos de presos políticos: un grupo al que ni siquiera se les ha iniciado procesos, esos están prácticamente secuestrados; otros tienen un juicio abierto, y hay un tercer grupo que ya ha sido condenado a exageradas penas de hasta 216 años, como es el caso del líder campesino Medardo Mairena.
¿Por qué absueltos y no juicios anulados?
En caso que los procesos fuesen simplemente anulados, Álvarez explica que no es ninguna garantía jurídica para los presos políticos, porque “cuando un juez o un órgano judicial anula un proceso, eso no excluye la posibilidad de volver a abrirle ese proceso”.
“Si se anulan los procesos ahorita nada impide que en los próximos meses o años se les vuelvan a abrir procesos a los presos políticos. E incluso, pueden abrírselos respetando las garantías, en vez de tenerlos secuestrados un mes, dos meses, tres meses, puede ser que los envíen al juez, antes de las 48 horas que le den chance a sus abogados y etcétera, y se va a aparentar respetar las garantías procesales, y al final los condenan”, señala.
“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de la personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad, así como a la regulación de la situación jurídica de las mismas… las medidas y procedimientos jurídicos necesarios para lo anterior serán discutidos en la mesa de negociación”.
Acuerdo firmado en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen orteguista.
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Deben ser declarados inocentes
¿Cómo se debe preceder para que los casos queden en realidad cerrados? Álvarez explica que la solución debe ser en cada caso una resolución judicial que pase por autoridad de cosa juzgada formal y material que determine la inocencia, es decir la no culpabilidad.
“Cuando una resolución judicial pasa por autoridad de cosa juzgada formal y material ya no se le puede volver a abrir ese proceso. Cuando un proceso se declara nulo se le puede volver a abrir un proceso”, argumenta y señala la diferencia de ambos casos.
¿Cómo se hace eso?
A las personas que están detenidas y que no se les ha abierto un proceso hay que liberarlas sin mayor trámite. “Si no están en ningún proceso no hay nada que discutir, es una mera disposición administrativa, una mera disposición, incluso, material de la policía decir ‘liberen a estos secuestrados’”, arguye.
En el caso de los que están procesados y no están condenados se les debe de absolver mediante una sentencia. Es decir emitir una sentencia de que asegura que la persona es inocente de los cargos imputados por la Fiscalía, lo cual sí les da garantías en el futuro.
“Y los que están condenados debe absolverlas en un recurso de apelación. Se le absuelve, se les declara inocentes”, explica.
¿Y si hay presos políticos que cometieron delitos?
Álvarez indica, que "puede haber casos donde haya pruebas razonablemente objetivas de que haya existido algún delito", en estos casos sí los procesos hay que anularlos –porque en todos estos procesos han sido violando las garantías– y luego iniciarles un nuevo proceso respetando todas las garantías.
“Eso (el tratamiento diferenciado según cada situación) es lo que debe plantear una verdadera protección jurídica a estas personas. No se pueden dejar en manos de un Poder Judicial todavía no saneado o de un Ministerio Público todavía sometido a la voluntad política de Ortega y de Murillo, con una mera anulación de proceso. Eso lo pueden abrir de nuevo en cualquier momento”, insiste el jurista.
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Desde el punto de vista técnico-legal es correcto, a mi parecer, lo expuesto por el Dr. Alvarez.
Totalmente de acuerdo con el Dr Gabriel Álvarez , se debe absolver a los que fueron injustamente condenados mediante procesos arreglados con pruebas falsas, poner en libertad a los secuestrados por detenciones ilegales y pues debe administrarse justicia con las debidas garantías constitucionales a los que cometieron delitos pero estoy de acuerdo que debe sanearse el poder judicial y el Ministerio público.