Avanza Ley Renacer que pide elecciones libres en Nicaragua»
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Lucydalia Baca Castellón
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Senadores de Estados Unidos promueven iniciativa con la que pretenden forzar a Ortega a crear las condiciones para que se realicen elecciones libres y transparentes; de no hacerlo podrían haber consecuencias, entre ellas la suspensión de Nicaragua del DR-Cafta
Mientras en Nicaragua una nueva escalada represiva ha dejado unos veinte nuevos prisioneros políticos entre precandidatos presidenciales y líderes políticos, sociales y empresariales ─que se suman a los casi 130 que ya existían─ el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, aprobó la iniciativa de Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer por su sigla en inglés).
Con ella, Estados Unidos pretenden incrementa las presiones para frenar las violaciones a los derechos humanos y la corrupción cometida por Daniel Ortega y los integrantes de su círculo cercano. Así como la investigación de las inversiones que ha realizado el Ejército de Nicaragua en Estados Unidos. Las acciones que se emprendan en el marco de esta iniciativa de ley se realizaran en coordinación con Canadá y los países de la Unión Europea.
Tras su aprobación el Senado informó que el proyecto de ley exige que el Poder Ejecutivo revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (conocido como DR-CAFTA). Además, requiere más informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua; y una revisión de las ventas de armas rusas a Nicaragua para posibles sanciones bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (CAATSA).
Sin embargo, para convertirse en ley y lograr su objetivo la iniciativa realizará un recorrido que debe concluir en el escritorio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden para ser ratificada.
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A votación en el plenario del Senado y luego al Congreso
Pero antes de llegar a la Casa Blanca, debe ser aprobada por el plenario del Senado; luego pasará a la Cámara de Representantes donde se votará para aprobarla; y si además de aprobarla le realizan algún cambio debe volver al Senado. Si no sufre cambios, de la Cámara pasará a la Casa Blanca para ser ratificada por el presidente Biden.
La iniciativa cuenta con el respaldo de demócratas y republicanos; por tanto, se presume que podría ser aprobada en un proceso expedito que dure unas pocas semanas. Sin embargo, no existe ninguna certeza de que eso ocurra; y queda latente la posibilidad de que su aprobación tome meses.
“La Ley Renacer proporcionará a la administración Biden las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis electoral fuera de control de Nicaragua; y con suerte permitirá a los nicaragüenses hacer que su país vuelva a la democracia y el Estado de derecho”.
Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado
Según el senador demócrata Bob Menéndez, la aprobación de la iniciativa es un mensaje “alto y claro” del Senado. Anuncia las consecuencias que provocarán “quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense la oportunidad de ejercer su derecho democrático más fundamental a elecciones libres y justas”.
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Que Nicaragua tenga elecciones libres y transparentes
Para Menéndez la desesperación de Daniel Ortega por permanecer en el poder le ha costado la poca legitimidad que le quedaba ante la comunidad internacional.
Según detalle publicado por el Senado la iniciativa de Ley Renacer “requiere que el Poder Ejecutivo alinee la diplomacia estadounidense y las sanciones específicas existentes para impulsar las elecciones democráticas en Nicaragua"; además, "incluye nuevas iniciativas para abordar la corrupción, los abusos contra los derechos humanos y la restricción de la libertad de prensa”.
La propuesta de Ley Renacer contempla:
- Expandir la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua; y reafirmar la exención legal existente para proyectos humanitarios.
- Alinear la diplomacia estadounidense y las sanciones selectivas para promover elecciones democráticas; incluyendo una revisión de ciertos nicaragüenses que han desmantelado la posibilidad de tener elecciones libres, justas y transparentes.
- Urgir a que la Administración Biden examine la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (conocido como DR-Cafta).
- Requerir la coordinación de sanciones con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea.
- Agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción.
- Requerir informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno del presidente Ortega y su familia, al igual que las actividades rusas en Nicaragua.
- Requiere la presentación de informes sobre las ventas militares rusas a Nicaragua; y revisar posibles acciones que puedan ser sancionables bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (Caatsa por su sigla en inglés).
- Requerir informes sobre los abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.
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Investigar inversiones del Ejército
Según el senador republicano Marco Rubio el “proyecto de ley bipartidista requiere sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega; y una investigación completa sobre el dinero que las Fuerzas Armadas de Nicaragua han invertido en Estados Unidos”.
Y añadió, "ahora que el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado aprobó nuestro proyecto de ley, trabajaremos para que sea aprobado en el pleno del Senado lo antes posible".
Por su parte el senador demócrata Dick Durbin, celebró el avance del proyecto de ley bipartidista, que condena las acciones de Ortega y los graves abusos a los derechos humanos perpetrados por funcionarios del gobierno.
“Debemos utilizar los recursos de los Estados Unidos, incluidas las sanciones, para ver la liberación de todos los presos políticos, incluidos los candidatos de la oposición; y ayudar a resolver la crisis política en Nicaragua con unas elecciones creíbles y democráticas”.
Dick Durbin, senador demócrata
Lista de presos políticos sigue creciendo
Desde hace más de un año alrededor de 130 opositores guardan prisión; pero a finales de mayo se sumaron a la lista Marco Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Luego, los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; el exdiputado liberal y excanciller José Pallaís.
También las dirigentes políticas Violeta Granera, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Suyen Barahona; Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro; el gerente general de Banpro, Luis Rivas; la excomandante guerrillera Dora María Téllez; el general de brigada en retiro Hugo Torres; el vicecanciller Víctor Hugo Tinoco; el periodista Miguel Mendoza; y la exdiputada y exprimera dama María Fernanda Flores de Alemán.
Cristiana Chamorro y María Fernanda Flores de Alemán guardan prisión bajo el régimen de casa por cárcel; y el precandidato Arturo Cruz se reunió una vez con su abogado que pudo constatar que permanece en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocidas como nuevo Chipote. Pero los familiares de los otros 17 prisioneros los han declarado como desaparecidos; ya que han sido capturados sin ordenes de arresto y sus familias no han podido verlos para constatar las condiciones de su arresto.
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