¿Ayudará a Nicaragua la tortuguezca diplomacia de la OEA?»
La pandemia del Covid-19 ha agudizado el "tortuguezco" paso diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA) / Foto: Juan Manuel Herrera / OEA
Avil Ramírez
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, le ha vuelto a sacar la Carta Democrática a Ortega. La dictadura ha visto con desdén al organismo hasta ahora, pero tras más de 800 días de crisis y sanciones está por verse quién parpadea.
La diplomacia desespera. Hace 552 días, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que “se vería obligado a pensar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana” en Nicaragua. A los pocos días de aquella ya lejana declaración, el secretario de asuntos legales de la misma institución, Jean Michel Arrighi aclaró que su posible aplicación “no generaría intervención militar. Tampoco intervencionismo y mucho menos una salida inmediata del gobierno nicaragüense”.
Arrighi explicó los objetivos de la Carta Democrática Interamericana, aprobada hace casi 19 años. “(El objetivo) es evitar la violación de derechos humanos, promover el respeto de la libertad de expresión, la separación de poderes, la libertad de circulación, el debido proceso, la no existencia de tortura, la no existencia de presos políticos y erradicar aquellas situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la paz de los países de la región”.
La razón de la Carta Democrática Interamericana
¿Qué es y para qué sirve la Carta Democrática? Era el 11 de septiembre de 2001. En casi todo el mundo la televisión transmitía en vivo el momento en que dos aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas en Nueva York. Pero en Lima, Perú, se desarrollaba la Asamblea General de la OEA y los cancilleres de la región preparaban la Carta Democrática Interamericana.
Para redactarla, se inspiraron en un considerando aprobado por los Jefes de Estado durante la III Cumbre de las Américas celebrada en Quebec, Canadá. Este ordenaba establecer un mecanismo de acción colectiva, para responder en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático. O del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización.
Se suponía que el documento materializaría una antigua aspiración del continente. Contar con un instrumento jurídico que permitiera defender colectivamente la democracia. Además, en sus 28 artículos recogió también muchas buenas ideas y deseos.
Habían pasado 53 años desde el nacimiento de la OEA en Bogotá, Colombia. Y con la aprobación de la Carta, las frágiles democracias latinoamericanas creyeron que al fin contaban con el instrumento jurídico internacional que garantizaría el ejercicio de la democracia y el respeto de los derechos humanos.
El pijamazo, y el infortunado debut de la Carta Democrática
Una de las primeras oportunidades que la OEA tuvo para aplicarla, fue cuando en Honduras los militares interrumpieron el sueño del presidente Manuel Zelaya. Él quiso colocar una cuarta urna en las elecciones para someter a consulta una reforma constitucional que le permitiera reelegirse. La reelección no era permitida por la Constitución.
Pese a la prohibición del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y el rechazo del Congreso Nacional, Zelaya ordenó al jefe del Estado Mayor del Ejército trasladar las urnas a los centros de votación. Al negarse lo destituyó. Eso provocó la renuncia de los jefes de la armada y la fuerza aérea. Y en la madrugada, en lugar de llevar la urna, los militares lo trasladaron a él –en pijama--, a San José, Costa Rica.
La OEA calificó lo ocurrido como un golpe de Estado. Y en cuestión de días, con el voto de 33 países, aplicó la Carta y expulsó temporalmente a Honduras de ese foro. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que le otorgaban. Y a eso se sumó el retiro en bloque, de todos los embajadores de países miembros de la Unión Europea.
El Congreso designó a Roberto Micheletti como presidente interino para completar los seis meses que faltaban del periodo de Zelaya. Se celebraron elecciones y Porfirio Lobo, del partido Nacional, asumió la presidencia.
En síntesis: la suspensión de la OEA y las medidas adoptadas por la violación a la Carta Democrática, no tuvieron el más mínimo efecto. Más que una simple sanción moral y unos cuantos meses sin desembolso de préstamos.
El largo camino del régimen de Ortega en la OEA
Días antes de finalizar el 2018 y con 328 asesinatos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sugirió la aplicación de la Carta Democrática al Estado de Nicaragua. Y el pasado 24 de junio de 2020, año y medio después, Almagro presentó un contundente informe. Con este confirmó la alteración del orden constitucional de parte del régimen de Daniel Ortega.
El informe fue respaldado por Estados Unidos, Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Y se prevé que permitirá convocar una Asamblea General Extraordinaria, donde se presente el caso de Nicaragua ante los cancilleres. Esta sería la segunda vez que se hace.
Desde el inicio de la crisis Nicaragua ya fue protagonista de una Asamblea General, en Medellín, Colombia, el 28 de junio de 2019. Ahí los cancilleres instruyeron a la organización otorgar a una Comisión de Alto Nivel, 75 días para presentar un informe. Este sería aparte del que ya había presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el país.
En los 75 días, el régimen debía mostrar voluntad de diálogo. También conformar comisiones ad hoc, permitir el reingreso de los organismos de derechos humanos y ofrecer sus buenos oficios. Esa comisión cumplió un año esta semana, nunca pudo entrar al país y todo sigue igual o peor. Pero al concluir ese periodo, la comisión presentó su informe y lo puede leer aquí.
El siguiente paso es la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Esto conlleva la suspensión del Estado de Nicaragua de ese foro y de los préstamos del BID y del BM. O sea, lo mismo que se le aplicó a Honduras en cuestión de horas en 2009, y que allá no tuvo efecto alguno.
Algo que no se puede dejar de señalar, es que desde hace varios meses los organismos financieros internacionales, han suspendido el desembolso de fondos al régimen de Ortega. Eso ha sido provocado por las presiones de Estados Unidos a través de la Nica Act. Y el progresivo aislamiento internacional en que ha quedado el régimen por la sangrienta represión a la Rebelión de Abril.
La idea es desembocar en elecciones libres
De convocarse una Asamblea General Extraordinaria y en caso que se decida someter a votación la suspensión del país de la organización, para que reciba “fuerte sanciones”, se requiere el voto de 24 de los 34 países miembros.
Pero ¿qué sanciones se pueden aplicar? ¿Van a ser éstas efectivas? Por lo visto hasta ahora, luce muy improbable que estas sanciones por sí solas obliguen al régimen a reanudar el diálogo. O a cumplir las demandas que deriven en un proceso electoral transparente, inclusivo, observado y legítimo.
Sin embargo, el sub secretario de Estado Michael Kozak ha dicho que Estados Unidos está trabajando con la OEA para garantizar las reformas electorales necesarias, que garanticen elecciones libres y transparentes. Algo están trabajando.
Muchos especialistas coinciden en que han sido más efectivas las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos y Europa (no solo la Unión Europea); y que han alcanzado a vicepresidenta Rosario Murillo, a algunos de sus hijos, a colaboradores cercanos y a otros funcionarios del régimen.
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El "juego de sillas" en el hemisferio y los 24 votos en la OEA
La crisis sociopolítica de Nicaragua inició en abril de 2018. Y desde entonces mucho ha cambiado en el hemisferio por el continuo "juego de sillas" provocado por los cambios de gobiernos. Desde que la crisis de Nicaragua llegó a la OEA, entre 19 y 21 Estados han apoyado diversas resoluciones en contra del régimen. Pero no hay que olvidar que el número mágico es 24.
Al grupo mínimo de países que ha condenado a Ortega en la OEA deberán sumarse tres votos. El de Bolivia que se liberó de Evo Morales en noviembre del año pasado. El del representante de Juan Guaidó que se sienta por Venezuela. Además, el de Suriname que en agosto tendrá un nuevo presidente. Un político de derecha y anti ALBA que fue elegido en las legislativas de finales de mayo pasado.
Ahora la incógnita la representan México y Argentina. Desde la elección de nuevos gobernantes esos dos países han votado a favor de Ortega en la OEA; por eso el voto en su contra pasó de 21 a 19. Pero hace pocos días en Ginebra, ambos países sorprendieron. Ya que sumaron sus votos a la condena por las violaciones a los derechos humanos cometidos por Ortega, emitida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Si hubiera lógica en la diplomacia de ambos países, todo indicaría que Ortega se quedará cada vez más solo. Y que hay posibilidad de alcanzar los 24 votos. En una posible votación, Ortega lograría un máximo de tres votos a favor: San Vicente & las Granadinas, San Cristóbal & Nieves y su propio voto.
Las próximas semanas son clave ¿ya vienen las reformas?
En este momento la moneda está en el aire sobre lo que pueda suceder. Si todo dependiera de la OEA, la ineficacia de lo ocurrido en Honduras, hace dudar que algo extraordinario ocurriría en Nicaragua. Además, tras 26 meses de crisis el régimen ha cedido poco.
Sin embargo, Nicaragua lleva más de 800 días en crisis y ahora también está sometida a los embates de la pandemia. El régimen se encuentra con las arcas vacías. No puede obtener recursos de los organismos financieros internacionales. Además, la economía está exhausta, ya no se le puede sacar más.
Quizá ante esta situación el régimen decida comprar tiempo y acceder a algunas reformas electorales, que sin duda serán mínimas pero podrían ser la oportunidad de la democracia. La clave está en no conformarse con muy poco. Ya se rumora que "después del 19 de julio" el régimen arrancará el proceso de reformas electorales. La pregunta es ¿qué tan profundas serán?
Tal vez como complemento a otras presiones, en estas circunstancias la Carta Democrática sí pueda funcionar. Lo de Honduras fue un "sprint" de 100 metros, lo de Nicaragua ha sido una maratón y Ortega se está quedando sin aire.
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