Comisión de Alto Nivel constata rompimiento del orden constitucional

Mientras en Nicaragua el régimen Ortega-Murillo desata una nueva escalada represiva con acciones más radicales en contra de los opositores y algunos dirigentes de la iglesia católica, en Washington la Comisión de Alto Nivel que formó la OEA para buscar una salida a la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, determinó que en el país hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, dejándolo expuesto a un sin número de sanciones bilaterales y multilaterales, incluida la posibilidad de una suspensión del organismo.

“La Comisión opina que la grave y continua violación de derechos humanos, así como el abuso de poder por el Gobierno de Nicaragua contravienen su propia Constitución de 1987, lo que da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”, dice el informe de la Comisión de Alto Nivel formada por mandato de la Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar una salida diplomática a la crisis.

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De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, la ruptura del orden democrático es motivo para que Nicaragua pierda el “ejercicio de su derecho de participación en la OEA”. Sin embargo, esto depende del voto de dos tercios (24) de los 35 países miembros y de no lograrse, hay quienes han sugerido que la organización podría desconocer el resultado del proceso electoral previsto para 2021.

Los elementos de una solución pacífica del conflicto

La Comisión de Alto Nivel advierte que cualquier solución “pacífica” a la crisis debe incluir:

• El cese a la represión
• La restauración de los derechos ciudadanos
• La reanudación de las negociaciones a través del diálogo
• El regreso de los organismos internacionales de derechos humanos y
• La creación de las condiciones necesarias para garantizar un proceso electoral libre y transparente

Es más, en sus conclusiones, la Comisión amplía en el tema electoral y dice con toda claridad: "Para el restablecimiento del sistema democrático en el país resultan imprescindibles y urgentes las reformas institucionales, comenzando por una reforma integral del sistema electoral que permita la celebración de elecciones justas, libres y transparentes"

Comisión de Alto Nivel constató ruptura

Según Velásquez a partir de ahora queda a discreción de cada uno de los países miembros de la OEA el establecimiento de sanciones bilaterales a Nicaragua. “Además,  la OEA realizará gestiones ante organismos internacionales multilaterales para tratar de aislar al gobierno infractor de Ortega”.

Para el especialista en derecho constitucional, Gabriel Álvarez, la Comisión hizo un análisis muy prolijo de cada uno de los elementos que contribuyen a la democracia representativa, con respeto a la división de poderes, respeto a los derechos, régimen de partidos políticos y otros que han sido violentados, no desde el 18 de abril sino desde mucho antes, por lo que no deja espacio para que se diga que esta es una resolución política.

“El 18 de abril lo que se sumó a todas las violaciones a conceptos fundamentales de la democracia contemporánea, fue una masacre y una lista de delitos de lesa humanidad por lo que la Comisión le recomienda al Consejo Permanente que haga suyas sus conclusiones de que en Nicaragua se gobierna bajo absoluta omisión y desprecio de los preceptos constitucionales que llevan a una violación sistemática de los derechos fundamentales y a una concentración abusiva del poder político”

Gabriel Álvarez, especialista en derecho constitucional

Ortega impidió ingreso de la Comisión

La Comisión de cinco miembros integrada por representantes de Argentina, Canadá, Jamaica, Paraguay y Estados Unidos, contaba con un plazo de 75 días para emitir un informe. Intentó visitar el país en septiembre pasado para reunirse con representantes de diversas organizaciones y actores de la sociedad nicaragüense, pero Daniel Ortega le negó el ingreso.

Ante esta prohibición la agenda de encuentros se realizó en dos fases, en septiembre en Washington y en octubre en El Salvador. En dichos encuentros recogieron testimonios de representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, defensores de derechos de las comunidades indígenas y de la Costa Caribe, expertos electorales, familiares de víctimas y presos políticos, representantes de partidos políticos y dirigentes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Teniendo en cuenta que el gobierno se negó a colaborar con la Comisión y que tampoco ha dado muestras de querer retomar las negociaciones a través del diálogo ni de restaurar el respeto a los derechos humanos y la democracia, la comisión considera que sus gestiones fueron infructuosas.

Pide convocar período extraordinario de sesiones

Es por ello que en el marco de lo establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la Comisión de Alto Nivel recomienda al Consejo Permanente declarar que “hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.

Y recomienda "que se convoque inmediatamente un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA para examinar esta cuestión”.

Entre las medidas que podría tomar está la que establece el artículo 21 de la Carta Democrática de suspender al país de la organización. "Sin embargo, también abre puertas a más sanciones bilaterales y multilaterales”, explica José Luis Velásquez, ex-embajador de Nicaragua en la OEA.

Entre los organismos ante los que se podría realizar gestiones están el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  y el Banco Mundial que actualmente figuran entre los pocos financiadores externos con los que aún cuenta Ortega.  

Pero hay una realidad política convulsionada en la región

El informe presentado por la Comisión de Alto Nivel debe ser aprobado por el Consejo Permanente y luego por la Secretaria General, para que luego esta llame a los gobiernos de los países miembros para convocar el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Pero debido al cambio en la correlación de fuerzas que se ha registrado últimamente en la región y a las diversas crisis que se enfrentan, Velásquez considera que no será fácil lograr los 24 votos, ya que “esto ocurre dentro del marco de un orden internacional donde la crisis de Nicaragua ha perdido vigencia debido a que los acontecimientos que sacuden a la región han sobrecargado a los mecanismos de resolución de conflictos”.

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Sin desmeritar la importancia que tiene que se consigan los 24 votos para la suspensión de Nicaragua de la OEA, Álvarez considera que el solo hecho de que la Comisión eleve este informe al Consejo Permanente, es un golpe muy certero en contra de la gestión política y gobernativa de Ortega, que no da señales de querer recuperar la gobernabilidad.  

La ruta para solucionar la crisis

La Comisión de Alto Nivel determinó que la ruta para una solución pacífica a la crisis que concluiría en la celebración de elecciones libres y transparentes debe incluir:

• El cese a la represión
• La restauración del respeto a los derechos humanos
• Respeto a las libertades de expresión, de reunión y de prensa
• Así como un “esfuerzo sincero” de todas las partes involucradas para volver a la mesa de diálogo.

A finales de marzo, durante la segunda fase del diálogo nacional, la representación del régimen y de la Alianza Cívica firmaron un acuerdo en el que el régimen se comprometía a respetar una serie de derechos políticos, sociales y económicos, la mayoría de ellos establecidos en la Constitución Política y otras leyes.

Pero ante el incumplimiento por parte del régimen y el asesinato del preso político Eddy Montes, en la cárcel modelo de Tipitapa, la negociación fue suspendida en mayo pasado y cancelada definitivamente por Ortega el 19 de julio.

Falta de libertades es grave

Según la Comisión, “la falta de libertades en el país es grave, pues genera una situación crítica en lo que respecta a las libertades civiles y políticas, que deben ser restablecidas a fin de restablecer el Estado de derecho”, por lo que insta al Estado a restablecer las libertades civiles y políticas cercenadas, particularmente  la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y el derecho a protestar.

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Es por ello que reiteró la urgente necesidad de que regresen al país los organismos de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

También le recuerda a Ortega que en 2017 firmó un acuerdo para iniciar un proceso de reforma electoral, al que se debe dar prioridad y hacerse los esfuerzos para explorar medidas que garanticen la independencia de las autoridades electorales, que permitan la observación electoral internacional y garanticen el registro libre y transparente de los partidos políticos.