Guatemala vive estos días un conflicto de poderes que es inconcebible en Nicaragua desde hace varias décadas: un conflicto entre la Presidencia de la República y la Corte de Constitucionalidad. Aunque los conflictos de poderes no están fuera de lo común en una democracia republicana, es algo que los nicaragüenses, y en realidad la mayoría de los centroamericanos no están familiarizados por la tradición de las presidencias fuertes.
Pero desde finales de 2018 Guatemala ha estado convulsa. En septiembre el presidente Jimmy Morales decidió prohibir la entrada al país a Iván Velásquez, máximo responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y anunció que no renovaría el mandato que da prevalencia a esta institución hasta septiembre de 2019, pero la situación se agudizó el 7 de enero cuando Morales decidió unilateralmente finalizar el convenio suscrito con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Posteriormente, el 9 de enero de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó la orden de Morales. “Se exhorta a las autoridades denunciadas para que en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la Comisión", determinaron los magistrados.
Quizás previendo esta respuesta por parte de la CC fue que el procurador Jorge Luis Donado, en calidad de abogado del Estado, solicitó iniciar un proceso de desafuero contra tres magistrados: José Francisco de Mata Vela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar. El argumento de la acusación es que estos han cometido los delitos de “prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad”. El conflicto está servido.
El periodista y analista político guatemalteco Juan Luis Font señala que la acusación a los magistrados de la CC no es más que un esfuerzo de parte de los oficialistas por deshacerse de una mayoría que incomoda al Gobierno, proceso que además ya le dio curso la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Pero ¿cómo logra la CC de Guatemala tener independencia en sus resoluciones e inclusive revocar las acciones del presidente? Según explica Font, esto inicia desde la forma en la que se designan las vacantes del máximo tribunal.
“Son cinco magistrados titulares y cinco suplentes: a uno lo designa el presidente de la República, a otro lo designa el pleno de la Corte Suprema de Justicia, a otro lo designa el pleno del Congreso, a otro lo designa el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y al otro designa el consejo superior universitario de la Universidad de San Carlos (USAC)”, explica.
Los magistrados permanecen cinco años en sus cargos, quienes lo ocupan actualmente están para el periodo 2016-2021, la presidencia de la CC se rota cada año entre sus cinco magistrados titulares comenzando por el que tiene más edad.
“Así se establece, digamos, una Corte que dura cinco años en ejercicio y que tiene magistrados que provienen de diferentes sectores y en cada uno de esos sectores se sigue un procedimiento más o menos democrático. El presidente puede elegir solo a uno (y su suplente), pero los demás deben de tener una elección colegiada, una elección entre votantes. Entonces, eso te garantiza una cierta independencia de la Corte”, afirma Font.
Aunque el posible desafuero de los magistrados de la CC es una amenaza real, Font confía en que el proceso de antejuicio no prosperará e incluso prevé que termine cayéndose, dado al arranque de la campaña electoral para la presidencia de 2019, razón por la que estima que no es conveniente un estado de excepción.
“En la medida que no haya un estado de excepción la gente va a estar más dispuesta a protestar y los políticos en contienda van a empezar a aprovechar mucho más esta oposición del Gobierno a la Cicig para tratar de ganar apoyo popular", explica Font.
"Por otro lado, la verdad es que creo que la presión que se está montando sobre el Gobierno por parte de Estados Unidos y por parte de la Comunidad Internacional va a tener que hacerlos ceder a que Cicig exista aquí hasta el próximo 3 de septiembre (que se le vence el plazo), aunque sea a medio vapor, no con toda la fuerza que ha trabajado hasta este momento”, aseveró.
Sin embargo, pese a que la CC ordenó que no se finalice el convenio con la Cicig, el gobierno de Guatemala insiste en desconocer a la Comisión y el miércoles 16 de enero retiró privilegios e inmunidades a parte de su personal.
Para Font, si se desobedece a la CC y se le permite al presidente o al Congreso que ellos decidan cuándo obedecerles se le está restando toda la importancia que tiene la Corte de Constitucionalidad.
Más allá de la posición del gobierno actual de Guatemala, las elecciones presidenciales de junio definirán el futuro de la Cicig en este país dado que claramente se identifican candidatos pro y anti Cicig, señala Font.
“Los opositores a Cicig prefieren no hablar de eso en público, quienes la apoyan lo dicen con claridad. Thelma Aldana (actual jefa del Ministerio Público) es la candidata más importante que apoya a Cicig, pero hay otros, por lo menos otros dos, Edmond Mulet es otro candidato que apoya a Cicig, que yo creo que entre ellos puede surgir el ganador de las elecciones”, argumenta.
La decisión unilateral de Morales de terminar con el mandato que establece la prevalencia de la Cicig hasta el 3 de septiembre y su anterior negativa a renovarlo está fundamentada en que señala a la misión de “violación grave” de las leyes nacionales e internacionales.
Morales se atribuye el derecho de cancelar a la misión de la Cicig basado en las facultades que le da el Artículo 183 de la Constitución guatemalteca, que dicta que son funciones del presidente de la República “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución”.
Pero según lo ve Font, “los magistrados (de la Corte de Constitucionalidad) hacen una interpretación extensiva de la Constitución y dicen no se trata solo de leer un artículo, se trata de leer la Constitución en un conjunto. Y esa Constitución nos explica que, si bien, el presidente debe dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, existen una serie de normas, principios y tratados que ha suscrito el Estado con otras naciones y no puede llevar (Jimmy Morales) esas relaciones de forma antojadiza o arbitraria. Entonces ese es el punto fundamental por qué quieren deshacerse de los magistrados”.
Según Font, a partir de 2015 la Cicig inició “un proceso de combate a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos paralelos al Estado… y en algunos casos están vinculados con el poder político y con el poder económico”.
El periodista sostiene que durante sus primeros seis años de existencia el trabajo de la Cicig se concentraba específicamente a combatir mafias, pero nunca se había ganado tanta oposición hasta que empezó a perseguir a líderes políticos que encabezaban campañas electorales y a grandes empresarios.
“Entonces ahí ya el presidente, sí empezó a verse amenazado y a sentir que su propio poder estaba en riesgo y que él es parte de los perseguidos por los delitos que encuentra Cicig y empieza a oponerse hasta llegar a este punto en que quiere deshacerse de la Cicig como una prioridad”, finaliza Font.
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