Orteguismo sufrió dos derrotas en Consejo de Derechos Humanos»
Ilich Buitrago Aguilar
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Esta resolución es un llamado de alerta y un reconocimiento de que hay una grave crisis de derechos humanos en Nicaragua; el país está ya en la agenda de las Naciones Unidas y la Procuraduría de Derechos Humanos quedó muy mal vista
El 21 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el 40° periodo de sesiones emitió una resolución en relación a la “grave crisis política y de derechos humanos” que atraviesa Nicaragua. ¿Cuál es el impacto de esta resolución?
Pero esa resolución, que pone al régimen en la mira del máximo organismo de Derechos Humanos no fue su única derrota; sino que su "defensor" en esa sesión, el subprocurador Adolfo Jarquín Ortel, quedó muy mal ante ese foro.
Esta resolución es un llamado de alerta y un reconocimiento de que hay una grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, afirma Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de los Derechos Humanos (RIDH), organización con estatuto consultivo ante la ONU en Ginebra.
“El impacto de la resolución es ese, Nicaragua queda en la agenda, inmerso, inscrito en la agenda oficial del Consejo de Derechos Humanos como un país de preocupación en donde se resalta que hay un problema de violación de derechos humanos que no es menor, que hay que discutirlo y seguirlo discutiendo”, argumenta.
La RIDH colaboró desde el inicio de las demandas de violación de derechos humanos en Nicaragua con varios organismos nacionales de derechos humanos lanzando una iniciativa para obtener una sesión especial y después para una resolución, antes de esas dos iniciativas para pedirle a la Alta Comisionada que se pronunciara sobre Nicaragua como lo hizo en septiembre.
Bajo la lupa del Consejo de Derechos Humanos
Según explica Muñoz, si durante todo 2019 Nicaragua continúa sin colaborar con los organismos internacionales ─como no ha colaborado al menos por 10 años─ habrá una segunda resolución o posiblemente una comisión de investigación, entre otras acciones posibles. “Y si al cabo de un tiempo Nicaragua no colabora esto puede llegar a otras instancias internacionales”, indica.
“El Consejo (de Derechos Humanos) reconoce que es un caso grave que hay que atender y que merece, por lo tanto, la elaboración de un informe por parte de la oficina de la Alta Comisionada para que esto sea discutido”.
Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de los Derechos Humanos (RIDH).
Explica que toma mayor relevancia porque el Estado de Nicaragua expulsó a organismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ─el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni)─ y también la misión de la oficina de la Alta Comisionada.
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“Lo que implica que Nicaragua no tiene ninguna supervisión internacional en materia de derechos humanos”, señala Muñoz.
Un país sin informes sobre derechos humanos
La situación de derechos humanos se agrava si se considera que Nicaragua tiene más de diez años de no presentar informes sobre el tema.
“Nicaragua, miembro de Naciones Unidas y de varios tratados en convenciones de derechos humanos, no presenta informes hace diez años a ninguno de esos tratados; está en mora de cumplir con sus obligaciones internacionales frente a los comités que exigen la aplicación de esas convenciones a las que voluntariamente se adhirió y ratificó”, arguye Muñoz.
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Nicaragua tampoco ha permitido el ingreso de los relatores especiales y los grupos de trabajo de Naciones Unidas, funcionarios que visitan los países para hacer informes para el Consejo de Derechos Humanos, para posteriormente dar consejos y recomendaciones en relación a este tema.
“Hace más de diez años no entra ningún relator a Nicaragua, lo que quiere decir que Nicaragua hace más de diez años se aisló de la supervisión internacional de Naciones Unidas, de la que es parte, entonces el Consejo se sintió obligado a actuar porque (Nicaragua) está completamente al margen de la institucionalidad multilateral internacional de la que voluntariamente ha sido parte”, agrega el director de la RIDH.
PDDH perderá estatuto de independencia
Quizás lo más irónico de un país que no presenta informes sobre la situación de derechos humanos es que durante la aprobación de la resolución en la ONU, quien estaba representando al Estado era el subprocurador, Adolfo Jarquín Ortel, quien defendió al gobierno de Daniel Ortega y llegó a Ginebra con el mismo discurso acerca de un fallido golpe de estado.
“La institución de derechos humanos representada por esa persona (Jarquín Ortel) que habló en nombre del gobierno de Ortega es objeto de un procedimiento ante el comité que se ocupa de ese tipo de instituciones en Naciones Unidas y le van a quitar el estatuto como institución independiente como consecuencia de su intervención completamente parcializada defendiendo al gobierno, porque él no tendría por qué haber hablado en nombre del gobierno”, aseguró Muñoz, quien trabaja desde Ginebra.
Según Muñoz, el funcionario de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en Nicaragua, tuvo varias intervenciones incluso antes de la aprobación de la resolución defendiendo al gobierno de Ortega, “eso no es lo que se espera de una institución independiente, quiere decir que van a perder su estatuto como institución independiente, su calificación”, aseveró.
Para el director de la RIDH si no hay una clara independencia en el organismo de derechos humanos estatal se entiende claramente el señalamiento de que el sistema judicial de Nicaragua también esté cooptado.
No es un acto imperialista
Muñoz señaló que la aprobación de la resolución en la ONU desmiente el discurso orteguista de que las medidas responden a actos de Estados Unidos.
“Los Estados Unidos no son miembros del Consejo, no podían votar la resolución, no son copromotores de la iniciativa. Los Estados Unidos no están participando en el Consejo de Derechos Humanos. Ellos se retiraron del Consejo y no están actuando ante él”, argumenta Muñoz.
La resolución aprobada es una iniciativa de países de América Latina; países preocupados por la crisis y porque su región puede tener impacto con la migración y con otros efectos.
“Esta resolución marca un hito muy importante.Abre una puerta enorme para el debate, la supervisión y el monitoreo de la violación de derechos humanos en Nicaragua. Cosa que es única para un país de Centroamérica. Hace más de diez años aquí no se hacía nada sobre algún país de Centroamérica; desde 2009 cuando mirábamos una resolución sobre Honduras por el golpe de Estado”, concluye Muñoz.
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ADOLFO JARQUIN ORTEL,NO MERECE TENER ESE CARGO DE SUBPROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS, QUE SU FUNCIÓN ES DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NICARAGÜENSES Y NO LLEGARLOS APLASTAR COMO EN LA FORMA DE SERVIL QUE LLEGA NEGANDO TODO LO OCURRIDO EN NICARAGUA Y PONIENDO AL DICTADOR Y ASESINO DE DANIEL ORTEGA, COMO UN ÁNGEL DE LA GUARDA DE NICARAGUA, PARA QUE LE LEVANTEN LAS SANCIONES Y ASÍ CONTINUAR EL SAQUEO JUNTO CON TODOS LOS MILLONARIOS CÓMPLICE DE DANIEL ORTEGA, A COMO LO SON CARLOS PELLAS, ORTIZ, ZAMORA, GUARDIÁN ,OÍRLO HABLAR A JARQUIN ES COMO SI ESTUVIÉRAMOS OYENDO AL CUASI CANCILLER DENIS… Read more »