Devolución de insumos a La Prensa no devuelve libertad al periodismo

Aunque el régimen Ortega-Murillo decidió entregar la materia prima retenida ilegalmente --desde hace más de 500 días-- al Grupo Editorial La Prensa, eso no significa que rectificó un error.

Al contrario, las violaciones a la libertad de expresión persisten. El cierre de 100 por ciento Noticias y la ocupación de Confidencial son solo los ejemplos más claros. Incluso, la devolución de materia prima, solo pone una pausa al riego de que los diarios La Prensa y Hoy, dejen de circular.

Además,  el daño económico provocado a la empresa deja en evidencia el grave deterioro del clima de negocios y la falta de certidumbre para la inversión. Todos estos factores dañan significativamente la imagen del país y la devolución de la materia retenida no es suficiente para repararla.

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En septiembre de 2018, durante la fase más cruenta de la Rebelión de Abril, el régimen Ortega-Murillo decidió retener en aduana varios lotes de importaciones a Editorial La Prensa, y a Editorial Nuevo Amanecer, propietaria de El Nuevo Diario. Estos contenían papel, tinta, planchas, repuestos y otros insumos, indispensables para la impresión de los diarios. El Nuevo Diario cerró en septiembre de 2019.

Pese a múltiples gestiones administrativas y legales, durante 75 semanas no fue posible recuperar el material.  Eso dejó en evidencia que era una decisión estrictamente política.  

De pronto, de un día para otro, a través del Nuncio Apostólico, Waldemar Sommertag, el régimen comunicó al director de La Prensa, Jaime Chamorro, que los insumos serían entregados.

Devolución no solucionará crisis

La retención ilegal de la materia prima, además de violar el derecho de los nicaragüenses de informar y ser informados --consignado en el artículo 66 de la Constitución--, tenía como fin último ahogar a la empresa.

El prolongado secuestro, provocó la reducción de páginas en ambos periódicos por más de año y medio. También, el despido de decenas de empleados de todas las áreas de la empresa, cuyas finanzas atraviesan su peor crisis de las últimas décadas. El régimen sabe que eso no se resolverá con la devolución del material. Por tanto, lo único que busca en mejorar la deteriorada imagen del país ante el mundo.

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“Al final del día es una buena noticia que el gobierno haya decidido entregar los suministros y de esta manera reducir el riesgo existente de que el diario dejara de circular”, dice el especialista el derechos humanos, Uriel Pineda.

Pero advierte que se debe tener claro, que la violación y la restricción indebida a la libertad de expresión persiste. Una cosa es que hayan entregado los insumos y otra es que en Nicaragua se pueda ejercer el periodismo libremente.  Ya que aún persisten los mecanismos de censura indirecta y de represión, respecto de los medios de comunicación y eso no hay que perderlo de vista.

Periodistas siguen amenazados

“Existen otras restricciones, tenemos un canal de televisión clausurado que es 100% Noticias, amenazas sobre el Canal 10 mediante una persecución fiscal con el tema de los impuestos. Y sobre todo no hay libertad para ejercer la labor periodística”, advierte Pineda.

Además, cuando los profesionales de la comunicación ejercen su labor corren el riesgo de ser agredidos, incluso por las propias autoridades y particularmente por la policía. Además, si son atacados por los simpatizantes del gobierno, simplemente la institución del orden no los auxilia.

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Tampoco hay que olvidar que existe un hermetismo por parte del gobierno. Este incumple su obligación de suministrar información a los medios de comunicación, sobre los temas de interés nacional.

“Bajo esa lógica, si bien es una buena señal el hecho de que se haya liberado el papel y otros insumos, el clima de represión sobre los diferentes medios de comunicación persiste en el país”, sostiene Pineda.

Periodismo independiente documenta violaciones

Todas estas acciones demuestran que el Estado incumple sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión. Que al final de cuentas es un medio para ejercer otros derechos.

Por ejemplo, a raíz de los hechos de abril del 2018, es evidente que en buena medida la documentación de las graves violaciones a los derechos humanos la hicieron los medios de comunicación.

“De manera tal que eso ha permitido no solo denunciar sino crear una memoria que eventualmente servirá como un insumo importante para la demanda de justicia”, dice Pineda.

Aunque es una buena noticia, no impide que persistan los mecanismos de censura indirecta o de represión hacia los medios de comunicación. Y eso no hay que perderlo de vista, tampoco los perjuicios que esa indebida retención de insumos causó.

No olvidar los daños provocados al periodismo

Además, de la indebida restricción a la libertad de expresión e información que vulnera el derecho de los nicaragüenses a estar informados, según Pineda, tampoco se deben olvidar los perjuicios que la indebida retención de insumos causó. Entre ellos la pérdida de espacios laborales.

“La apariencia de gobernabilidad democrática y digamos el descaro de un régimen de corte autoritario estaba en juego. Así que eso fue lo que motivó la decisión política de entregar los insumos”.

Uriel Pineda, especialista el derechos humanos

Por su parte, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), considera que esta situación tiene que verse desde dos ámbitos. El estrictamente económico y particularmente el clima de negocios en el que operan las empresas en Nicaragua, y el institucional.

Retención dañó la imagen del país

“Desde que inicio la crisis sociopolítica, en abril de 2018, las empresas trabajan en un clima donde se perdió la confianza y la certidumbre. El secuestro de la materia prima a una empresa, la afecta directamente en lo micro, porque le altera su flujo y rentabilidad. Y en lo macro porque solo profundiza esa desconfianza e incertidumbre afectando significativamente la imagen país”.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep

Además, coindice con Pineda en que se debe destacar que parte del empleo que se perdió, está relacionando directamente a la decisión del régimen, que afectó la bienandanza de la empresa.

En cuanto al aspecto institucional, están las consecuencias provocadas por el régimen al pretender limitar la libertad de prensa de un país, impidiendo que la empresa obtuviera los insumos que necesita para operar y por tanto para defender la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

No obstante, celebra que actualmente la tecnología también impida que se cercene por completo el derecho ciudadano de estar informado.  “Vivimos hoy en un siglo en que ese tipo de acciones feudales ya no son efectivas en un mundo tecnológicamente sin fronteras”, dice Aguerri.