El régimen cortó el agua y la luz a la iglesia donde madres de presos políticos estaban en la huelga de hambre en Masaya; y el posteriormente encarceló a un grupo de personas que les llevó agua. Foto Oswaldo Rivas
Tras meses de tensa calma en los que se ha impedido toda expresión de protesta pública, y en medio de amenazas de recurrir al uso de las armas para mantenerse en el poder; el régimen Ortega-Murillo ha elevado su nivel de represión con encarcelamientos, persecución religiosa e irrespeto a violaciones a los derechos humanos básicos de los ciudadanos.
La nueva escalada de represión, surge tras el fraude electoral que desató masivas protestas en Bolivia y obligó al presidente populista de ese país, Evo Morales a asilarse en México para evitar la cárcel. Lo de Morales parece haberle hecho ver al dictador Daniel Ortega que manipular una vez más los resultados de las próximas elecciones tal como lo viene haciendo desde 2008, no le garantizará la permanencia en el poder más allá del 2021.
“Hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral, de lo contrario los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación, de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria”, dijo Ortega durante la reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), realizada el 14 de noviembre por la noche en Managua.
Esa misma noche, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, que desde el inicio de la crisis ha usado decenas de epítetos para referirse a los opositores, este vez los llamó miserable y les lanzó una advertencia: “no se atrevan a jugar con la paz como lo hicieron por un tiempito, los miserables”.
La amenaza de Ortega y la advertencia de Murillo sumadas a la inusual aparición pública de uno de los hijos de ambos, Juan Carlos, confirman la autorización al más alto nivel para una nueva etapa de radicalización de la represión.
Esta inició con los dirigentes sindicales del danielismo, encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, amenazando con reeditar las masacres de junio y julio del año pasado si la ciudadanía se atrevía a reactivar las protestas animada por la situación en Bolivia.
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Las amenazas no tardaron en hacerse realidad. El mismo jueves 14 de noviembre un grupo de madres de presos políticos inició una huelga de hambre en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, para demandar la liberación de sus hijos que son presos políticos.
La respuesta del régimen ha sido violenta: Inmediatamente decenas de agentes de la policía y paramilitares bloquearon todos el acceso a la iglesia, donde permanecen unas 15 personas. Al mismo tiempo el régimen cortó la luz y el agua al templo.
Antes de la media noche del mismo jueves 14, un grupo de jóvenes de diversas organizaciones que integran la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que llevó agua, medicinas y víveres a las personas que se mantienen dentro del templo junto al padre Román, fue detenido por la Policía.
Tras 48 horas de permanecer detenidos, la Fiscalía presentó el domingo 17 una acusación en su contra en un juzgado de Distrito de Managua. A los juzgados de Distrito son remitidos casos de delitos mayores.
El acceso al agua potable no solo está garantizado en el artículo 105 la Constitución de Nicaragua, sino que es reconocido como derecho humano por Naciones Unidas.
Pero esta acción es aún más grave cuando se utiliza como arma contra personas que solo están ejerciendo su derecho a protestar y expresarse y contra quienes se solidarizan con ellos.
Otra violación a la Constitución se comete al impedir que el padre Román tenga acceso a sus medicamentos. El sacerdote es diabético y necesita insulina para mantener controlada la enfermedad, este medicamento requiere refrigeración.
En resumen, el régimen no ha dudado en poner en peligro la vida de estas personas cuya única acción de protesta ha sido encerrarse en un templo y de las personas que se han atrevido a asistirles.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para Derechos Humanos, la CIDH, Costa Rica, España y la Secretaría General de la OEA se han pronunciado ante la desproporcionada reacción de la dictadura en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.
A través de sus redes sociales la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) le recordó al régimen su “obligación de respetar y garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la integridad y seguridad de las personas que permanecen en huelga de hambre y del padre Román.
Asimismo, el secretario general la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao a través de sus redes sociales advirtió que los actos contra las personas que permanecen el huelga de hambre y la detención de los dirigentes que se solidarizaron con ellas, evidencia que “el Estado de Nicaragua continúa con acciones de represión a víctimas de la crisis” que afecta al país desde abril de 2018.
“Las autoridades debe cesar inmediatamente la persecución y proceder a liberar a los presos políticos”, solicitó la CIDH.
Es frustrante leer o escuchar declaraciones como la de arriba de la CIDH. En el mundo real es un ejercicio en futilidad pues bien se sabe que una mera declaración no conseguirá ningún cambio en el régimen.
El régimen no quiere cesar la persecución. Es más, como queda claro, la ha incrementado. Ahora no solo prohíbe las manifestaciones públicas, sino que reprime cruelmente las expresiones de protesta que se realizan tras puertas cerradas.
El giro al totalitarismo ha sido su reacción ante lo que percibe como "amenaza" a su existencia y es obvio, la naturaleza del orteguismo es fascista, cualquier posibilidad de apertura ─ejemplo, elecciones libres o permitir a los ciudadanos ejercer sus derechos políticos─ abre la posibilidad de perder el poder y por lo tanto la posibilidad de su desaparición.
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Y si existía duda de esa "amenaza", ahí está Evo Morales para probarles a Murillo y a Ortega lo "peligroso" que es respetar derechos y libertades. Es por eso que su reacción lógica ha sido cerrarse más y oprimir más, sobre todo después de que el mismo régimen "quemó los barcos" cuando cometió delitos de lesa humanidad durante la sangrienta represión del año pasado.
El giro hacia el totalitarismo por parte del régimen es algo que los nicaragüenses y la comunidad internacional deben reconocer aunque sea una "verdad incómoda", si es que se desea encontrar una solución.
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