Las señales enviadas por el régimen indican que la la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, no tendrá cabida en la negociación de las reformas electorales. Diputados oficialistas han expresado que se discutirán únicamente con los partidos a los que el régimen les ha asegurado su representación parlamentaria.
Pero el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT), demanda participar activamente en el proceso. Sin embargo, aclara que pese a ser parte del Grupo Promotor de Reformas Electorales desde hace 19 años, no llevará la propuesta conjunta que prepararon con la Alianza Cívica y la UNAB. Tampoco tienen previsto llevar ninguna otra.
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Su plan es ir a escuchar las propuestas que se presenten en la Asamblea Nacional. Aunque insiste que lo mínimo que se requiere para garantizar elecciones libres y transparentes es, garantizar un arbitraje adecuado y la transparencia del proceso.
También descarta, que su participación sirva para avalar la aprobación de reformas “cosméticas”, como algunos temen. Al concretarse dicha reforma, según lo que resulte de las mismas avalarán o rechazarán su contenido.
Contrario a lo que muchos opinan, los dirigentes de EyT consideran que el más interesado en que las reformas sean de fondo, es el régimen. Con ellas trataría de evitar las sanciones y otras acciones que la comunidad internacional impondría. Varios países han sido claros en que sin elecciones libres y transparentes, su respuesta no se haría esperar.
Según Xiomara Paguaga, presidenta del consejo directivo de EyT, para aprobar una reforma electoral y elegir magistrados del Consejo Supremo Electoral, que tienen su período vencido desde el 10 de abril de 2019, se deben cumplir algunas condiciones. Entre ellas consultar a las “asociaciones civiles pertinentes”.
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Por tanto, consideran que los 23 años de experiencia en los han estado en 50 procesos electorales alrededor del mundo, les otorgan el derecho a participar en el proceso.
Además, la organización “está incorporada por referencia en los acuerdos firmados por parte del gobierno con la Organización de Estados Americanos (OEA), para abordar la reforma electoral, al ser una de las asociaciones civiles que trabajan la materia electoral sujetos de consulta y apoyo por parte de la OEA, según dichos acuerdos”, dijo Paguaga.
Para llegar preparada a ese proceso, en los últimos 18 meses, han recogido la opinión de más de treinta organizaciones. Entre civiles, partidos y movimientos políticos, gobiernos relevantes e instituciones internacionales de referencia.
Sustentada en todos estos argumentos, EyT ha solicitado a la Asamblea Nacional participar activamente “en los procesos que ésta aborde en el marco de sus competencias y mandatos constitucionales para reformar la Ley Electoral y nombrar autoridades para regir el proceso electoral programado para el próximo año”, dice Paguaga.
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EyT es parte del Grupo Promotor de Reformas Electorales, que junto a la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) prepararon una propuesta conjunta que incluye reformas a la Constitución y seis ejes cambios en la Ley Electoral.
Sin embargo, no pretende llevar esta propuesta a la mesa de consultas, sino ir “abiertos a escuchar” las que se presenten.
“Nosotros no llevaríamos una propuesta determinada, nosotros estamos abiertos, tenemos nuestros criterios, pero hay puntos ineludibles en los cuales todos estamos de acuerdo”.
Xiomara Paguaga, presidenta del Consejo Directivo de Ética y Transparencia
Uno de los puntos ineludibles a los que se refiere EyT es el arbitraje y la transparencia del proceso. Esto implica el cambio de los árbitros electorales en todas las instancias y su despartidización. Es decir, de los magistrados del CSE, pero también de sus representantes en todas las instancias. Pasando por los consejos departamentales y municipales hasta llegar a todas las Juntas Receptoras de Votos que funciones durante el proceso.
La despartidización tiene que garantizarse en todas las instancias involucradas en el proceso de recolección y conteo de los votos.
El otro cambio fundamental es la transparencia en la publicación de los datos. Esto es lo que permite que se pueda corroborar la confiabilidad del arbitraje del proceso.
Mientras no se resuelva lo del arbitraje no se puede avanzar en otros temas. “Damos por un hecho, ya por experiencia, que cuando todavía tenés trabados los temas de arbitraje muy probablemente no podés avanzar más”, reconoce Courtney.
Con respeto al riesgo de que la participación del organismo, sirva únicamente para avalar una reforma cosmética a la medida del régimen, EyT considera que eso no ocurrirá y que pueden aportar a los cambios que el país necesita.
“Pensamos que podemos ayudar a que las reformas sean de muy buen contenido. Pero obviamente si fracasamos en participar, aún así estaríamos muy atentos en ver cuáles son los contenidos”, dice el director de EyT, Roberto Courtney.
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Consideran que el informe que emitirán, una vez concluido el proceso, dejará claro si lo aprobado cumple con las exigencias mínimas. O si estas, no garantizan que en 2021 habrá un proceso electoral libre y transparente. Tal como lo exigen los grupos de oposición y la comunidad internacional.
Además, contrario a lo que muchos opinan, para EyT el régimen es el más preocupado por aprobar una reforma. No cosmética, sino tal y como lo exige la oposición y la comunidad internacional.
“El gobierno tiene la voluntad política, no necesariamente porque quiere reformar la Ley Electoral. Obviamente la ha venido haciendo a su forma y medida, entonces uno infiere que de hecho la Ley Electoral después de diez años de hacerle para acá y para allá, pues probablemente está como les gusta".
Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia
Entonces, si accede a reformar la ley que está a su medida, es para complacer a otros sectores que a cambio le darían cosas que quiere.
Por ejemplo, menos sanciones y una economía que lo mande menos golpeado a unas elecciones. Porque según Courtney, aún a los procesos electorales mas fraudulentos no es conveniente llegar en bancarrota.
Aunque el problema del arbitraje y la transparencia del aparato electoral de Nicaragua es muy grave. Ética y Transparencia considera que no se requiere mucho tiempo para arreglarlo. Sus problemas se pueden resolver de “un plumazo”. Sin embargo, se requiere voluntad política, para aprobar una reforma que garantice que en 2021 habrá elecciones libres y transparentes.
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