Chile es uno de los países más desarrollados de América Latina. Según el Banco Mundial, en 2019 el PIB per cápita en la nación suramericana era el tercero más alto de Latinoamérica 14,896 dólares. Además, es uno de los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conocido como el "Club de los Países Ricos" del planeta. Además de Chile, en América Latina los otros tres socios son México, Colombia y Costa Rica que ingresó en mayo de este año.
Pero a pesar de su crecimiento económico, Chile también refleja una importante desigualdad social. La riqueza no se distribuye equitativamente, como refleja el informe de la chilena Fundación Superación de la Pobreza y eso fue lo que provocó las protestas de 2019.
Las protestas se desarrollaron entre octubre 2019 y febrero 2020, y los chilenos prefieren denominar la ocurrencia como un "estallido social"; que inició con el incremento en la tarifa del transporte público en Santiago.
Al igual que en Nicaragua, los primeros que protestaron fueron los estudiantes. La crisis continuó hasta ocasionar enormes daños en la infraestructura del Metro de Santiago, saqueos de comercios e instituciones públicas, lo que llevó a la declaratoria del estado de emergencia.
Ya después las protestas eran por todo: bajas pensiones, alto costo de la vida, precariedad del sistema de salud y precios elevados de medicamentos; hasta de la Constitución Política que heredaron del general Augusto Pinochet y que fue elaborada en 1980 bajo el gobierno militar.
Las violentas protestas fueron reprimidas por las autoridades y se confirmaron 32 fallecidos, desglosados así: 15 en incendios; 7 en enfrentamientos entre ciudadanos; 5 por la represión oficial y otros 5, en accidentes. Más de 2 mil carabineros heridos y cerca de 8 mil detenidos en los sucesos.
Aunque las demandas de los manifestantes chilenos no fueron resueltas, los partidos políticos lograron un acuerdo con el gobierno. Consultar a la población sobre su aprobación o rechazo para elaborar una nueva constitución. Esta susutituiría la heredada por el general Pinochet. A ese pacto se le denominó Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Fue respaldado por los partidos parlamentarios; a excepción de la izquierda chilena, que incluye al partido Comunista.
El plebiscito estaba programado para el 26 de abril, pero por la pandemia de la Covid-19 se pospuso su realización para el 25 de octubre. Con ello, el presidente Sebastián Piñera logró salvar su gobierno y accedió a la realización del plebiscito realizado el domingo, en el que participó el 50 por ciento de los ciudadanos empadronados.
El resultado fue un abrumador respaldo a una nueva constitución, el 78.27 por ciento de los votos, y a la creación de una Convención Constitucional con el 78.99 por ciento de los votos.
Estará en la habilidad e inteligencia de los políticos chilenos encontrar una fórmula que permita reducir la desigualdad entre ricos y pobres; y a la vez mantener un sistema de libre mercado y crecimiento económico.
Por el momento, el gobierno conservador del millonario empresario chileno Sebastián Piñera impulsa una Nueva Agenda Social, que incluye medidas relacionadas con las pensiones, la salud, los salarios y la administración pública. Así como una agenda de seguridad que incluye iniciativas contra el vandalismo. También promueven la reconstrucción de los daños ocasionados en las protestas, que se calculan en más de 3 mil millones de dólares.
Existe temor en algunas personas que lo que resulte de la nueva Constitución sea algo parecido a Cuba o Venezuela, una dictadura populista de izquierda que destruya el país. Sin embargo, esto es difícil por diferentes factores.
El primero, es que de los 31 años que lleva Chile en democracia, durante 24 años ha sido gobernado por la Concertación de Partidos por la Democracia. Esta es una alianza de partidos de izquierda y centroizquierda─ y de esos, durante 15 años los presidentes han salido de partidos miembros de la Concertación de corte socialistas como Ricardo Lagos del Partido por la Democracia, o Michelle Bachelet, del Partido Socialista. Y la Concertación solo ha consolidado la ruta democrática de Chile y su modelo económico.
El otro punto es que el proceso de redacción de la nueva Constitución tiene un candado que hace imposible que se imponga una visión polarizada de la sociedad, a menos que de pronto los chilenos decidan votar por los que queman estaciones de Metro e iglesias.
Escuchada la opinión de la ciudadanía expresada en la votación del domingo, lo siguiente será la elección de los 155 integrantes que se encargarán de redactar la nueva norma fundamental chilena, para lo que tendrán un plazo de nueve meses, prorrogables a un año.
Una vez finalizado el trabajo encomendado, se volverá a realizar un Plebiscito ratificatorio o de salida; que tendrá que ser convocado por el presidente de la República. En él nuevamente los ciudadanos elegirán ─el voto será obligatorio─, si aprueban o rechazan la nueva Carta Magna propuesta.
En la Convención Constitucional la decisiones serán adoptadas por al menos dos tercios de sus integrantes; y los asuntos en donde no se pongan de acuerdo, quedarán fuera del texto constitucional. La nueva instancia iniciará desde cero. Es decir que no tendrá como base normativa la actual constitución heredada de Pinochet. Pero de nuevo, la propuesta de la nueva constitución, deberá ser refrendada por la población.
Dictadores como Nicolás Maduro celebraron el triunfo de redactar una nueva constitución (enterrando la de Pinochet). Pero al momento, su colega nicaragüense no se han pronunciado.En todo caso, el presidente Sebastián Piñera aseguró que finalizá su segundo mandato en 2022, mientras se presenta la nueva Constitución; que la población tendrá que aprobar en un Plebiscito.
Vistos los candados (dos tercios obligatorios para decidir), las posibilidades de que la izquierda chilena cree "una nueva Venezuela o una nueva Cuba" vía la nueva Constitución son pocas. Aunque nadie garantiza la paz social y la estabilidad de la que Chile se preciaba. Mientras dure el largo proceso de consulta, la constitución del general Augusto Pinochet, seguirá vigente.
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