Durante los últimos cuarenta años, dos características que le han permitido a Daniel Ortega mantenerse en el poder; ya sea desde arriba o desde abajo. Una es la falta total de escrúpulos y la otra su capacidad de planificar a largo plazo; y empezar a actuar mucho antes que sus adversarios políticos.
Los eventos y acciones de los últimos días revelan que Ortega se está preparando para una gobernar por un período más, el cuarto consecutivo; ahora en una Nicaragua post-covid-19. Que su plan vaya a tener éxito es otra historia. Pero no hay duda que ya se está implementando y bien podría llamarse la Operación Tridente pues consta de tres etapas:
Si Ortega tiene éxito implementando estas tres etapas de su plan, es muy probable que logre quedarse en el poder más allá de 2021. Aunque para ser realistas, en el momento y la proporción correcta, también tendrían que entrar en la ecuación otros elementos. Pero con base en lo que se ve, su plan se podría desmenuzar así:
El régimen subió la parada. De asediar por más de 300 días a la madre y abuelita de Bayron Estrada en León, como lo registra la valoración del Cenidh. Y de detener dos veces por día a Lenín Salablanca en Camoapa; pasó a perseguir descaradamente y a la vista y paciencia de los pocos periodistas que lo divulgan, a dirigentes de la oposición. Entre ellos, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, que a pesar de ello, no abandonan la lucha cívica.
La Policía en vez de cumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía y perseguir a la delincuencia; acosa, intimida y reprime a quien le ordenan hacerlo. Incluso al consuegro del dictador, Lolo Blandino, a quien recientemente la policía le impidió salir de su casa.
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Obviamente que esto forma parte de una estrategia para amilanar a los opositores y de paso a la mayoría del pueblo que rechaza al régimen. Sin una oposición que se pueda organizar libremente, es irrelevante que haya o no elecciones libres. Pues para ganar elecciones es indispensable tener un mínimo de organización.
La política del “Gran Garrote” (o “Big Stick“) del presidente estadounidense Theodore Roosevelt, ilustra la voluntad de este para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos. Pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta. Esto como modo de presión y en caso de que las cosas no salieran como lo tenía previstas.
Algo así parece que está haciendo Ortega. A la prohibición de marchar, vigente desde dos años y al acoso a los opositores sean estos dirigentes nacionales o activistas se suman acciones legales. Daniel Ortega hizo que sus 70 diputados firmaran dos propuestas de ley. La de Regulación de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos.
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Además, el país está a la espera de que se cumpla la instrucción que Ortega dio a través de su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo; a sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Para presentar una iniciativa que considere la cadena perpetua para quienes cometan “crímenes llenos de odio”. Tal como dijo Ortega en un virulento y altisonante discurso en ocasión de la celebración del 199 aniversario de la independencia.
Este trío del leyes, junto a otras que ha venido aprobando a lo largo de la constitución de su dictadura, le permitirán a Ortega gobernar sin el menor disenso. La oposición quedará formalmente desarticulada y sin recursos. Los medios de comunicación e incluso las redes sociales estarán silenciados ante el temor de faltar a la Ley de Ciberdelitos. Y si queda algún valiente que decida tomar alguna acción de protesta; se le acusará de cometer "delito de odio" y pasará el resto de sus días en la cárcel.
Es cierto que ya no hay fondos de Venezuela y actualmente hay una importante caída en la recaudación fiscal. Aunque desconocida a conciencia por la falta de transparencia en los informes de las instancias encargadas de divulgarlos. Tampoco hay Inversión Extranjera Directa, ni nacional. Todo provocado por la represión y la pandemia del Covid-19, pero aún así, el régimen ha comenzado a ver al futuro.
Con la oposición inactiva y la ciudadanía bajo control el régimen considera que tarde o temprano la pandemia tendrá que acabar. Y habrá que volver a la normalidad. Es por eso que ha optado por invertir, no se sabe cuanto, pero seguramente una importante cantidad de recursos. Para tratar de mejorar su imagen a través de medios de comunicación internacionales.
“Nicaragua resalta su gestión de Covid con las menores tasas de Latinoamérica” titula un cable de la Agencia EFE. Que fue publicado y no necesariamente como cortesía, por la revista Forbes Centroamérica. Tampoco es casualidad que un extenso y amplio casi publirreportaje en inglés se haya publicado, en la sección de Viajes del diario norteamericano Financial Times.
“Destino Nicaragua: un país al borde de un cambio extraordinario. Esta joya poco conocida en América Latina ha sido un no-no en la lista de avisos de viajes desde 2018. No debería ser.” Dice en el titulo y ante-titulo del reportaje que incluye 18 fotos con bellezas naturales y rostros amables. Así como entrevistas con el alcalde sandinista de León, Róger Gurdián Vigil. Él afirma: “pero ahora los problemas han terminado y la gente necesita regresar”, dice en el reportaje.
Este es un esfuerzo publicitario, según el régimen, para colocar al país en una buena posición una vez que acabe la amenaza del Covid-19. Algo que puede ocurrir en cualquier momento, ya que depende de que se tenga una vacuna o un tratamiento efectivo. Según los especialistas, probablemente, ocurrirá entre marzo y junio del 2021. O sea, dentro de seis u ocho meses.
Lo arriba descrito es el plan. Pero igual que puede funcionar a la perfección para la dictadura, podría acelerar acciones en su contra. Estas a la larga terminarían por acelerar el deterioro económico y podrían alcanzar incluso al mismo régimen. Una muestra de esa posibilidad es el anuncio hecho por el eurodiputado español Juan Ramón Bauzá.
Bauzá ha logrado que el próximo 8 de octubre, el Parlamento Europeo debata lo que llamó “las infames leyes anti-oposición del régimen Orteguista. Según dijo, la discusión incluirá también su exigencia de sanciones a Ortega y Murillo y la suspensión del Acuerdo de Asociación (AdA) con la UE”.
Pero una advertencia. Aunque el Parlamento Europeo sugiera al ejecutivo comunitario en Bruselas la imposición de las sanciones, habrá que esperar que la sugerencia sea aceptada. Si esto ocurre, y no hay que olvidar que ya hay sanciones de la Unión Europea; sin duda la suspensión de Nicaragua del AdA tendría un impacto económico importante, que dañaría aún más la ya agónica económica nicaragüense.
Bajo ese acuerdo comercial, muchos productos que Nicaragua exporta; especialmente los de origen agropecuario, ingresan a los 27 países de la Unión Europea en condiciones arancelarias preferenciales.
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Y aunque el AdA es de mucho menor peso para Nicaragua que su relación comercial con Estados Unidos; sin duda su suspensión tendría un efecto negativo a la población. Además, esa suspensión podría disparar una acción similar de parte de Estados Unidos y suspender a Nicaragua del Dr-Cafta. Eso ya sería la lápida que catapultaría al país a más pobreza, migración e incertidumbre.
Lo que podemos llamar el plan Tridente para la Nicaragua post-covid-19 está en marcha. Su éxito no está garantizado. Pero en los cálculos del régimen parece que han concluido que tienen mejores posibilidades con este plan, que si se someten a elecciones. Aunque estas sean maquilladas.
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