El PLC quiere mantener el bipartidismo en el CSE pero no ha detenido los fraudes»
Las posiciones que mantiene el PLC en los poderes del Estado solo han servido para darle puestos bien remunerados a su cúpula, no para defender la democracia. Foto: Cortesía
Lucydalia Baca Castellón
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El PLC tenía el control de la mitad del sistema electoral en el 2006 y nunca pudo explicar por qué no se contó el 8 por ciento de los votos, y tampoco pudo evitar el masivo fraude electoral de las municipales del 2008
Ante la falta de solución a la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde 2018, muchos opositores ven en la Coalición Nacional la última esperanza para concretar la salida de los Ortega-Murillo del poder. Sin embargo, la inclusión de los partidos políticos se ha convertido en motivo rechazo y desconfianza.
A los señalamientos que se los partidos políticos desde hace semanas, como querer controlar la Coalición o impedir que los grupos de jóvenes surgidos de la Rebelión de Abril tengan voz y voto, se suma ahora la carta del PLC enviada a la OEA en la que solicitan que el control bipartidista del Consejo Supremo Electoral (FSLN y PLC) se mantenga.
La carta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) iba dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. En ella, dicen apoyar la necesidad de reformas electorales que garanticen la transparencia de las elecciones de 2021. Pero con la excusa de beneficiar a la Coalición, piden que se mantenga el sistema bipartidista de los órganos electorales.
El argumento del PLC "un ejército" de defensores del voto
El mecanismo que el PLC defiende garantiza que la fuerza política que ocupa el segundo lugar en una elección, en el siguiente proceso dirija la mitad de las estructuras electorales de todos los niveles. Con base en los resultados de la elección de de 2016, en el proceso de 2021, el PLC tendría derecho a nombrar a los presidentes del 50 por ciento de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales. También a los presidentes y primeros miembros de la mitad de las Juntas Receptoras de Votos.
Eso junto a los fiscales que los participantes tienen derechos a nombrar, según el PLC le garantizaría a la Coalición un “ejército” de defensores del voto. Sin embargo, el argumento es rechazado por muchos. Consideran que es una prueba de que el PLC quiere mantener vigente el pacto que el máximo líder de ese partido, Arnoldo Alemán, firmó con Ortega en el 2000.
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El PLC no ha impedido los fraudes
Sin embargo, el PLC tuvo ese "ejército" en las elecciones generales de 2006 y en las municipales de 2008. En el 2006 no pudo aclarar ─a través de sus magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE)─ qué pasó con el resultado del 8 por ciento de los votos que nunca fue publicado. Tampoco pudo, en el 2008, denunciar el fraude contra las alcaldías que le fueron robadas a los candidatos del Movimiento Vamos con Eduardo, que era su aliado en esa elección.
Pero además, los magistrados electorales del PLC en el 2010 regresaron a sus puestos porque "la calle está dura," dijo en una tristemente célebre frase el magistrado Luis Benavides, a pesar de que a Ortega los magistrados judiciales orteguistas le habían abierto la puerta para postularse inconstitucionalmente.
Además, el PLC ha tenido magistrados electorales en todas las cuestionadas elecciones desde el 2008 hasta la fecha. Eso no ha evitado ninguno de los siete fraudes al hilo ─tres municipales, dos generales y dos regionales─. Esos magistrados ni siquiera han denunciado estos fraudes.
Otro argumento en contra de la supuesta ventaja que tendría la Coalición al confiar en el PLC para la defensa del voto, es que ese partido ha participado en todas las farsas electorales del régimen. Incluso después de abril de 2018.
Pleitos internos han entregado al partido "en bandeja" al FSLN
Por otro lado, esa falsa “fortaleza” que le garantiza el sistema bipartidista está en peligro. Ya que la disputa que mantienen María Haydee Osuna y Miguel Rosales por la presidencia del partido, llegó al CSE, controlado totalmente por la dictadura. Y como ha ocurrido en situaciones anteriores, el CSE la usará para beneficiar al régimen.
“Da vergüenza que en la cúpula del PLC se den esas situaciones. Eso es similar al relato bíblico en el que dos madres llevaron a un niño ante el Rey Salomón. El problema es que el CSE no es Salomón, no tiene sabiduría. Lo que tiene son decisiones y está sesgado a la corrupción y a mantener rehenes”.
Azucena Castillo, diputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)
CSE va a "despedazar" al PLC
Para la diputada del PLC, Azucena Castillo, en el actual contexto político de represión, no fue lógico buscar la intervención del CSE. Ya que este aprovechará para “despedazar” al partido y quitarlo del camino de quienes les estorba. Pues considera que a los enemigos del partido les interesa precisamente quitarlo del camino.
“Aquí hay gente que debe repensar lo que está haciendo, porque aunque la historia juzgue, cuando lo haga, el error ya se habrá cometido y las consecuencias serán muy graves. Es una lástima que el liberalismos se empiece a despedazar y que sea su propia cúpula, la gente que se dice ser PLC la que lo esté destruyendo, porque el CSE lo va partir en pedazos”, lamenta Castillo.
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María Haydee Osuna decidió llevar la disputa que mantiene con Rosales al CSE. Eso fue como meter al partido en la boca del lobo. Ya que incluso dependiendo de la resolución que se emita, levantará sospechas que terminarán afectando al que resulte favorecido.
“Eso debió resolverse adentro del partido. No nos expongamos, el Frente Sandinista ya tiene suficientes rehenes para conseguirle otro más y que sea del PLC. Eso nunca debió pasar”, asegura Castillo.
En lugar de dividir deben apoyar
En lugar de apostar por “desbaratar” al partido, esos supuestos líderes deberían enfocarse en ayudar a restablecer la institucionalidad democrática. Sin que eso implique que el PLC sea el que va imponer un candidato. Sino aportar y apoyar para que la Coalición se consolide y se llegue a consenso. Porque la “unidad se necesitaba para ayer, no para mañana y aún no se vislumbra”, dijo Castillo.
Además, Castillo admite que el partido ahora está pagando los errores que algunos de sus miembros cometieron en el pasado. Y aunque varios de los que equivocaron ya pagaron por esos errores, deben saber que ahora se están usando en contra del partido. Por tanto, “deben apartarse, hacerse a un lado”. Porque, desde su punto de vista, el PLC más que un nombre y un apellido, es toda una historia de liberalismo.
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Con respecto a la carta enviada a Almagro, Castillo considera que el problema es que en Nicaragua se ha malinterpretado el bipartidismo. Admite que lo ideal sería que las estructuras electorales sean independientes. Sin embargo, las circunstancias de Nicaragua llevaron a ese esquema.
Aunque aclara, que desconoce el contenido de la carta y su verdadero objetivo, Castillo cree que sería “excelente” que la Coalición pueda llenar con los jóvenes de las organizaciones azul y blanco esas estructuras electorales para que defiendan el voto.
Alianza Cívica rechaza "beneficio" del bipartidismo
Pero el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, rechaza esa que el PLC considera una oportunidad,
“Hemos estado, estamos y vamos estar en contra del bipartidismo todo el tiempo. Porque no creemos que la fiscalización de un proceso electoral tenga que estar solamente en manos de un partido político, sea este cual sea. Recordemos que este bipartidismo se originó en el pacto del 2000, que simplemente cerró las puertas hacia la competencia política y nosotros creemos que debe haber participación”.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica
Con respeto a la carta enviada a Almagro, Chamorro considera que es una debilidad del PLC. Que refleja que no tiene apoyo en el tema del bipartidismo que llevan meses discutiendo. Ya que incluso, en la propuesta de reforma electoral que han preparado, en lugar de bipartidismo lo que se contempla es el fortalecimiento de la participación ciudadana. Aunque eso obviamente no implica que omita la fiscalización de los partidos en los procesos electorales.
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