En una nueva advertencia de que las violaciones a los derechos humanos, los fraudes electorales y los actos de corrupción no pueden quedar impunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó a tres nuevos funcionarios nicaragüenses en su lista de “designados”.
Estas sanciones aíslan aún más al régimen Ortega-Murillo del financiamiento externo que tanto necesita para reactivar la economía, que a consecuencia del estallido social de abril del 2018, enfrenta su peor crisis de los últimos treinta años, provocada por la caída de gran parte de la actividad económica y el retiro de la cooperación y la inversión extranjera.
Junto al anuncio de las sanciones, Estados Unidos le recordó a Ortega que el único camino para restablecer la democracia es a través de elecciones adelantadas, libres y justas.
Con la inclusión a la lista de la OFAC del subdirector de la policía Ramón Avellán, sancionado también con la Nica Act., el presidente interino del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell y el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, ya son catorce los funcionarios sancionados por Estados Unidos.
A estos catorce funcionarios se suman dos entidades vinculadas con al manejo de la cooperación petrolera venezolana: Alba de Nicaragua (Albanisa) y el Banco Corporativo (Bancorp), este último tras recibir la sanción solicitó su disolución adelantada.
“No me cabe duda de que las sanciones dificultan la posibilidad de acceder a mercados internacionales de financiamiento. Incluso si no existe una prohibición per se al país o comunidad de empresas de distintas industrias, el manifiesto actual de un enfoque basado en riesgo por el que se rigen los bancos, instituciones y entidades financieras internacionales pondría a Nicaragua en una situación de alto riesgo para establecer cualquier tipo de vínculo”, sostiene Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).
En el momento que una persona, compañía, o entidad es incluida en la lista se determina su muerte financiera internacional, ya que ningún banco permitiría realizar operaciones con una persona --física o jurídica--que se encuentre en la lista de sanciones internacionales, explica Vila.
Tema relacionado: El peso de las sanciones, ¿por qué Daniel Ortega les teme tanto?»
Los sancionados tampoco tendrán acceso a servicios bancarios nacionales si las entidades nicaragüenses prefieren no poner en riesgo sus relaciones internacionales. Es por ello Vila considera que a medida que más funcionarios de un país se incluyen en las listas de sancionados, el país queda más marginado de la comunidad financiera internacional.
Además, en Estados Unidos cualquier propiedad o participación en alguna donde el 50 por ciento o más de las mismas esté en poder de los sancionados queda congelada.
“Con estas medidas de Estados Unidos envía un mensaje a todos los que continúan apuntalando al régimen de Ortega: hay un alto precio a pagar”, sostiene Vila.
Al hacer el anuncio el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich dijo “estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso de los derechos humanos y la corrupción".
El funcionarios añadió "Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas".
"Esta acción es contra funcionarios nicaragüenses que persiguen a los ciudadanos que ejercen sus libertades fundamentales; manipulan procesos electorales y abusan del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción.
Justin Muzinich, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos.
“Para Estados Unidos los funcionarios designados apoyan un régimen que, desde abril de 2018, ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política, lo que ha provocado la muerte de centenares de personas, lesiones a otras miles y el encarcelamiento de cientos de actores de la sociedad política y civil”, dice Vila.
Además de que siga creciendo la lista de funcionarios sancionados, es muy importante que antes se haya sancionado al desaparecido Bancorp, ya que es una señal a los bancos.
“Fue por haber brindado asistencia o prestado servicios financieros a personas que estaban bloqueados por OFAC (entre ellas la vicepresidente Rosario Murillo) y por haber apoyado cualquier transacción o serie de transacciones que impliquen corrupción por parte del gobierno o funcionarios del gobierno de Nicaragua”, dijo el especialista.
Vila considera que lo ocurrido con Bancorp es "una suerte que no quieren correr otros bancos e instituciones financieras internacionales con vínculos con Nicaragua”, ya que “Estados Unidos está apretando cada vez más con su régimen de sanciones, con el que de alguna manera puede ejercer política internacional, ya que a Irán por ejemplo lo incluyó en la lista OFAC como país y eso dificulta establecer relaciones comerciales”.
Para el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, estas sanciones son el resultado de la violación flagrante de los derechos humanos y de todos los elementos de protesta que han surgido a partir de abril de 2018.
El comisionado Avellán, subdirector de la policía, fue sancionado con la orden ejecutiva E.O 13851 y también con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA, por sus siglas en inglés) o Nica Act. Se le responsabiliza de dirigir una entidad cuyos miembros han violado los derechos humanos de las personas que participaron en las protestas que iniciaron en abril de 2018.
Según el Departamento del Tesoro, Avellán aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones contra los opositores.
Además, recibiendo órdenes de los Ortega-Murillo, dirigió la Operación Limpieza para levantar los tranques que protestantes levantaron en Masaya. Los ataques que perpetró junto a policías y parapolicias provocaron 107 muertes y cientos de heridos.
Anteriormente el director de la policía, comisionado Francisco Díaz también fue incluido en la lista de la OFAC.
Lumberto Campbell fue sancionado con la orden ejecutiva E.O. 1385, es señalado de cometer tácticas antidemocráticas, entre ellas pedir a empleados públicos votar por Ortega para garantizar que él y sus aliados resultaran triunfadores en los procesos electorales.
Campbell era vicepresidente del CSE desde 2014 y es presidente interino desde el año pasado cuando Roberto Rivas renunció al cargo meses después de haber sido sancionado por la Ley Magnistsky.
El otro nuevo integrante de la lista de sancionados con la orden ejecutiva E.O. 13851 es el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, a quien se le imputa dirigir una entidad cuyos miembros han realizado transacciones que involucran prácticas engañosas y corrupción.
Entre dichas prácticas corruptas mencionan la apropiación indebida de activos públicos, expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos y corrupción relacionada con contratos gubernamentales.
El comunicado del Departamento del Tesoro también señaló que el INSS es uno de los principales vehículos que facilita la corrupción y que la fallida reforma de abril de 2018 fue el detonante de la crisis sociopolítica que aún enfrenta Nicaragua.
“El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma”, dice el comunicado.
También señala que el INSS otorga préstamos superiores al valor de las garantías y permite a los beneficiados incumplir con el pago y da por cancelados los créditos al aceptar activos de menor valor que los créditos.
“Estas son las consecuencias cuando tenés fuerzas represivas que disparan contra manifestantes a la cabeza, al cuello al pecho, la comunidad internacional reacciona", dijo Chamorro.
Para el director de la Alianza Cívica, "lo que estamos viendo en este momento es una reacción de la comunidad internacional a la violación de los derechos humanos. Nosotros como nicaragüenses solo podemos decir que los únicos responsables de estas sanciones son los violadores de los derechos humanos”.
La lista de sancionados por Estados Unidos incluye también a:
Llegó la Navidad de 2021 y en Nicaragua hay 160 presos políticos. En estos días…
Actualmente sabemos que la variante ómicron que produce la COVID-19 es más contagiosa que la…
Con la promesa de mostrar al mundo las más novedosas innovaciones para la salud, seguridad,…
A 23 meses de haberse notificado el primer caso de COVID-19 y tras una estimación…
Sé que es momento de recogimiento familiar, de reuniones y fiestas y no digo que…
Me llamó la atención el término flow del título y decidí investigar el tema. Les…