Experiencias a tomar en cuenta para garantizar justicia a las víctimas de la Rebelión de Abril»
La Asociación de Madres de Abril (AMA) ha realizado diversos esfuerzos para garantizar justicia para las víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo. Foto: Nicaragua Imagen
Avil Ramírez Mayorga
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El próximo gobierno democrático que se instale en Nicaragua deberá promover un proceso de justicia transicional que conllevará la instalación de una comisión de la verdad que sí cuente con la credibilidad y legitimidad necesaria para saciar los anhelos de verdad y justicia que demanda gran parte de la sociedad nicaragüense
Abril es un mes que aflora las emociones. Nos hace recordar que hace tres años los ánimos de miles de nicaragüenses se desbordaron para demanda cambios sociales. Pero también nos recuerda con dolor las atrocidades cometidas por la Policía y las turbas sandinistas; tal como lo documentaron y reflejaron en sus informes organismos internacionales que defienden los derechos humanos.
Entre ellos, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/MESENI); el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); y Human Rights Watchs (HRW).
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Ante estos sucesos, el espectro opositor encabezado por organizaciones como la Asociación Madres de Abril (AMA); e incluso los precandidatos presidenciales, han expresado la necesidad de un proceso de justicia transicional. Este debe asegurar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Las propuestas conocidas en tal sentido incluyen la conformación de una “comisión de la verdad”.
En tal sentido, una definición de qué es una comisión de la verdad la brinda el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés). Ellos expresan que: “son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada"; estas se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos”.
Objetivos de las comisiones de la verdad
El ICTJ expresa en su libro En busca de la verdad: Elementos para la comisión de la verdad eficaz, que los objetivos que debe tratar de lograr son tres:
- Establecer los hechos acerca de eventos violentos, que permanecían en disputa o eran negados.
- Proteger, reconocer y empoderar a las víctimas y sobrevivientes.
- Proponer políticas y promover cambios en el comportamiento de los grupos y las instituciones de un país con miras a una transformación política y social.
El ejemplo de Argentina
Existen algunos ejemplos de comisiones de la verdad que podrían servir de ejemplo. Repasemos algunas experiencias extranjeras, entre ellas la de Argentina: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)
Al concluir el período del régimen militar y con apenas cinco días en la presidencia, en 1983 el mandatario Raúl Alfonsín conformó la CONADEP; la creó mediante el Decreto número 187/83. Su objetivo era esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos durante la dictadura militar entre 1976 y 1983; estaba conformada por 16 miembros y encabezada por el escritor Ernesto Sábato.
En septiembre de 1984 la comisión entregó un informe final denominado “Nunca Más” al presidente Alfonsín. Sus hallazgos arrojaron un estimado de 8,960 personas en situación de desaparición forzosa; y como 340 centros clandestinos de detención en el país.
Entre las recomendaciones que emitió destacan:
- Iniciar procesos judiciales
- Reparación a familias de las víctimas
- Atención social
- Derogación de legislación represiva
- Adhesión a organizaciones internacionales de derechos humanos o el establecimiento de la enseñanza obligatoria de la defensa y difusión de los derechos humanos
La comisión de la verdad de Chile
En Chile existió la: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o “Comisión Rettig”. La conformó el presidente Patricio Aylwin en abril de 1990 mediante el Decreto Supremo número 355. Estuvo enmarcada dentro del proceso conocido como la “transición a la democracia”.
Se constituyó con el objetivo de contribuir al esclarecimiento sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron; y para contribuir a la reconciliación de los chilenos. Estuvo integrada por nueve personalidades, que incluían desde funcionarios del gobierno del expresidente Salvador Allende hasta ministros del presidente Augusto Pinochet.
Los hechos a esclarecer estaban enmarcados en el período de la dictadura militar encabezada por el general Pinochet; este inició con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 para derrocar a Allende y se extendió hasta marzo de 1990.
La comisión entregó su informe al presidente Aylwin en febrero de 1991; posteriormente él hizo público su contenido en un emotivo momento en el que pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado chileno. Entre otros hallazgos el informe confirmó la existencia de 2,296 víctimas.
Por recomendación del informe se aprobó la Ley 19.123; Ley de creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Entre sus funciones estaba garantizar no solo la reparación moral y material por los daños causados, mediante beneficios médicos, educacionales o pensiones; sino también profundizar la investigación de las denuncias de violaciones de derechos humanos y procurar acciones tendientes a la no repetición.
Posteriormente se conformó otra comisión relacionada con los prisioneros políticos y torturados. Y en 2010 se inauguró el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; en él se exponen los hechos sucedidos durante esta época, esto enmarcado en el proceso de memoria histórica para la no repetición.
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También Sudáfrica tuvo su comisión de la verdad
En Sudáfrica: la creación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue parte del proceso que puso fin al régimen del Apartheid. Uno de los obstáculos que enfrentaba la promulgación de una Constitución interina era el tema de la amnistía hacia los violadores de derechos humanos. Esta polémica se resolvió en un proceso de participación pública que incluyó a la sociedad civil, religiosos y victimas, junto a la comunidad internacional.
El caso de Sudáfrica se diferencia del de otros países porque la comisión fue constituida en 1995, mediante la publicación de la Ley 34 “Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación”.
La Comisión la integraron 17 comisionados a los que se les mandató investigar los abusos cometidos desde 1960 hasta 1994; ellos debían incluir circunstancias, factores y contextos. La comisión estaba dividida en tres comités: el de violación a derechos humanos, el de reparación y rehabilitación a las víctimas, y el de amnistía.
Los comisionados que la integraron fueron seleccionados mediante un proceso de nominación nacional; este incluyó entrevistas realizadas por un panel independiente. La comisión fue encabezada por el arzobispo Desmond Tutu. A él se le debe que la comisión sea asociada con la frase: “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”.
En 1998 la comisión entregó su informe al presidente Nelson Mandela; determinó que más de 19,050 personas habían sido víctimas de violación a sus derechos humanos. Pese a ciertas polémicas, el trabajo de la comisión fue valorado como exitoso y entre sus reconocimientos están la transparencia con la que operó.
¿Qué puede aprender Nicaragua de estas experiencias?
Estas experiencias no han sido perfectas; pero dada la transparencia con la que han trabajado y las credenciales de sus integrantes, han gozado de credibilidad y legitimidad. Esto ha contribuido a dotarlas de confianza a efectos de aceptar sus hallazgos y abrazar sus conclusiones y recomendaciones. Y así como los ejemplos mencionados, existen otras; entre ellas las que investigaron el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, México, de sucesos de El Salvador, Uruguay, Nepal y la de Alemania comunista.
A partir de este reconocimiento, al compararlas con la comisión de la verdad conformada por la Asamblea Nacional sandinista en 2018, ─llamada “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz─ , se puede determinar que ésta nació con un pecado de origen: la falta de credibilidad y legitimidad, que provocó su rechazo social.
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Cuando en Nicaragua se instale un gobierno democrático, una de las principales exigencias será la de un proceso de justicia transicional. Que inexorablemente deberá pasar por la conformación de una comisión de la verdad, que sí cuente con credibilidad y legitimidad.
Cuando llegue ese momento, se deberán debatir asuntos como el intervalo de tiempo a investigar, la integración y cualidades de sus miembros, mecanismos de transparencia, no interferencia u obstrucción de la investigación, entre otros que garanticen que la conformación de la comisión y el trabajo que realice sea confiable para la sociedad que anhela verdad y justicia.
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