GIEI: “La mesa tiene que estar limpia”»
Foto: Oswaldo Rivas
Ilich Buitrago Aguilar
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Según el abogado Amerigo Incalcaterra, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los presos políticos no tienen que ser materia de cambio en las negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica.
Si bien, para la solución de la crisis política que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 es necesario el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, antes de entrar en lleno a las negociaciones “la mesa debe estar limpia”, asevera Amerigo Incalcaterra, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Incalcaterra integra el GIEI junto a Sofía Macher, Pablo Parenti y Claudia Paz y Paz Bailey, todos con alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos. Los expertos independientes fueron seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y designados por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
“La mesa tiene que estar limpia, porque una cosa es discutir cuestiones políticas otra cuestión es limpiar la mesa antes de sentarse. Nosotros hemos dicho claramente que no hay condiciones para hacer justicia en el país, por lo tanto, en todos los casos nosotros hemos pedido la liberación de todos los presos políticos y que se revise por estructuras independientes lo hecho por el actual sistema judicial”, argumenta el miembro del GIEI.
El abogado italiano sostiene que los presos políticos “no tienen que ser materia de cambio” en la mesa de negociación.
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“El solo hecho que se inició todo el proceso de detención (de líderes y participantes en protestas), es para nosotros perverso, el análisis de los casos que se están judicializando para nosotros no tienen ningún sustento para tener esa persona detenida y con la barbaridad de la sentencia en algunos casos”, afirma Incalcaterra.
Imposible lograr justicia en la actualidad en Nicaragua
El GIEI también ha concluido que en las circunstancias actuales en Nicaragua es imposible lograr que se investigue y juzgue los crímenes del régimen en Nicaragua, dada la falta de autonomía de los jueces y operadores de justicia del sistema judicial.
“Es imposible hoy día, pretender hacer justicia en Nicaragua con un sistema judicial como el que tenemos. Prácticamente está cooptada la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial en el país por las estructuras y por funcionarios afines al gobierno de Daniel Ortega”, arguye.
En su informe el GIEI señala directamente las responsabilidades Ortega y Rosario Murillo, ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de manifestantes desde abril de 2018. También se señala otros funcionarios como la Ministra de Salud, Sonia Castro, “por haber aplicado la política de no atención a víctimas”, menciona Incalcaterra.
También señalan a alcaldes y diputados como responsables de violaciones que se han cometido y crímenes.
El informe que nunca se presentó al régimen
El informe del GIEI, previsto a presentarse ante el gobierno de Ortega a finales de diciembre de 2018 y que no se realizó por señalar al régimen como el principal actor de las violaciones en derechos humanos, se ha presentado en Washington a dos de los tres firmantes del acuerdo, la CIDH y a la Secretaría de la OEA.
El GIEI también ha compartido información con el Parlamento Europeo, presentado sus hallazgos al Consejo Permanente de la OEA.
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Crímenes de lesa humanidad y su posibilidad de judicialización
Durante la corta duración del mandato del GIEI ─que se les permitió investigar los asesinatos entre el 18 de abril y el 30 de mayo─ los expertos lograron identificar 109 víctimas. Según Incalcaterra, son 109 víctimas cuyos casos están depurados y no solo recopilado a través de testimonios, sino con la utilización de otros elementos como la georeferenciación de imágenes y videos que muestran la participación de estas víctimas en el contexto de las protestas.
De los 109 casos la mayoría habían fallecido por disparos certeros a matar en la cabeza y en la parte superior del torax, lo cual revela una clara intención de matar, un trato que no es el de protocolo para el control de protestas, lo cual convierte estos actos en crímenes de lesa humanidad.
“Se trató de producir el mayor daño posible”, afirma.
¿Cómo puede Nicaragua hacer justicia si el sistema judicial está bajo control del orteguismo? El experto responde que no son muchas las opciones y se han analizado distintos panoramas.
El primero es la posibilidad de que los casos sean tratados por la Corte Penal Internacional, lo cual como primer obstáculo tiene que Nicaragua no ha ratificado el Tratado de Roma. Además, dado que China y Rusia tienen poder de veto, esta posibilidad de intervención sería compleja.
Para que la Corte Penal Internacional pueda tratar los casos, la única posibilidad que tienen Nicaragua es que el gobierno pida la investigación e intervención, pero esto no lo hará Ortega, así que esta posibilidad se abriría solo que exista un nuevo gobierno.
El tema de la Justicia Universal
Por el momento, la posibilidad que más viable se prevé es la aplicación de Justicia Universal, pero ¿cómo procede?
Incalcaterra señala que muchas legislaciones de la región prevé el uso de la Justicia Universal para crímenes de lesa humanidad.
“Puede iniciar a través de denuncias recibidas por el Poder Judicial de esa nación, lo cual inicia la investigación de los hechos ocurridos utilizando la legislación nacional que tengan y que prevé la aplicación de la Justicia Universal”, explica.
Todas estas posibilidades no han sido presentadas, pero se están analizando como posibilidades ante la necesidad de “hacer justicia en un país donde no hay independencia judicial y no ha ratificado un instrumento internacional que lo hubiera permitido y las víctimas se encuentran desamparadas”, concluye.
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