Gustavo Porras y Sonia Castro estrenan la Nica Act

El gobierno de Estados Unidos puso en su "Lista de Ciudadanos Designados" a cuatro altos funcionarios de la dictadura por abusos contra los derechos humanos: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea; Sonia Castro, ministra de Salud; Orlando Castillo, director de Telcor; y Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura. Las sanciones tienen como efecto imposibilitarles cualquier actividad financiera, al menos en Occidente.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sanciona como miembros clave del régimen para dar "una clara señal que las medidas tomadas por el presidente (Daniel) Ortega son insuficientes, autocomplacientes y ni siquiera se acercan a cumplir con las demandas de los nicaragüenses por democracia, derechos básicos y libertad"

Con estos cuatro, son 11 ya los altos funcionarios sancionados de la dictadura, la mayoría a raíz de la brutal represión contra las protestas ciudadanas que iniciaron el 18 de abril de 2018. Pero estas son diferentes.

Debuta la Nica Act

Desde hace varias semanas los nicaragüenses venían esperando el 20 de junio porque en esa fecha se cumplían los 120 días que la Nica Act establece en la sección C, inciso a, para que el Departamento de Estados presente un informe sobre los funcionarios corruptos y acusados de abusos de derechos humanos, ese mandato es amplio, pues abarca desde el 10 de enero de 2007.

El informe no se ha dado, pero un día después de vencerse el plazo, y aunque los cuatro fueron sancionado bajo la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en noviembre de 2018, el Departamento de Estado tuvo el cuidado de señalar en el segundo párrafo de su comunicado que la ministra Castro y el presidente del Legislativo, Porras "al mismo tiempo fueron designados bajo la (Nica Act)"

¿Tiene esto importancia?

Sí, y mucha. Aparte de lo señalado arriba de que la ley mandata a revisar el actuar de funcionarios que han trabajado para el régimen de Ortega desde 2007, para el politólogo y opositor Félix Maradiaga, esto demuestra que hay un compromiso de demostrar que la ley "tiene dientes".

"Lo importante es que se cumplieron los 180 días para la implementación de la Nica Act y se inicia con sanciones. Esto es más que simbólico ya que la obligación mínima era un informe del Departamento de Estado", explicó Maradiaga quien permanece en el exilio porque que perseguido por la dictadura.

"La Nica Act tiene dientes, y el énfasis es ciertamente en derechos humanos porque hay pocos instrumentos específicamente para Nicaragua en materia de derechos humanos y se quería dejar claro que el Nica Act tiene capacidad de dar un mensaje contundente", agrega Maradiaga.

Pero no se puede dejar de destacar que como la ley cubre desde 2007, cualquier funcionario que haya cometido actos de corrupción o abusos a derechos humanos desde entonces está bajo la lupa. Hay que recordar que aunque el mundo hasta hoy nota la brutalidad del orteguismo, el régimen viene cometiendo abusos y actos de corrupción prácticamente desde que Ortega tomó posesión el 10 de enero de 2007.

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Los otros dos "mensajes"

Tampoco se puede pasar por alto que uno de los sancionados es el actual ministro de Transporte e Infraestructura, Oscar Mojica. Lo importante aquí no es su actual posición, ni siquiera su supuesta participación en algún acto represivo, en realidad, en su caso no se han hecho señalamientos contundentes.

Lo que sí es destacable es que Mojica no es solo un Mayor General en retiro, sino que fue director del Instituto de Previsión Social Militar del Ejército, la institución que maneja los fondos de retiro del Ejército y que tiene importantes inversiones en Estados Unidos. Podría ser un caso de "decirle a Juan para que entienda Pedro".

Y por último, aunque no por eso menos contundente y preocupante para el régimen, es que a esta última ronda de sanciones se unió Canadá, que no solo sancionó a los cuatro mencionados el viernes, sino que incluyó a todos los señalados por abusos contra derechos humanos, nueve en total, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo.

Las sanciones de Canadá son una clara muestra que esta no es una "agresión" del imperio, sino que cada vez más países constatan el horror de la represión orteguista y están decididos a actuar en contra de esta. Queda por ver si la próxima semana en la reunión de Cancilleres de Medellín el número de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) dispuestos a condenar al régimen de Ortega al menos aumenta. Y queda por ver qué decide la Unión Europea.

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