Las medidas que el régimen podría tomar frente al Covid-19 pero no quiere

A pesar de la ausencia de medidas gubernamentales para enfrentar el coronavirus, y apartando el obvio ocultamiento de información, hasta el día de hoy el Covid-19 ha sido benevolente con la salud de los nicaragüenses. Aunque hay polémica por el hermetismo del régimen, las estadísticas oficiales ubican a Nicaragua como el país menos afectado de la región.

Lo que está más claro es el impacto económico. El país está aislado desde hace varias semanas por el cierre de fronteras en los países vecinos. También por la suspensión de operaciones del transporte aéreo y terrestre de pasajeros, que es parte de la paralización mundial.  Esto junto al autoaislamiento adoptado por gran parte de la población han impactado en la economía local. Y la población ya lo percibe a través de la pérdida de empleos.

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El Primer Informe de Coyuntura Económica 2020, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) proyecta que hasta 123,400  nicaragüenses podrían quedar sin empleo este año. Esto impediría que puedan sufragar sus necesidades básicas. Por lo que cerca de 500 mil cruzarían la línea de la pobreza.

Es por ello que diversos sectores siguen demandando al gobierno que tome medidas para proteger en primer lugar la salud de los nicaragüenses. Y como segunda prioridad el empleo y los ingresos. La recuperación económica debe ser un tema que tome protagonismo, cuando se haya superado la pandemia.

Medidas de supresión y mitigación

Para proteger la salud y la vida de los nicaragüenses, Funides recomienda que se promuevan medidas de supresión y mitigación, entre ellas:

• Promover el distanciamiento social (alejamiento físico)
• Que el Estado provea mascarillas a la población más vulnerables, trabajadores activos y por cuenta propia
• Garantizar el suministro de agua potable a zonas vulnerables
• Ordenar el cierre obligatorio de comercios no esenciales y suspender actividades que generen aglomeraciones de personas
• Promover, en la medida de lo posible el trabajo remoto
• Suspender las clases presenciales en todos los niveles educativos
• Cancelar eventos deportivos y culturales
• Permitir el ingreso a los hospitales solo en casos de emergencia
• Compra de insumos para tratar a los pacientes y de pruebas para detectar la Covid-19

Además, el centro de pensamiento considera que es responsabilidad tanto del sector público como privado desarrollar campañas educativas. Que estén enfocadas en la higiene, protección, el alejamiento físico y lo que se debe hacer en caso de que aparezcan los síntomas.

Para proteger el empleo y los ingresos

Para proteger el ingreso y el empleo Funides presenta recomendaciones para el sector público y privado: Al sector privado le aconseja:

• Promover nuevas formas de trabajo, entre ellas el trabajo desde casa, esquemas de rotación y jornadas parciales
• Horarios flexibles en sectores esenciales como provisión y venta de alimentos
• Proveer a los colaboradores de las empresas de todos los insumos y equipos de protección e higiene necesarios

Para el sector público las recomendaciones son:

• Establecer una moratoria en el pago de los créditos. Y  reducir el costo del crédito bancario y de las casas comerciales a través de un ajuste de las tasas de interés
• Establecer para la población más vulnerable y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), un periodo de gracia de tres meses para el pago de los servicios básicos
• Hacer transferencias en efectivo o en especies a los hogares más vulnerables, especialmente aquellos cuyas cabezas trabajan por cuenta propia
• Aliviar o extender el pago del Impuesto Sobre la Renta (IR) a las mipymes
• Que el Banco Central provea liquidez a la banca privada y otorgar préstamos con garantías contingentes a las empresas, condicionados a la protección del empleo

Para financiar estas medidas, Nicaragua puede solicitar fondos de la cooperación internacional. Reasignar recursos del Presupuesto General de la República. Y solicitar nuevos préstamos internacionales atados a la ayuda humanitaria en el marco de la pandemia.

La Alianza Cívica también demanda acciones

Por su parte la Alianza Cívica (AC), llamó a la población a “presionar y demandar”  al régimen  para que ejecute una serie de medidas para proteger la salud y responder a la crisis económica que enfrenta la población.

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La organización opositora propone políticas en el campo social, comercial, monetario, financiero, económico, fiscal, sectorial y de protección a los trabajadores del sector privado.

En el campo social se demanda, entre otras cosas:

• Aplicación masiva de pruebas de detección del covid-19
• Reforzar el gasto en salud
• Establecer un equipo interdisciplinario para la elaboración de ventiladores de emergencia
• Establecer un fondo de transferencias en especie, para personas en riesgo
• Mantener la merienda escolar, aun en caso de suspensión de clases
• Crear un bono alimentario para poblaciones en alto riesgo
• Establecer un monto adicional a la pensión a los 280 mil pensionados del seguro social por ser una población en alto riesgo

En el campo comercial se pide:

• Eliminar barreras arancelarias y no arancelarias para la importación de medicinas, kits de pruebas, ventiladores, material de protección sanitaria y alimentos
• Establecer un sistema rápido de otorgamiento de registro sanitario de productos esenciales para combatir la pandemia.

Políticas económicas y fiscales

Con respecto a la política monetaria, la Alianza recomienda mantener la política de libre convertibilidad de la moneda y asegurar el sostenimiento del tipo de cambio.

En cuanto a  la política económica las demandas de la Alianza Cívica incluyen:

• Suspender el pago de agua y luz por tres meses y prohibir el corte de dichos servicios
• Promover que las empresas de telecomunicaciones no suspendan servicios de telefonía celular ni de internet, necesarias para mantener a la población informada
• Reducir el precio de los combustibles y del gas licuado de acuerdo a la caída de los precios internacionales
• Crear un programa especial de atención a trabajadores por cuenta propia.

En el ámbito de la política fiscal demandan:

• Reformar el Presupuesto General de la República y crear un fondo de emergencia a fin de atender necesidades de urgencia referidas a la pandemia
• Suspender por tres meses el pago del Impuesto sobre la Renta (IR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), de la Cuota Fija, impuestos municipales a comerciantes de los mercados y el Impuesto a Bienes Inmuebles (IBI)
• Permitir que las empresas puedan descontar del pago de impuestos los gastos en equipos médicos, materiales de protección, ventiladores y pruebas de detección. También las donaciones que hagan a iniciativas públicas o privadas para el combate de la pandemia
• Agilizar la devolución de pagos de impuestos y suspender por el resto del año procesos de reparos fiscales a las empresas.

También políticas sectoriales

"El estado de Nicaragua deberá financiar estas medidas mediante el financiamiento que recibirá del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la liberación de recursos financieros anteriormente destinados al pago de deuda externa, hoy suspendida por la crisis del Covid-19".

Comunicado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia

El pliego de demandas de la organización también incluye políticas sectoriales en beneficio de los presos políticos para quienes se exige su liberación. Y para que unos cien mil nicaragüenses que están en Costa Rica reciban ayuda humanitaria. También, para facilitar el retorno de nicaragüenses que están en el exterior y necesitan volver a sus hogares.

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En el campo laboral las demandas giran en torno a la suscripción de acuerdos que protejan el empleo y garanticen el cumplimento de la ley. El fomento de acciones como las tomadas por algunas empresas que comparten los costos de la crisis al enviar a sus colaboradores de vacaciones asumiendo el pago del salario. Y la creación de un fondo de emergencia para apoyar a las mipymes que lo soliciten.

En su comunicado la Alianza Cívica también demanda del sector privado garantizar la higiene y protección de los trabajadores. Procurar el pago del salario básico mientras dura el distanciamiento social. Y el pago inmediato de prestaciones a quienes les han cancelado contrato.