En medio de la pandemia del coronavirus que mantiene semiparalizado al mundo, Nicolás Maduro y 17 personas más, entre funcionarios de Venezuela y ex-guerrilleros de Colombia fueron acusados por narcotráfico, corrupción y otros cargos criminales por el gobierno de Estados Unidos.
Además, la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofreció 30 millones de dólares de recompensa por información que facilite la captura o condena de algunos de los acusados; de estos, la mitad, 15 millones son por información sobre Maduro.
La acusación trae a la memoria la historia del general Manuel Antonio Noriega, que gobernó Panamá entre 1983 y diciembre de 1989. Noriega estaba vinculado al Cartel de Medellín ,y en 1988 fue acusado por narcotráfico en dos cortes de Estados Unidos. El 20 de diciembre de 1989 fue derrocado durante una invasión militar norteamericana.
En enero de 1990 Noriega se entregó a las autoridades de Estados Unidos, fue trasladado a ese país donde fue juzgado y condenado a 40 años de prisión. La condena fue reducida a 30 y después a 20 años. En 2008 fue extraditado a Francia donde lo condenaron a 7 años de cárcel por lavado de dinero.
Pero en 2011 fue extraditado a Panamá donde enfrentaría una pena máxima de 20 años por violaciones a los derechos humanos. Murió 2017 a los 83 años en el hospital Santo Tomás de Panamá. Estaba bajo arresto.
La acusación contra Maduro también genera conjeturas en torno a las consecuencias que puede provocar a su aliado Daniel Ortega. Dada la estrecha relación que el régimen estableció con el régimen chavista desde enero de 2007 que dio paso a un millonario intercambio de recursos a través del esquema de la cooperación petrolera que ha sido manejada por la familia Ortega Murillo sin ningún control.
Sin embargo, solo el tiempo determinará si a Ortega le toca pagar algún precio por su cercanía con Maduro. Hasta el momento de publicación de este artículo, el régimen orteguista nos se había pronunciado en apoyo a su aliado y benefactor, a pesar que ya habían pasado 24 horas desde el anuncio de la acusación.
A través de sus redes sociales, Maduro calificó la denuncia como una conspiración en su contra orquestada por Estados Unidos y Colombia.
Posteriormente, a través de una cadena nacional en la que ofrecía el informe sobre el avance de la pandemia del coronavirus, se refirió al tema. Calificó la acusación como una acción "extravagantemente extremista contra el honor de un grupo de venezolanos de bien".
Las acusaciones colectivas e individuales, interpuestas en cortes de Nueva York, Washington D.C. y Miami, inculpan a:
Junto a la acusación, el Departamento de Estado a través de su Programa de Recompensas por Narcotráfico, ofreció hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro. Hasta 10 millones de dólares por Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones. Y hasta 5 millones de dólares por Marín Arango.
Curiosamente, por Padrino López, El Aissami y Moreno Pérez, que pertenecen al círculo cercano de Maduro, no se ofrece recompensa. Solo por ex-funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Inteligencia, que incluso son calificados de traidores por Maduro.
Según las acusaciones, al menos desde 1999 actuando como líderes y gerentes del "Cartel de los Soles", así llamado porque un sol es el distintivo en el uniforme de los generales venezolanos, Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá, corrompieron las instituciones de Venezuela, incluido parte del ejército, el aparato de inteligencia, el Poder Legislativo y el Judicial. Esto les facilitó la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
“El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder. Sino también inundar a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos”, dice una de las acusaciones.
Por su parte, los líderes de las FARC, Marín y Hernández, mientras negociaban la paz con el gobierno de Colombia, acordaron con el Cartel de los Soles reubicar algunas de las operaciones del grupo guerrillero en Venezuela.
A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, sus líderes acordaron reubicar algunas de sus operaciones en Venezuela bajo la protección del Cartel de Los Soles.
“Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año”.
Acusación contra Nicolás Maduro, funcionarios venezolanos y ex-guerrilleros de las FARC
También explica que en su papel de líder del Cartel de Los Soles, Maduro negoció múltiples envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC. Entregó armas de uso militar a las FARC. Coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Y con apoyo de las FARC capacitó a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.
A Padrino López, se le señala de conspirar para distribuir cocaína a bordo de una avión registrado en los Estados Unidos. A Moreno, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, de conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con decenas de millones de dólares en sobornos que recibió para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales.
El Aissami, Ramírez Camacho y Lopez Bello son acusados de una serie de delitos relacionados con los esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra ellos y Maduro. A las otras siete personas se les implica en delitos de lavado de dinero y prácticas corruptas, vinculadas a la distribución de la droga.
Según los documentos de la acusación publicados por el Departamento de Estado, esta investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami. Y el caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal Federal para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York.
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