La Venezuela empobrecida que controla Nicolás Maduro desde 2013, con más de 100 mil infectados por la Covid-19 y más de 900 fallecidos; con largas filas de vehículos que buscan combustible en uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo; más de 5 millones de exiliados, sin alimentos ni medicinas. Celebró elecciones para diputados en la Asamblea Nacional sin la participación de la oposición que encabeza Juan Guaidó; reconocido por más de 50 países como presidente encargado en virtud de ocupar la presidencia del poder legislativo desde enero 2019.
Guaidó fue electo diputado en noviembre de 2015; por la Mesa de Unidad Democrática, que le ganó dos tercios de los escaños al partido de Maduro. La oposición verdadera, a pesar de su división, en esta ocasión no participó en las votaciones. Adujo parcialidad del Consejo Nacional Electoral electo por la Asamblea Constituyente de Diosdado Cabello.
A los principales partidos de oposición: Acción Democrática, Copei, Primero Justicia (Henrique Capriles), Voluntad Popular (Leopoldo López) y otros, el Consejo Nacional Electoral chavista y el Tribunal Supremo de Justicia, les destituyeron a los directivos originales; y los sustituyeron por dirigentes fieles a Maduro. Ellos participaron en las votaciones del 6 de diciembre para designar a una inflada Asamblea de 277 diputados; en las elecciones de 2015, solo eran 167 diputados.
La decisión de Nicolás Maduro recuerda cuando en 2016 Ortega le arrebató el control del Partido Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre. Y cuando en agosto 2010, los directivos de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), que también lideraba Montealegre; fueron sustituidos por Alejandro Mejía Ferreti y Enrique Quiñonez, entre otros. Jaime Arellano, fue entonces primer candidato a diputado por Managua. Obtuvieron el 0.37 por ciento de los votos. Es decir, el de menos de 10 mil ciudadanos; menos del número de fiscales que acreditaron. Por eso es que se dice que en las elecciones de 2011, ALN le entregó su tendido electoral a Ortega.
Ante el evidente fraude que representaba la eliminación de la oposición que encabezaba Juan Guaidó; la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima y muchas naciones habían adelantado que no reconocerían el resultado de las elecciones de Maduro.
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El Secretario de Estado saliente de Estados Unidos, Mike Pompeo denunció el mismo día de las elecciones lo fraudulento de las mismas. Lo mismo hicieron públicamente los gobiernos de Canadá, Alemania, España y Josep Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea.
Al ser cuestionado el proceder del régimen venezolano para perpetuarse en el poder que ejerce el chavismo desde hace 22 años. Cuando llegó al poder el fallecido Hugo Chávez en 1998; el régimen chavista buscó la legitimidad que le niegan los países desarrollados en algunos expresidentes. Entre ellos, los destituidos -en su momento- Fernando Lugo (Paraguay), Manuel Zelaya (Honduras) y Evo Morales; en el procesado por corrupción Rafael Correa (Ecuador) y el cuestionado expresidente socialista del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
El resto de "veedores" lo conforman algunos diputados y representantes de partidos de: Turquía, Irán, Túnez, Kenia, Congo, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Rumanía y Rusia. También, el infaltable Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. El mismo que "acompaña" las elecciones de Ortega desde 2008 y que nunca ha visto irregularidades en su acompañamiento electoral.
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En mayo 2018 los columnistas de The New York Times, Tamara Taraciuk Broner y Rafael Uzcátegui, en el artículo Rehenes del hambre en Venezuela,
afirmaron: "En la práctica, este instrumento clientelar es la única forma que tienen millones de venezolanos para mitigar el impacto de la gravísima crisis humanitaria y económica que asola al país.
Los venezolanos con carnet pueden obtener cajas de alimentos con precios controlados; también acceder a algunos procedimientos médicos, viviendas, útiles escolares, pensiones y bonos especiales, además del “premio” que Maduro ofreció a quienes voten con el carnet. Hubo denuncias de presión a los partidarios del régimen que reciben alimentos para subsistir. Muchos de ellos concurrieron a votar a última hora.
La frase del número dos, Diosdado Cabello "El que no vota, no come" se hizo viral en Venezuela y muchas redes sociales en el mundo. Confirmaba la amenaza de que quien no acudiera a votar, no comería. El mecanismo era sencillo. Después de votar, el titular del carnet debía pasar a un escritorio donde, bajo el pretexto de actualizar los datos, se scaneaba el documento. Confirmando de esa forma, el voto del "simpatizante" del gobierno.
En paralelo algo similar ocurría en Nicaragua. Según denuncias de las víctimas de los huracanes Eta e Iota, en el caribe nicaragüense, únicamente los portadores del carnet del FSLN, están siendo beneficiados con la ayuda gubernamental; a pesar que fue entregada por organismos internacionales. Así lo denunció Radio La Costeñísima en el artículo Costa Caribe: Exigen carné del FSLN a damnificados para recibir ayuda estatal.
La oposición venezolana y observadores internacionales consideran que en la elección del 6 de diciembre la abstención fue superior al 80 por ciento. El Consejo Nacional Electoral dijo que el rechazo de la población a participar en las votaciones fue de 70 por ciento. Es pequeña la diferencia entre ambos cálculos. Sobre todo, si se considera el conocido estilo chavista de tergiversar los resultados; hasta en la abstención, al igual que Ortega y su Consejo Supremo Electoral.
Sin embargo, diversas agencias de prensa, nacionales e internacionales testimoniaban con abundantes fotos y videos la escasez de ciudadanos en los centros de votación. Con excepción de aquellos lugares que eran visitados por los "veedores" internacionales.
Por lo que hemos visto, lo ocurrido en Venezuela es muy similar a lo ocurrido en Nicaragua en 2016; y es muy probable que también sea el escenario para noviembre 2021. Cuando están previstas las elecciones generales.
Es decir, Ortega controlando todas las instituciones del Estado, decidiendo quien si y quien no es directivo de los partidos de "oposición"; con cada vez menos medios independientes. Además de leyes como la Mordaza y la de Agentes Extranjeros; más la amenaza de aplicar a su antojo hasta la cadena perpetua a quien promueva el odio. Todo esto propiciaría la tormenta perfecta para la oposición; que busca una salida pacífica a un régimen que demostró que cuando fue amenazado por protestas populares, su respuesta fue brutal.
Ya estamos claros que en las actuales circunstancias, ni la OEA, ni la Unión Europea enviarían veedores o acompañantes. Pero algo está demostrado: a punta de sanciones, el régimen no cederá aunque eso signifique más miseria y dolor para los nicaragüenses. Por lo menos, eso parece lo más probable.
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