Si los censos desempeñan un papel fundamental en la administración pública, para elaborar políticas de educación, salud, vivienda, empleo, protección social, infraestructura, de género, y de desarrollo en general, ¿por qué su ejecución ha sido tan accidentada en Nicaragua? ¿por qué nadie dijo nada en Nicaragua cuando tocaba hacer uno en 2015 y ni se presupuestó?
Según Naciones Unidas “los resultados del censo se utilizan como referencia decisiva para garantizar la equidad en la distribución de la riqueza, los servicios gubernamentales y la representación en el conjunto de la nación”.
En otras palabras, sin un censo poblacional es imposible realizar ─por ejemplo─ una política social que pueda desarrollar los programas necesarios donde son más necesitados.
Tal vez la poca importancia que se le presta a esta herramienta es una de las razones ─aunque claramente no la única─ por las que el país no crece, y cuando lo hace el resultado es de manera desordenada.
En Nicaragua, por ley desde el 10 de noviembre de 1905, se estableció que “el Censo de la República se levantará cada 10 años”. Pero el último censo poblacional fue levantado entre el 28 de mayo y el 11 de junio del año 2005, bajo la administración de Enrique Bolaños Geyer; es decir que se tenía que realizar una actualización en 2015.
Cumplido el primer trimestre de 2019, el gobierno sandinista ni siquiera presupuesta un nuevo censo. La crisis sociopolítica y económica actual hace imposible pensar en uno, pero en 2015, cuando "tocaba", no fue presupuestado. Los sandinistas tampoco realizaron censos en la década de los ochenta.
Una reseña disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide), señala que por el conflicto interno que vivía el país en esa época, los censos previstos para 1982, no se pudieron realizar sino hasta 24 años después del último, esta vez bajo la administración de Violeta Barrios de Chamorro.
Según el documento “Principios y recomendaciones para los censos”, de las Naciones Unidas existen dos tipos de censos fundamentales para un país: el de Población y el de Habitación –este último en Nicaragua se conoce como de Vivienda–.
El Censo de Población, “es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra forma datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país, o de una parte bien delimitada de un país, en un momento determinado”.
La ONU señala que la población es un factor básico de la producción y distribución de la riqueza material y que no es posible planificar o llevar a cabo actividades de desarrollo económico y social ni actividades administrativas o de investigación científica sin contar con datos precisos y detallados acerca de la magnitud, la distribución y la composición de la población.
En Nicaragua, desde el Censo de Población de 1906 se contabilizan oficialmente ocho.
En el caso del Censo de Habitación o de Vivienda, en Nicaragua comenzó a realizarse en 1963; su finalidad es proporcionar información sobre el número de unidades de habitación existentes, junto con datos sobre las características estructurales y los servicios e instalaciones en las mismas.
Ambos censos están estrechamente relacionados pues a menudo se usan datos obtenidos como parte de los censos de población, incluidos los correspondientes a las personas sin alojamiento, al presentar y analizar los resultados de los censos de habitación.
La respuesta es no. En la historia de Nicaragua, los primeros recuentos censales se llevaron a cabo durante la colonia. “En 1778 y dando cumplimiento de la Real Orden del 10 de noviembre de 1776, se realizó el Padrón de la Capitanía General de Guatemala, que enumeró para la provincia de Nicaragua –incluyendo el partido de Nicoya–, una población de 106,926 habitantes”, cita la reseña disponible en el sitio web del Inide.
“El general Miguel González Saravia en su ‘Bosquejo Político Estadístico de Nicaragua’, menciona censos en 1800, 1813 y 1820. Los dos últimos permitieron designar el número de diputados a la Asamblea Constituyente que dictó la Constitución Federal de Centro América, promulgada en Guatemala el 22 de noviembre de 1824”, menciona la reseña.
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