Nicaragua no hace nada para resguardar del coronavirus a los más pobres

Al 15 de abril la pandemia del nuevo coronavirus ha dejado 1.8 millones de infectados y 117 mil muertos. Para evitar el contagio, quedarse en casa es lo más indicado. El aislamiento, ya sea impuesto, como en la mayoría de países. O por decisión propia como en Nicaragua ante la falta de acción del régimen, debe acompañarse del lavado constante de manos, para garantizar la prevención.

Sin embargo, para unos 16 millones de personas que habitan en la región Sica (Sistema de Integración Centroamericana) es imposible aplicar estas medidas. Viven hacinados en asentamientos precarios y carecen del servicio de agua potable o lo reciben únicamente durante algunas horas al día o a la semana.

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Esto impide que la vivienda se constituya en la primera línea de defensa contra el coronavirus. Además, la pobreza obliga a estas personas a decidir entre salir a la calle a buscar una fuente de ingreso y sustento. O quedarse y pasar hambre junto a sus familias.

La región Sica está integrada por Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En conjunto los ocho países poseen unos 50 millones de habitantes. De acuerdo a la clasificación de pobreza de organismos internacionales, los pobres de la región cada día deben cubrir todos sus gastos con menos de 2 dólares.

A partir del promedio de horas al día que reciben agua potable los habitantes de estos países cuando están conectados a los acueductos; se puede inferir que existe solo entre 30 y 35 por ciento de probabilidad de que los pobres (unos 16 millones de habitantes) puedan lavarse las manos cada vez que quieran, advierte Alfredo Suárez Mieses, Secretario General de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (Sisca).

Gobiernos exponen sus planes

Durante una reunión virtual realizada por el Sica y otros organismos el martes 14 de abril, los representantes de los gobiernos de la región expusieron sus planes de trabajo y compartieron experiencias. Además recibieron sugerencias para transformar esta crisis en una oportunidad para mejorar la vida de estas poblaciones aquejadas por la pobreza.

Organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH), ONU-Habitat, la Unión Europea y otras, ofrecieron su apoyo para el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de estas comunidades.

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Los representantes del régimen Ortega-Murillo, fueron los únicos que no tenían nada que informar. Pese a que desde su retorno al poder en el 2007 se autodenominó el gobierno de los pobres. No tenían nada que decir, porque en el país no existen planes para proteger a unos 2 millones de nicaragüenses. Ellos forman parte de los 16 millones que no cuentan con las condiciones básicas para evitar el contagio del coronavirus. Y además, pueden convertirse en fuentes de infección para el resto de la población.

La delegación oficial de Nicaragua que participó en la reunión estuvo integrada por Guiomar Irias, presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom). Olivia Cano, co-directora del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur). Y Sidhartha Marín, ministro asesor de la presidencia para políticas y asuntos internacionales.

Cadur habla de casas construidas

Ninguno de ellos solicitó intervenir. En representación del sector privado participó la presidenta de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), Hilaria Salinas. Ella centró su participación en el aporte de los urbanizadores a la sociedad.

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Salinas dijo que junto al gobierno han construido hasta 15 mil viviendas sociales por año. Pero no se refirió al déficit que según la cifra que el Invur reveló hace algunos años era superior a las 900 mil.

Además, ni ella ni los funcionarios se refirieron a las contantes afirmaciones de los panelistas. Todos se refirieron a la obligación de los gobiernos de adoptar medidas para proteger a la población. Y a impulsar políticas que garanticen la recuperación de la población, una vez superada la pandemia.

Diversas medidas de apoyo

Todos los participantes advirtieron que la situación es muy grave. Incluso Honduras, que es el segundo país más pobre de la región, después de Nicaragua, está desarrollando un programa de atención para estos grupos. Lo mismo ocurre en el resto de los países. Todos desarrollan programas de acuerdo a las capacidades económicas y logísticas que poseen.

Según lo reportado por Honduras, entregan canastas de alimentos cada dos semanas a 800 mil familias que habitan en asentamientos. Estableció un monitoreo del estado de salud de los habitantes de zonas vulnerables. A través de cisternas se garantiza el abastecimiento de agua a los sectores que carecen del servicio, detalló Sergio Amaya, Comisionado Nacional de Vivienda de Honduras.

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En Costa Rica la situación de las personas que viven en asentamientos según los organizadores es menos precaria que en el resto de la región. Sin embargo, Patricio Morera, viceministro de vivienda y asentamientos humanos hizo una amplia presentación sobre el protocolo de atención a estas comunidades.

Este incluye redes de atención y un monitoreo especial. A la población que habita los asentamientos informales. Por las condiciones precarias son caracterizados como focos críticos para el avance de la pandemia. En El Salvador y Panamá incluso se están entregando apoyos económicos para garantizar el pago de alquiler y moratorias en el pago de servicios básicos.

Planes para después de la pandemia

"Los estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y (asumiendo) los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social".

Diego Aulestia V., jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la Cepal

Suárez Mieses advirtió que los efectos de la pandemia pondrán en peligro los ingresos de muchos de los habitantes de la región. Con ello perderán la posibilidad de pagar el alquiler o las hipotecas y abordar de mejor manera la pandemia y buscar resiliencia.  

Por lo que aconsejó que una vez superada la actual crisis los gobiernos deben promover políticas de apoyo para estas poblaciones. Estas, deben girar en torno a garantizar el acceso a la vivienda como un derecho humano fundamental.

Para Laurent Sillano, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y ante el Sica, el problema de estas poblaciones no se resolverá garantizando únicamente el acceso al acceso al agua y otros servicios.

Sino que deben implementarse respuestas concretas. Incluso tomando ejemplo de algunas que se han impulsado en otros países. Entre ellas la extensión de la seguridad social a estos grupos, dispositivos de aseguramiento por desempleo y atención a la violencia intrafamiliar.