Desde la visita de una comisión del Parlamento Europeo en enero de este año, la Eurocámara ha mantenido los ojos sobre la dictadura. Foto Oswaldo Rivas
Hace poco más de un año el dictador Daniel Ortega restaba importancia a la posible imposición de sanciones. Ahora además de las aplicadas por Estados Unidos a funcionarios, entidades y miembros de su familia, podrían pronto sumarse las de la Unión Europea (UE), cuyos efectos debilitarán aún más la ya resquebraja economía nicaragüense.
Catorce meses han pasado desde que Ortega restó importancia a estas advertencias. Ahora cinco entidades y quince personas, entre ellas dos de sus hijos y su esposa Rosario Murillo forman parte de la lista de sancionados por Estados Unidos.
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Cada día que pasa, la Unión Europea está más cerca no solo de imponer sanciones a individuos, sino de activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) que impactaría en los ingresos percibidos por las exportaciones.
El Parlamento Europeo lo había advertido en las resoluciones de mayo de 2018 y de marzo de 2019 y ahora pasa de advertirlo a solicitarlo de manera explícita.
"Recuerda que, en consonancia con el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y pide que, dadas las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación, reza la resolución aprobado el 19 de diciembre, con 560 votos a favor, 12 en contra y 63 abstenciones.
Cuando la Eurocámara aprobó la resolución de marzo, explicamos que "una resolución del Parlamento Europeo es una petición que hacen a los Ministros de Exteriores de los 28 países miembros de la Unión Europea (UE). El poder de establecer medidas restrictivas lo tienen los ministros de Exteriores y debe ser por decisión unánime. Es decir, los 28 ministros de los países miembros, deben estar de acuerdo".
Entre marzo y ahora mucho ha pasado. La Comisión Europea ─el ejecutivo de la UE─ aprobó en octubre un régimen de sanciones para Nicaragua y advirtió entonces que procedería con las mismas de haber "un ulterior deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho".
En noviembre la dictadura recrudeció la represión y volvió a encarcelar a la joven activista belga-nicaragüense, Amaya Coppens, por llevar agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. Coppens es mencionada en la resolución recién aprobada, lo que deja clara la atención que Bélgica y la UE en general está poniendo a su caso.
Durante el debate del Parlamento Europeo sobre la crisis de Nicaragua, varios diputados señalaron que no solo nicaragüenses están sufriendo atropellos en las cárceles y exigieron la liberación de la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, encarcelada por segunda vez. En esta ocasión por llevar agua a madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre. Según los eurodiputados por desgracia Amaya no es la única que enfrenta esa situación, por lo que seguirán alzando la voz de Europa hasta que todos los presos políticos sean liberados.
Si Nicaragua es suspendida del Acuerdo de Asociación (AdA), los exportadores perderán los beneficios arancelarios que reciben en un mercado donde colocan aproximadamente 300 millones de dólares anuales,
Además, aunque muchos de los países europeos han retirado o mantienen suspendido su apoyo financiero, el Estado dejaría de percibir unos 15 millones de dólares entre préstamos y donaciones, procedentes de países del bloque comunitario contemplados en el Presupuesto General de la República del 2020.
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Reportes del Banco Central indican que en 2018 Nicaragua envío a Europa 297 millones de dólares en productos; especialmente café, productos del mar, maní, azúcar, frijol y tabaco. Aquí puede leer el reporte completo de comercio exterior del Banco Central
La mayoría de los países compradores son parte de la Unión Europea (UE), a excepción de Rusia, cuyas compras en los últimos años han rondado los 12 millones de dólares anuales.
El AdA entró en vigencia en agosto de 2013. Tiene tres pilares: el comercial, de diálogo político, y el de cooperación al desarrollo. El pilar comercial otorga beneficios arancelarios a los productos centroamericanos para ingresar al mercado de la UE.
La resolución aprobada por los eurodiputados explica que, en consonancia con lo establecido en el Acuerdo de Asociación (AdA) vigente entre Centroamérica y la Unión Europea, Nicaragua tiene obligaciones. “Debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos”.
Durante su participación en el debate, el eurodiputado español Javier Nart, explicó que la aplicación práctica del AdA se fundamenta en el comportamiento democrático, y que la resolución aprobada por el Parlamento Europeo busca que se cumplan varios puntos esenciales:
Esta amenaza se suma a otra que ya existía. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han advertido que no solucionarse la crisis, Nicaragua podría ser suspendida del DR-Cafta, (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana).
A través de las resolución también se insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a que, congelen los fondos y recursos económicos de determinadas personas físicas o jurídicas y entidades responsables, de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Nicaragua.
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Tras una amplia discusión en la que participaron cerca de veinte diputados del Parlamento Europeo, la petición generalizada fue que se cumplan los acuerdos alcanzados en marzo pasado en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el régimen, y que se retome la negociación.
Estos compromisos incluyen: liberación total de todos los presos políticos; restitución de los derechos de los ciudadanos; que se permita el libre ejercicio de las ONG; y que regresen los organismos de Derechos Humanos, incluida la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También que el gobierno y la Alianza Cívica concreten las Reformas Electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes y acordes al observatorio europeo.
Además, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, lamentó que Ortega no haya cumplido los compromisos firmados con ellos. Estos buscaban contribuir a solucionar la crisis y frenar el deterioro de los Derechos Humanos.
Estos acuerdos eran liberar a todos los presos políticos y restauras las libertades políticas.
“Pero queda claro que el gobierno ha fracasado y no ha cumplido sus promesas y compromisos, muchos presos fueron puestos en libertad pero se les detuvo justo después y las libertades no fueron restauradas. Ante estas señales negativas el Consejo de Asuntos Exteriores aprobó sanciones individuales el 14 de octubre”.
Josep Borrel, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores
Estos compromisos fueron asumidos antes de la llegada a Managua, en enero pasado, de una misión de eurodiputados. A ellos se les permitió visitar a algunos presos políticos en las celdas de El Chipote.
“Las condiciones son subhumanas… no son condiciones ni para criar cerdos. Los cerdos en mi país se meten en mejores sitios que esa celda. Es inadmisible, una vergüenza”, señaló el eurodiputado José Inácio Faria, antes de abandonar Nicaragua en enero pasado .
El incumplimiento de Ortega provocó una reacción. En octubre pasado el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE aprobara el marco para la imposición de medidas restrictivas específicas para los responsables de la represión y de las violaciones a los derechos humanos.
“Concretamente esto significa la prohibición del ingreso en territorio europeo y la congelación de activos a personas y organizaciones que han desempeñado un papel preponderante en estos abusos de derechos humanos”.
Josep Borrel, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores
Según Borrell las sanciones que se aplicaran son individuales y revertirles; y fueron diseñadas de forma que no afecten al pueblo. “Hay que seguir progresando para crear las condiciones de una salida democrática y pacífica de esta crisis. El gobierno debe cumplir con sus compromisos nada más”, insistió Borrel.
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