OEA discute hoy incumplimientos de Ortega

La crisis de Nicaragua vuelve a la mesa de discusión en la Organización de Estados Americanos (OEA) en medio de una nueva escalada represiva del régimen Ortega Murillo que en las últimas dos semanas ha provocado el arresto de cuatro precandidatos presidenciales; el de dos funcionarios de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh); y ocho dirigentes políticos y uno empresarial. Estos se sumaron a los 120 presos político que permanecían en las cáceles del régimen.

La ola represiva también ha incluido interrogatorios en el Ministerio Público a una veintena de periodistas en lo que se ha interpretado como un intento para amedrentarlo.

Los encarcelados en esta nueva ola represiva son los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; los exempleados de la FVBCh Marcos Fletes y Walter Gómez; los dirigentes políticos Violeta Granera, José Pallaís, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; y la excomandate guerrillera Dora María Téllez, el general de brigada en retiro Hugo Torres, y el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

A excepción de Cristiana Chamorro y Arturo Cruz que ya tuvieron una reunión con familiares la primera y con el abogado el segundo, los demás han sido declarados como "secuestrados y desaparecidos". Ya que no han sido vistos por sus familiares ni abogados. Por lo que no hay certeza de que se encuentren en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) como ha informado la policía en escuetos comunicados que emite tras las capturas.

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Convocan al Consejo Permanente

Este martes 15 de junio a petición de las delegaciones de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú, el Consejo Permanente de la organización realiza una sesión virtual extraordinaria; en ella, además de la escalada represiva de los últimos días se abordará el incumplimiento de Ortega del mandato de la resolución del organismo emitida el 21 de octubre del 2020.

En ella, se estableció como plazo “a más tardar en mayo de 2021” para que Ortega cumpliera una serie de recomendaciones referidas a la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE); y reformas a la Ley Electoral para garantizar elecciones libres y justas.

La OEA sugirió que se realizaran negociaciones “incluyentes y oportunas” con la oposición. Con ellas se debió garantizar una reforma electoral significativa y coherente con las normas internacionales aplicables. La organización ofreció prestar asistencia técnica para su implementación, a fin de promover elecciones libres y justas. Ortega no realizó ningún movimiento en el sentido solicitado por el organismo.

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Lo que Ortega incumplió

Estos cambios debían incluir, entre otras cosas:

1. La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable.

Sin embargo, la reestructuración que se realizó fue para llenar vacantes. Se reeligieron dos y eligieron ocho nuevos magistrados. De los diez, al menos seis son militantes del Frente Sandinista; y de los cuatro restantes, algunos son reconocidos por su afinidad con el sandinismo. Mientras que otros son personas desconocidas que fueron propuestos por partidos aliados del sandinismo. El cambio de funcionarios mantuvo el dominio del Frente Sandinista a lo interno de la institución.

2. Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.

En lugar de garantizar el respeto de estos derechos, en las últimas semanas Ortega ha agudizado la represión y el acoso hacia los opositores.

3. Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes.

Hasta ahora el CSE no ha informado de la realización de ninguna auditoria al padrón electoral. Y este ni siquiera ha sido colocado en el sitio web de la institución; tal como se acostumbraba hasta antes de 2007, cuando Daniel Ortega retornó al poder.

4. Observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.

La reforma a la Ley Electoral aprobada a finales del 2020 y que ha sido calificada por distintos sectores como “cosmética”; no incluyó el concepto de observación y mantuvo el término de “acompañamiento”. Incluso, en una entrevista brindada recientemente a una cadena internacional, la nueva presidenta del CSE Brenda Rocha, confirmó que no habrá observación internacional. Aseguró que esa es una tarea que le compete únicamente a los nicaragüenses. Según los funcionarios, los fiscales de las Juntas Receptoras de Votos serán los encargados de realizar la observación.

5. Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación.

Aunque el proceso electoral ya fue convocado, el CSE no está desarrollando ninguna campaña de cedulación; y ante las condiciones de represión y acoso, difícilmente los partidos políticos la realizarán.

6. Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real.

7. Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos.

Ortega incumplió y encarceló a candidatos

Ante todos estos incumplimientos y con el encarcelamiento de cuatro de los más fuertes aspirantes a la candidatura presidencial; que competirían por convertirse en el candidato único de la oposición para enfrentar a Ortega en las urnas el próximo 7 de noviembre, el panorama es sombrío, como lo es también lo que la OEA y la comunidad internacional podrá hacer en conjunto para garantizar que las elecciones del 7 de noviembre sean justas y libres.

De momento, no es mucho lo que se espera de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente que se realizará esta tarde. Pues todo indica que no se cuenta con los 24 votos que requiere la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Por lo que habrá una nueva resolución de condena y exigencias que como ya está demostrado no provocará ningún cambio de actitud en Ortega.

Es más, una propuesta de resolución que circula desde inicios de junio cuando se convocó la sesión extraordinaria va en la linea de las anteriores.

Más palabras de condena y rechazo

Propone “expresar la grave preocupación" de la OEA ante la falta de implementación, a partir de mayo de 2021, de reformas electorales acordes con las normas internacionales. Pues de ellas dependía garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas.

Además, “condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”.

E instar al régimen “a que sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”.