Ortega niega que haya presos políticos, asegura que son "criminales"

Tras más de un mes de no aparecer el público, Daniel Ortega aprovechó el acto del 85 aniversario del natalicio de Carlos Fonseca para ofrecer un discurso en cadena de nacional de televisión. Aseguró que los aspirantes a la candidatura presidencial y otros dirigentes políticos, sociales y empresariales que han sido capturados “serán castigados en su momento”. "Ya que "son criminales" que pretendieron "impulsar otro golpe de Estado”. Con esta afirmación mantiene la narrativa con la que ha pretendido justificar la represión que emprendió a raíz del estallido social de 2018.

Además, criticó a los países que han pedido su liberación. Porque Nicaragua no va a ningún país a pedir que liberen a cientos de presos que ellos mantienen; pero “están llorando porque en Nicaragua hay 20 presos” que serán juzgados porque en Nicaragua “si hay justicia”.

Pero incluso países considerados aliados han expresado su preocupación por la crisis. En las últimas semanas surgió una iniciativa diplomática liderada por México y Argentina que servir de mediadores. Sin embargo, esta habría fracasado ya que ambos gobiernos llamaron a consultas a sus Embajadores acreditados en Nicaragua. En el lenguaje diplomático, esta decisión es considerada una expresión de disgusto con el país anfitrión.

En las últimas tres semanas el régimen Ortega Murillo encarceló a veinte dirigentes políticos, sociales, empresariales y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FBVCh). Solo Cristiana Chamorro y Arturo Cruz han tenido contacto con sus familiares la primera y su abogado el segundo. Mientras que las familias de los otros 18 los han declarado como desaparecidos; ya que ni ellos ni los abogados han podido constatar las condiciones de su detención. Estas veinte personas se sumaron a los cerca de 120 presos políticos que ya mantenía Ortega en las cárceles.

Ortega dice que las sanciones no doblegarán a Nicaragua

Cinco de los recién capturados, son aspirantes a la candidatura presidencial. Cristiana Chamorro, acusada de supuesto lavado de dinero mediante las operaciones de la extinta FVBCh. Los otros cuatro: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, de traición a la patria. A ellos se les aplicaría la recién aprobada Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.

“Ahí están gritando los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo. Que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos; que cómo es posible que estén presos; que cómo es posible que estén procesados. Y lanzando campañas en contra de Nicaragua, campaña tras campaña. Y algunos países atreviéndose a atacar a Nicaragua cuando tienen el techo totalmente de vidrio; y no solamente el techo sino también el piso”, dijo Ortega al referirse a decenas de países que han condenado su escalada represiva.

Y añadió que estos países “están en la mayor descomposición que podamos conocer. Nosotros somos respetuosos, no nos metemos con ningún país… pero a ellos los utilizan para lanzarse contra Nicaragua y pedir más sanciones, ahí están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui… piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua”.

Además, alegó que ninguno de los detenidos es candidato. Porque aún no es tiempo de inscripción de candidaturas.  Con esta afirmación obvió que Maradiaga fue ratificado candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); Mora del Partido de Restauración Democrática (PRD); y Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, estaban inscritos como precandidatos de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).

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Ortega se adelanta a veredicto y les ofrece "castigo"

“Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos. Al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen”.

Daniel Ortega durante el acto de celebración del 85 aniversario del natalicio de Carlos Fonseca

Y adelantándose al veredicto que pueda surgir de un juicio, aseguró que serán "castigados en su momento tal como lo mandan las leyes”; y concluyó con la advertencia de que no dará “ni un paso atrás” en cuanto a este tema.

Lo que Ortega ignoró durante su discurso fue el llamado a propiciar las condiciones que garanticen elecciones libres y transparentes que también le han hecho. Pues la comunidad internacional ve el encarcelamiento de los opositores como un mecanismo para eliminar la competencia; y así garantizar su tercera reelección continua para un cuarto periodo presidencial.

Ortega soltó estas críticas dos días después que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

En dicha sesión, Bachelet llamó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a trabajar por la promoción y protección de los derechos humanos. Además, se emitió una resolución que recibió el voto de 59 países.

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Naciones Unidas y HRW piden solución a la crisis

“Ante este escenario llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica, como mínimo: liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La Alta Comisionada añadió que conforme a lo establecido en la última resolución de ese organismo se actúa para frenar esta crisis.  “Hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ello incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018”, puntualizó Bachelet.

Además, reiteró que es urgente que se autorice el regreso de su oficina a Nicaragua; y también la de los demás mecanismos de derechos humanos; a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país.

También hace dos días, Human Rights Watch (HRW) presentó un nuevo informe de la situación. Este determina que los “arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos”, parecen formar parte de una estrategia gubernamental; cuyo objetivo sería eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la tercera reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Por lo que HRW solicitó a la Organización de Naciones Unidas (PNU), “aumentar el rol que juega” respecto a la crisis.

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Vivanco pide intervención de la ONU

“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Y añadió que “apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el secretario general de la ONU (Antonio Guterres), potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”.

Vivanco recordó que la crisis nicaragüense provoca repercusiones alarmantes a nivel regional. Ya que, desde la represión gubernamental de 2018, más de 108 mil nicaragüenses se han visto obligados a huir de su país.

“Dos terceras partes de ellos ha buscado refugio en la vecina Costa Rica, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, la pandemia de Covid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW)

CIDH pide la liberación de todos los presos políticos

Mientras que este 23 de junio por la mañana, durante la presentación de un nuevo informe de la situación de los derechos humanos ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la presidenta de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) Antonia Urrejola, pidió la liberación inmediata de “todas las personas que se encuentran detenidas en el contexto de la crisis iniciada en el 2018”.

También que se garantice “su integridad y seguridad personal”; se restablezcan los derechos y garantías propias de un Estado democrático de derecho; y se realicen las reformas institucionales que aseguren un ambiente de amplia participación democrática.

“Ante esta profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional y particularmente a los actores de la región americana, para que exijan al Estado poner fin inmediato a la persecución y las detenciones de las voces disidentes u opositoras”.

Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Para la CIDH estos hechos “evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones”; y ponen en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes.

Dicha situación también fue condenada por este Consejo Permanente el pasado 15 de junio de 2021.. "El cual, urgió al Estado la adopción de medidas que aseguren elecciones libres y justas en el país, concluyendo que las actuales condiciones no las hacen posibles”, señaló Urrejola.