Daniel Ortega otra vez ante la condena de la OEA

Este 27 de diciembre la Organización de Estados Americanos se reúne una vez más para tratar la situación de Nicaragua, pero ya antes se reunieron para condenar los atropellos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de manifestantes pacíficos.

El 18 de julio la Organización de Estados Americanos no solo condenó la violencia que estaba ocurriendo en el país, sino que hizo un llamado al Gobierno para que participara "activamente y de buena fe", en el diálogo nacional. Nada sucedió

La resolución también fue específica al condenar “los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional, los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la sede de Caritas, y otros manifestantes pacíficos”.

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Otro de los aspectos que más se destacó de esta resolución, fue que se hizo un llamado al Gobierno para que trabajara en un calendario electoral que permitiera el adelanto de las elecciones, exigencia de la ciudadanía que se manifestaba en las calles. Nada sucedió.

La resolución se aprobó con 21 votos a favor: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay, Antigua y Barbuda, Argentina, Las Bahamas, Brasil, Canadá, Chile votaron positivamente. En contra estuvieron tres: el gobierno de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, hubo siete abstenciones: El Salvador, Grenada, Haití, Suriname, Trinidad y Tobago, Barbados, Belize, y tres ausentes Dominica, San Kitts y Nevis y Bolivia. 

En agosto llegó la segunda resolución aprobada en el seno de la OEA en la que se aprobó la creación de un Grupo de Trabajo que daría seguimiento a la crisis en Nicaragua y que ayudaría a encontrar una solución. El régimen Ortega Murillo no solo los calificó de injerencistas sino que no los dejó entrar.

Nuevamente fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú los países que solicitaron la sesión para abordar la crisis.

Para ese entonces, la OEA ya había realizado cuatro sesiones para tratar la crisis en Nicaragua.

La deserción de Guatemala y Honduras

La última resolución aprobada fue en septiembre. En ese entonces los países mostraron su “enérgica condena por los actos de violencia, represión y violaciones a los derechos humanos y abusos”, que se habían cometido en Nicaragua en el quinto mes de crisis. La represión solo empeoró.

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La resolución recibió 19 votos a favor de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas. Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, y Uruguay; cuatro votos en contra: Bolivia, el régimen de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, nueve abstenciones de Barbados, Belize, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, San Kitts y Nevis, Suriname, y Trinidad y Tobago. Dos países estuvieron ausentes Dominica y Grenada.

Esta vez Guatemala y Honduras se unieron a El Salvador en el grupo de "abstención" rompiendo a Centroamérica en dos: los del Triángulo del Norte que preferían ver hacia otro lado y los del sur, Costa Rica y Panamá, que se mantuvieron en la condena al régimen.

En la reunión convocada para este 27 de diciembre, se espera que se presente el informe oficial de las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial para el Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Ambos expulsados de Nicaragua el 20 de diciembre.

¿Se puede aplicar la Carta Democrática en esta sesión?

Una opción que se ha manejado es la posibilidad de que se invoque la Carta Democrática Interamericana para Nicaragua. Si se leen al pie de la letra los artículos 20 y 21 de la Carta, no habría duda que en Nicaragua hay una alteración del orden constitucional y ruptura del orden democrático.

Sobre todo a la luz del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, presentado el Washington el 21 de este mes ya que el informe ha sido contundente al señalar al régimen de haber cometido delitos de lesa humanidad en el período investigados (18 de abril al 30 de mayo inclusive).

Sin embargo, invocar el artículo 20 de la Carta Democrática solo inicia un largo proceso que contempla, de autorizarse, "gestiones diplomáticas" para coadyuvar al país miembro a volver a la senda democrática. Ante la manera que el régimen de Ortega y Murillo ha actuado frente las otras resoluciones del Consejo Permanente, el Grupo de Trabajo, la CIDH y el GIEI, no se debería esperar una reacción positiva a cualquier medida que tome el 27 de diciembre el Consejo Permanente, si es que adopta alguna.

Porque además, hay preguntas en el aire: ¿cuántas delegaciones se harán presente en Washington en una fecha en la que los diplomáticos toman vacaciones? ¿Se mantendrá el Triángulo del Norte en su actitud de pretender no ver lo que pasa en Nicaragua para así evitar que el organismo regional en algún momento pretenda inmiscuirse en esos gobiernos de institucionalidad endeble? ¿Cuál será la posición de México ahora con la cancillería de Andrés Manuel López Obrador? Y ante todo esto, ¿podrá alcanzar la OEA los 24 votos necesarios para tomar la medida más fuerte contra el régimen, que sería la eventual suspensión del organismo del Estado de Nicaragua?