Ortega prepara elecciones con "candidatos de zacate"

Cuando el sancionado presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, convocó a los diputados a sesionar de forma extraordinaria durante el receso legislativo ─que por Ley se establece a partir del 15 de diciembre─, se generó mucha expectativa. Hubo unos cuantos que pensaron que Daniel Ortega había entrado en razón y que propondría las reformas electorales o constitucionales; indispensables para establecer las garantías mínimas que demanda la oposición para participar en las elecciones.

Pero los planes del régimen eran totalmente opuestos. La sesión era para poner una lápida sobre las pretensiones presidenciales de las figuras más visibles de la oposición. Con la ley que aprobaron de manera expedita los diputados acataron el deseo de Ortega de enfrentar en 2021, igual que lo hizo en 2016, solo "candidatos de zacate" o sea, personajes que solo harán bulto en la boleta.

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Y aunque según la misma Constitución Política de Nicaragua y en todo el mundo las leyes no tienen carácter retroactivo; excepto en materia penal y cuando beneficien al reo. Estamos en Nicaragua y aquí la ley se aplica como Ortega quiere y le conviene.

La "ley guillotina"

Con la aprobación y promulgación de la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y la auto-determinación para la Paz; publicada en La Gaceta antes de 24 horas de su aprobación en la obediente Asamblea Nacional el régimen cambió las reglas del juego. Dejó todo a su favor, para escoger él y solo él, quienes serán sus "contendientes", en las elecciones de noviembre 2021.

Según la recién aprobada los nicaragüenses que:

• Encabecen o financien un golpe de estado
• Alteren el orden constitucional
• Fomenten o insten a actos terroristas
• Realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación
• Inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos
• Pidan intervenciones militares
• Se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización
• Que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones,
• Aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos
• Lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico

Serán “Traidores a la Patria”, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular. Esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua; para los “Actos de Traición”, los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”.

"Ni corrás que sos out"

El 15 de enero 1984 Enrique Bolaños Geyer, para entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); publicó un artículo en La Prensa titulado: Las elecciones como el béisbol, en la que narraba las "bandidencias" de un juez de béisbol, apodado "el Churruco" con las que quiso ilustrar la situación de las elecciones que se darían ese año en Nicaragua, cuando el Frente Sandinista se reservó todas las ventajas:

"...cuando por cualquier motivo (el Churruco) decidía hacerle 'el lado' a uno de los equipos, corría de su posición detrás del pitcher hacia primera, gritándole al bateador que acababa de batear: "Ni corrás que sos out". Y efectivamente era out. Se alegaba que esta era una decisión de apreciación del juez y por lo tanto no se aceptaban los alegatos de protesta". escribió Bolaños.

El artículo tuvo tal impacto que desde el día de su publicación al ingeniero Enrique Bolaños se le conoció como "el Churruco", no por actuar igual que el juez granadino, sino por haber ilustrado con toda claridad la situación política del país en aquel escrito.

Ahora estamos en una situación similar a la creada por Ortega en 1984. Aunque la Constitución establece que la ley no es retroactiva, con la "ley guillotina", los que aspiren a ser candidatos a presidentes de la República, diputados, alcaldes o concejales; con solo que un juez les aplique antojadiza y retroactivamente la ley aprobada hace pocas semanas, quedaran descalificados.

Es por ello que la mayoría de los que se mencionan; o son tomados en cuenta en las encuestas, como opciones o formulas presidenciales contra Ortega; al haber solicitado, demandado o aplaudido las sanciones que por violaciones a los derechos humanos han aplicado Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido o Suiza, están eliminados. Ni corran, porque ya están out.

Los primeros inhibidos

Durante la visita que realizó a Costa Rica el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo; aprovechó para reunirse con representantes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. En ese momento ambas organizaciones apostaban por consolidar la Coalición Nacional. En su reseña sobre el encuentro la Voz de los Estados Unidos (VOA) reportó: Opositores nicaragüenses piden a Pompeo sanciones para Ortega.

Entre los participantes de esa reunión sobresalían Medardo Mairena, Violeta Granera, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; cuatro de los personajes que más se mencionaban como candidatos o integrantes de una fórmula presidencial; que intentaría desalojar a Ortega de la presidencia.

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Daniel Ortega ocupa la silla presidencial desde hace catorce años de forma consecutiva, y amenaza por prolongar su permanencia hasta el 2027. Cuando ya habrá cumplido 82 años y sería el más viejo de los mandatarios de Nicaragua. Con 20 años consecutivos y 30 en total, si se le suman los 4 de la junta de Gobierno y los 6 de su primer mandato (1984-1990).

Otro que ha admitido su aspiración presidencial es el periodista Miguel Mora; pero igualmente él ha afirmado reiteradamente su apoyo a las sanciones exteriores impuestas a Daniel Ortega y sus funcionarios.

Los "habilitados"

En abril de 2017, cuando se aprobó en el congreso estadounidense la ley conocida como Nica Act, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales dijo: "No podemos actuar solamente por desestabilizar económicamente a un gobierno. Porque eso significa desestabilizar a todos los nicaragüenses". El PLC ha sido el socio en el pacto con el septuagenario dirigente sandinista Daniel Ortega.

El 6 de abril de 2017 los 91 diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una resolución que dice: "Las fuerzas representativas ante la Asamblea Nacional, coincidimos con el planteamiento del Gobierno de la República de Nicaragua respecto a la iniciativa Nica Act 2017, presentada por un grupo de congresistas de los Estados Unidos ante la Cámara de Representantes, que apunta a desestabilizar económicamente nuestro país".

Entre los diputados que aprobaron la resolución están Alfredo César Aguirre del Partido Conservador; María Haydee Ozuna y Miguel Rosales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); Byron Jerez de Alianza por la República (Apre); Alejandro Mejía Ferreti de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Mario Ascencio del Partido Liberal Independiente (PLI). Cualquiera de ellos podría ser candidato a la presidencia para competir contra Ortega.