Distopía

Ortega tiene el peor récord de derechos humanos en la región

El Día de los Derechos Humanos encuentra a Nicaragua en un estado de represión que actualmente "no tiene comparación" en la región, según una conversación que sostuvimos desde Washington con Ana Bolaños, oficial del Programa Legal para América Latina del organismo Race & Equality.

La oficial de Race & Equality hace la afirmación en momentos en que hay protestas sociales y políticas en diferentes países del continente; pero después de 20 meses de la Rebelión de Abril, Nicaragua continúa sumida en un estado de represión a la que no escapa ni la Iglesia católica, y la lista de presos políticos siguen creciendo.

"La saña no tiene punto de comparación"

Y aunque hace menos de un mes la dictadura tenía sitiada una iglesia en la que se encontraban un sacerdote y un grupo de madres en huelga de hambre y apresó a personas que intentaron llevarles agua, el régimen ha invitado a sus simpatizantes a celebrar este 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos.

Según Bolaños lo ocurrido en la Iglesia San Miguel Arcángel es tan fuerte que actualmente no conoce otro caso similar en el continente.

“La saña con la que ha actuado el régimen no tiene punto de comparación, no hay otros casos similares en la región, tampoco de los niveles de represión que ha aplicado en todo este tiempo”. dice Bolaños.

“Es una situación grave y muy crítica porque el nivel de represión utilizado en contra de estudiantes, defensores de Derechos Humanos, periodistas, activistas y en general cualquier persona que se oponga al régimen no tiene punto de comparación con lo ocurrido en otros países de América Latina. El Estado ha tratado de cerrar todos los espacios posibles de expresión”.

Ana Victoria Bolaños, oficial del Programa Legal para América Latina del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race & Equality).

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En 2018 el régimen fue señalado por delitos de lesa humanidad

En diciembre del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos de violencia registrados entre el 18 de abril y el 30 de mayo del 2018 determinó que el Estado de Nicaragua “llevó a  cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad” y que los “hechos analizados deben calificarse como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. Puede leer el informe aquí.

Tras desconocer el informe del GIEI y otros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el régimen expulso a estas misiones; en agosto había hecho lo mismo con la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

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Transforma estrategias de represión

Bolaños, dice que tras la liberación de gran parte de los prisioneros políticos se creó mucha expectativa a nivel internacional, se sabe que “en Nicaragua nada está normal” y que el régimen ha transformado sus estrategias de represión y sigue engrosando la lista de presos políticos a quienes ahora acusa de delitos comunes.

El caso más reciente es el ya mencionado de "los aguadores",  detenidos el 14 de noviembre por llevar agua a las madres de los presos políticos que realizaban una huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, a la que le fueron suspendidos los servicios de agua y luz y la policía la  mantuvo sitiada durante nueve días.

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Caso está en Naciones Unidas, dice Race & Equality

Luego de recibir la denuncia, Race & Equality junto al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó una denuncia ante el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre esa detención.

El grupo de la ONU analizará el caso, emitirá una opinión que determina si la detención fue arbitraria y luego enviará una comunicación al Estado de Nicaragua, señalando las obligaciones internacionales que ha incumplido con dicha detención.

“El Estado nicaragüense a la CIDH no le contesta, pero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a Naciones Unidas si les contesta, entonces este es otro mecanismo de monitoreo, otra forma de ejercer presión para que el Estado de Nicaragua sepa que se tienen los ojos sobre él y que se están documentando estos hechos”, explica Bolaños.

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No quiere resolver la crisis

Para Race & Equality el encarcelamiento de 16 personas por llevar agua a la Iglesia San Miguel y de otras 143, muchos de ellas exprisioneros políticos liberados con  la cuestionada Ley de Amnistía, la suspensión del dialogo y la negativa de permitir el reingreso de las misiones de la CIDH, Mesini y OACNUDH, son muestra de “que no existe disposición ni voluntad de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas ni para resolver la crisis”.

Bolaños considera que el nuevo encarcelamiento de la líder estudiantil belga-nicaragüense, Amaya Coppens, es resultado de que no abandona su activismo y confía en que las gestiones que estaría realizando desde Panamá la embajada de Bélgica propicien el respeto a su debido proceso y su pronta liberación.

Además cuestiona la Ley de Amnistía por considerar que sus cuatro artículos no cumplen los estándares internacionales y considerar que busca impunidad.

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“Las personas liberadas no puede repetir el delito, pero fueron encarcelados por protestar y eso no es un delito, por eso creo que la ley lo que busca es impunidad para los violadores de derechos humanos y evitar que sigan las protestas”, señala Bolaños.

La gente "sigue demandando sus derechos"

En medio de todo, según Bolaños es esperanzador ver que la sociedad civil sigue demandado sus derechos y luchando por recuperar los espacios de protesta.

“Lo ocurrido en Masaya con las madres de los presos políticos que estaban en huelga de hambre demuestra que pese a todo la gente está dispuesta a seguir luchando”.

Además explica que la presión nacional e internacional debe mantenerse y que deben aprovechase las revisiones periódicas a las que será sometida Nicaragua en 2020 y 2021. “Nicaragua tenía varios años de no presentar informes y este año presentó algunos, por eso será sometida a estas revisiones”.

Las revisiones periódicas de 2020

Entre las comisiones que realizarán revisiones en 2020 están: la del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR).

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Lucydalia Baca Castellón

Periodista nicaragüense graduada de la Universidad Centroamericana (UCA). Por casi trece años trabajó como reportera de las secciones política y económica del diario LA PRENSA. Ha ganado en dos ocasiones el premio Global Príncipe Alberto II de Mónaco y UNCA sobre Cambio Climático que otorga la Asociación de Corresponsales de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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