El peso de las sanciones, ¿por qué Daniel Ortega les teme tanto?»
Ilich Buitrago Aguilar
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Por fraudes electorales, corrupción y violenta represión, el régimen enfrenta dos tipos de sanciones: individuales y generales. A las individuales les tiene horror.
"Miserias humanas". Por primera vez públicamente Daniel Ortega expresó su descontento en relación a las sanciones que Estados Unidos ha aplicado a su mujer, hijo y círculo más cercano; en un intento por deslindar responsabilidades llamó “miserias humanas” a los miembros de la Alianza Cívica pretendiendo endilgarles la responsabilidad de las sanciones; mientras que en la mesa de negociación sus delegados imploran porque las mismas sean suspendidas.
Ahora que Ortega siente el peso de las sanciones sobre sus hombros, los de su familia y su círculo más cercanos, reacciona con furia. Muy lejos del tono de sorna que usó en septiembre del año pasado cuando frente a simpatizantes se preguntó: ¿y si las aplican, qué?
¿A qué sanciones le teme Daniel Ortega?
Hasta el momento, las sanciones que están afectando al régimen son las provenientes de Washington, las cuales derivan de la Ley Global Magnitsky o de Órdenes Ejecutivas firmadas directamente por el presidente Donald Trump; a las que se le suma la Nica Act que aún no implementa sanciones individuales.
Las primeras sanciones, en el marco de la represión que la dictadura desató en abril 2018, son:
- En julio 2018 Estados Unidos aplicó la Global Magnitsky a Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de Ortega; Francisco López, vicepresidente de Albanisa, y a Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua.
- En noviembre 2018, a través de una orden ejecutiva, a la lista de sancionados se sumó a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, este último asesor de seguridad nacional de Ortega
- En abril de 2019 el golpe de sanciones sería para el Banco Corporativo (Bancorp) de Nicaragua y Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja que rige Nicaragua, también por orden ejecutiva. Bancorp está en proceso de ser cerrado.
“Vamos tras los bolsillos de la familia de Ortega, quienes continúan viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense”, embajador John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump.
Las sanciones personales contra los individuos mencionados arriba son las que han entrado en efecto. Son personas muy cercanas a Ortega y no es de sorprenderse que esté fúrico y temeroso.
¿Cómo les afecta? Si bien la ley solo obliga a personas o entidades estadounidenses a no tener relaciones financieras con los sancionados, hay muchas otras entidades, empresas e inversionistas que por tener intereses en Estados Unidos, evitarán a los sancionados como a la plaga.
Sin temor a equivocarnos podemos decir que los sancionados no tienen ya tarjetas de crédito, ni cuentas en bancos, a menos que sea en Venezuela, Cuba o tal vez Rusia. Todas sus transacciones las tienen que hacer en efectivo. Y ninguna inversión importante se puede realizar en esta época en efectivo.
Además, con el cierre del Bancorp y con la sanción de Albanisa, los ingresos de ese grupo se ven seriamente golpeados. La capacidad de Albanisa para importar petróleo está seriamente limitada y las ganancias que generaba Bancorp (83 millones de dólares el año pasado) ya no existen. Esas sanciones solo los afectan directamente a ellos. Esas, las individuales, son las sanciones a las que Ortega le teme.
¿Las sanciones generales afectan al pueblo?
El martes Ortega alegó que "los que piden sanciones se alegran cada vez que sancionan al pueblo". Las sanciones a individuos no afectan al pueblo, pero ¿y las generales?
Desgraciadamente esas sí pueden tener repercusión en la gente, pero la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se darían estas sanciones? Ortega hace aquí uso de la demagogia, porque:
Las tres sanciones generales que veremos en este artículo tienen algo en común: solo existen mientras en Nicaragua haya abusos a derechos humanos, restricción de libertades, presos políticos, represión y fraude electoral. Y todo eso es responsabilidad de la dictadura.
1.- La Nica Act
Al finalizar 2018, el 20 de diciembre, Donald Trump dio sus “navidades” al régimen con la firma de la Ley Nica Act; esta ley ordena al Departamento de Estado a entregar al Congreso, en un plazo máximo de 180 días, una lista de funcionarios o ex funcionarios que desde 2007 hayan participado en violación a derechos humanos o en corrupción en Nicaragua. Esos 180 días se cumplen en junio del 2019. Se podrían venir más sanciones individuales.
Pero la Nica Act, también contempla restricciones a los préstamos otorgados al gobierno por instituciones financieras internacionales donde Estados Unidos tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.
Entre estas instituciones se encuentran el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) señala que “si bien la ley no afecta la cartera aprobada de proyectos, ésta ya fue afectada por la crisis que atraviesa Nicaragua ya que se estima que los desembolsos de recursos del Banco Mundial y el BID disminuyeron en 2018 como resultado de mayores controles por parte de estos organismos multilaterales para asegurar el correcto uso de los fondos”.
En 2019, como resultado de las sanciones establecidas en la ley, los organismos multilaterales no aprobarían nuevos proyectos, a menos, claro está, que cesen la represión, las violaciones a los derechos humanos, se liberen a los presos políticos y se den lo pasos para garantizar elecciones libres, justas y transparentes.
2.- La amenaza en la OEA
Por otro lado, el régimen también está amenazado por la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), instrumento que pretende facilitar mecanismos de acción a la Organización de Estados Americanos (OEA) “cuando alguno de sus países miembros experimente perturbaciones al orden constitucional y democrático”.
“Este documento establece los elementos necesarios para el ejercicio de la democracia representativa. Los principales ejes de la CDI son: el respeto a los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, la autonomía de los poderes del Estado, el pluralismo político y el derecho de los ciudadanos al sufragio universal, libre, secreto y no coercitivo”.
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Funides explica que la CDI contempla la posible suspensión del Estado involucrado de la OEA, acción que representa consecuencias diplomáticas entre las cuales se pueden mencionar la suspensión de relaciones, la clausura de embajadas y el retiro del personal diplomático en el país de los demás miembros de la organización, así como países que no se encuentren dentro de la OEA pero que decidan adherirse a la iniciativa.
“Este tipo de acciones conlleva al aislamiento internacional del país sancionado y puede derivar en posibles afectaciones económicas. Por ejemplo, el Estado sancionado tendría dificultades para acceder a préstamos de organismos multilaterales”, indica Funides.
Un antecedente de la aplicación de la CDI se dio en 2009 en Honduras como consecuencia de la expulsión de Manuel Zelaya del poder. Honduras fue expulsada de la OEA y el BID suspendió sus desembolsos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, también se replegaron del Estado sancionado.
El cóctel Nica Act y CDI
Funides señala que ambas sanciones tendrían un efecto indirecto en el crecimiento económico a través del aumento en la incertidumbre de los agentes económicos. “Este efecto sería de mayor impacto que la paulatina reducción de la cooperación internacional”, apunta.
En este sentido, la mayor incertidumbre produciría los siguientes resultados:
- Menores flujos de inversión, tanto de nueva inversión como de reinversión, lo que afectaría en especial al sector de la construcción. A su vez, esto tendría un efecto multiplicador negativo en el empleo y consumo.
- Continúa la afectación al turismo al ser Nicaragua calificada como una “amenaza para la seguridad nacional” de EE.UU.
- Contracción de la industria manufacturera, debido a una menor demanda externa en algunos rubros de exportación tradicional y de zonas francas.
- Aceleración de la salida de depósitos, como resultado del aumento de la incertidumbre derivada de la ley. La mayor salida de depósitos obligaría a la banca a continuar con su política de contracción del crédito, como mecanismo de protección de liquidez.
- Reducción de las líneas de asistencia financiera internacionales para la banca nacional producto del mayor riesgo país derivado de la señal negativa que envía la ley.
3.- Peligra el acuerdo con la UE
Con la Unión Europea (UE) peligra el Acuerdo de Asociación (AdA), el cual fue firmado en junio de 2012.
Este acuerdo tiene tres pilares: Diálogo Político, Cooperación y Comercial, al que se le da más importancia es al Comercial, el cual trata del establecimiento gradual de una zona de libre comercio UE-CA para la diversificación de las exportaciones y desarrollo de las inversiones.
Sin embargo, con un Parlamento Europeo que ha condenado al régimen Ortega Murillo y que ha solicitado a la Comisión Europea (el ejecutivo de la UE) tomar medidas, Nicaragua podrá perder todos los beneficios del AdA.
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Según Funides, esto implicaría una pérdida de competitividad para los principales productos de exportación de Nicaragua a Europa, pues los exportadores nicaragüenses observarán un aumento en sus precios.
Adicionalmente, la expulsión tendría un impacto en la inversión en el país. Debido a que el entorno para hacer negocios en Nicaragua se afecta aún más.
También se encarecería la producción
Finalmente, explica Funides, por el lado del consumidor, también se tendría una afectación, es caso de la UE es solo un ejemplo, pues las otras sanciones tendrían efectos similares.
"Por ejemplo, según el Atlas de Complejidad Económica, las importaciones de Nicaragua provenientes de Alemania, principal socio comercial de la UE, en 2017 (US$120 millones) eran en su mayoría equipos y maquinaria eléctrica, productos químicos (principalmente medicamentos) y plásticos. Todos ellos entran al país con arancel cero en el presente y su costo aumentaría considerablemente con la expulsión del AdA", concluye Funides.
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