El Salvador está saliendo de un gobierno de izquierda que permaneció en el poder por diez años, el del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido prácticamente gemelo del Frente Sandinista en Nicaragua.
Sin embargo, en este tiempo los poderes paralelos al Ejecutivo ─Legislativo, Electoral y Judicial─ permanecieron en total independencia en El Salvador, es decir, sin repetir la fórmula de centralización que han aplicado otros gobiernos de izquierda como el de Nicaragua.
El FMLN, que incluso forma parte de los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), no replicó en su gobierno el modelo de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde sus mandatarios no abandonan el poder.
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El claro ejemplo de la centralización del poder en Nicaragua puede verse casi a diario; por ejemplo, el 27 de febrero, cuando por decisión de Daniel Ortega, se ordenó al Poder Judicial se procedió a cambiar el régimen carcelario de una centena de presos políticos que estaban en las cárceles del régimen y se les permitió casa por cárcel.
El hecho demuestra el sometimiento del Poder Judicial ante el dictador. El hoy exmagistrado, Rafael Solís, quien por casi dos décadas fue el operador político de Ortega en la Corte Suprema lo puso claro en su carta de renuncia: los juicios se dirigen desde El Carmen (residencia de Ortega). Ahora, 100 presos político tienen casa por cárcel también por decisión de Ortega.
En cambio, a los salvadoreños ni siquiera se les pasa por la mente que un funcionario público participe activamente en una agrupación política, plantea el editor jefe del diario El Mundo, Álvaro Cruz Rojas.
“(En El Salvador) el tema de la independencia de poderes es absolutamente claro, la Corte Suprema es absolutamente independiente, el Tribunal Electoral, la Fiscalía. No se nos ocurre, aquí si aparece un juez con un carnet de partido político, de cualquiera, no solo del FMLN, lo expulsan”, hace hincapié Cruz Rojas.
A diferencia del Frente Sandinista en Nicaragua, según Cruz Rojas, en El Salvador el FMLN decidió “jugar con las reglas del juego democrático”, por ende respetó la independencia de los poderes sin absorber sus decisiones y facultades.
Ejemplo de ello es que hoy enfrentan una gran derrota electoral donde tanto esta fuerza política como la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que durante 30 años protagonizaron el bipartidismo en El Salvador, no objetan los resultados de las elecciones donde resultó ganador Nayib Bukele, con un partido emergente.
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“Yo creo que esto viene desde antes de los acuerdos de paz, desde la constituyente de 1983, la Constitución fue bien pensada para tener los candados, los pesos y contrapesos se respetaron, se establecieron bien claramente desde entonces. Luego, con los acuerdos de paz se consolidaron”, afirma el periodista nicaragüense con 20 años de residir en El Salvador.
De hecho, Cruz Rojas analiza que aunque el FMLN como partido político sí tuvo gran influencia en el gobierno tanto de Mauricio Funes (presidente en el período 2009-2014) como el del presidente saliente, Salvador Sánchez Cerén, el partido no dispuso de ese poder para nombrar cuadros en otros poderes del Estsado.
“En gran medida el partido no tenía cuadros que pudieran aportar eficiencia o contribuir a la administración pública. Para que te des una idea, una doctora en medicina dirige el Ministerio de Economía, entonces son situaciones que uno se da cuenta que no tienen la menor idea de la administración pública”, explica.
Otro aspecto que permitió la independencia de poderes en El Salvador es la desconfianza entre las dos agrupaciones históricamente más fuertes en este país, el FMLN y Arena, pues Cruz Rojas indica que esta funciona a manera de fiscalización.
“Yo te diría que también funciona una especie de mutuas desconfianzas entre las fuerzas políticas que hace que todos se vigilen unos a otros y de tal manera que nadie puede tener control absoluto de nada”, argumenta.
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Ubicando el ejemplo del periodista a la realidad de Nicaragua, lo que nunca existió en El Salvador fue un pacto entre político, tal como el que se dio entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán con el Frente Sandinista, hecho que culminó con las reformas constitucionales del año 2000 en las que el Alemán y Ortega se repartieron los poderes del Estado.
El pacto terminó de destruir una institucionalidad democráticas que estaba apenas consolidándose en Nicaragua y más bien fortaleció a Daniel Ortega.
Un vestigio de este pacto se puede ver la mesa de negociación también iniciada el 27 de febrero. Uno de los exfuncionarios del PLC y actual aliado del orteguismo, como lo es el tránsfuga Wilfredo Navarro, está sentado representando los intereses del régimen de Ortega.
Finalmente, Cruz Rojas asevera que en la independencia de poderes en El Salvador también hubo un papel muy importante de la sociedad civil y la clase empresarial.
“(Ambas partes) sumamente exigentes que esos candados (de independencia) se respeten, que esa separación de poderes prevalezca. El tema de libertades es algo muy importante para el salvadoreño”, concluye.
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