¿Puede la población aprovechar los árboles tumbados por los huracanes Eta e Iota? »
Según informes preliminares del Inafor, solo en las áreas urbanas y peri urbanas, más de 21 mil árboles fueron derribados por los huracanes Iota y Eta. Foto tomada del portal oficial El 19 Digital
4to Mono
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Hace dos meses, cuando los huracanes Eta e Iota azotaron el Caribe Norte, el Instituto Nacional Forestal (Inafor) emitió una resolución en la que ordena que la madera tumbada en los bosques naturales sea utilizada para la reconstrucción local. Hasta ahora no se conocen los avances de ese proceso
Luego del golpe de los huracanes Eta e Iota; que en noviembre tocaron tierra en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua, quedó un rastro de destrucción. No solo en la infraestructura, sino también en el ecosistema de la zona. Las imágenes de grandes árboles caídos sobre calles y caminos son apenas una pequeña prueba de ello. Según reportes preliminares, miles de hectáreas de bosques naturales fueron afectadas en mayor o menor grado.
Para Salvador Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Reforestadores (Confor); los árboles derribados por los huracanes en los bosques naturales deben servir para que los pobladores de las zonas afectadas pongan en pie lo que fue arrasado.
“Lo que debería hacerse es que las comunidades cercanas aprovechen la madera de estos árboles; para la reconstrucción de sus casas, escuelas, iglesias”, expresó Mayorga y a su vez mencionó que si hay áreas más grandes caídas debería hacerse un estudio de las mismas.
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El ambientalista Amaru Ruiz coincide con Mayorga en que lo ideal sería “realizar un estudio técnico ambiental. Que determine cuál es la situación de los ecosistemas; dónde está el mayor impacto, qué se puede aprovechar y trabajar sobre la base de la demanda y no de la oferta”.
Sin embargo, un estudio exhaustivo de los daños en un área tan extensa es casi imposible para las instituciones estatales; y ese es solo uno de los problemas.
Complicado plan de “aprovechamiento familiar”
A raíz de estos desastres, el 24 de noviembre de 2020, el Instituto Nacional Forestal (Inafor) firmó una resolución. En ella se establecen las condiciones para el "aprovechamiento familiar" de los árboles "en las zonas de mayor afectación".
Los requisitos para que las familias afectadas puedan utilizar la madera de los árboles tumbados son entre otros:
- Georreferenciación del área de intervención
- Una guía metodológica de aprovechamiento
- Inventario forestal
- Plan de reposición de 10 plantas por cada árbol utilizado
- Comprobante de inspección
- Aprobación de un regente forestal
No obstante, Ruiz considera que no es viable que familias empobrecidas y que lo han perdido todo puedan acceder a este beneficio; debido justamente a la cantidad de requisitos exigidos por el Estado. Ese es uno de los factores por los que teme “que no esté listo el andamiaje de aprovechamiento forestal”.
Informe preliminar de daños
Los datos del Inafor son estremecedores. El seis de noviembre, cuando solo Eta había tocado tierra ya habían caído 1,650 árboles de diferentes especies; y eso solo en los sectores urbanos y periurbanos. No obstante, en la zona de Isnawas, Prinzapolka, también hubo afectaciones en el bosque de las márgenes del río.
Para el 18 de noviembre, tras el paso de Iota se contabilizaron 1,722 árboles caídos. De nuevo, dicha cifra contabiliza solamente los caídos en áreas urbanas y periurbanas; en este caso en los municipios de Rosita, Bluefields, Bilwi y los departamentos de Boaco, Carazo, Managua, Rivas, Jinotega, Matagalpa y Zelaya Central.
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Tras seis semanas de haber sido firmada la resolución emitida por el Inafor y nueve del pasó de Eta; la única medida que se conoce para reforestar el bosque, es la entrega de mas de 30 mil plantas frutales a familias de la RACCN. Los árboles entregados serán sembrados en comunidades de: Bilwi, Waspam, Triángulo Minero, Prinzapolka, y Haoulover; donde las zonas boscosas fueron severamente dañadas. Según informes preliminares del Inafor, solo en las áreas urbanas y peri urbanas de esos municipios se perdieron 21 mil árboles.
“La trayectoria del huracán Iota afectó áreas protegidas con ecosistemas frágiles que se encuentran a más de mil metros sobre el nivel del mar; algunas siendo las más altas del país. Los vientos de categoría cuatro generaron afectaciones importantes a los bosques de pino y de árboles propios de los humedales”.
Informe de Fundación del Río
El mismo documento de la Fundación del Río señala que hay unas 905,031 hectáreas impactadas principalmente en áreas protegidas.
La devastación del Huracán Félix
Nicaragua ya había pasado por esto antes. Un informe divulgado por el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana (Nitlapan-UCA), determinó que como parte de los daños al ecosistema forestal ocasionados por el Huracán Félix; que tocó suelo en la Costa Caribe Norte de Nicaragua en octubre 2007, unas 512 mil hectáreas fueron altamente afectadas. La mayoría, 509,813 de bosque latifoliado y el resto de pinares.
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De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (conocida mundialmente como FAO); a través de su informe: Evaluación de Daños Causados por el Huracán Félix en el Caribe de Nicaragua detalló que en aquel momento hubo algunos lugares de la zona norte del Caribe, en los que más del 75 por ciento de los árboles fueron derribados.
“Aquello que nosotros vimos, que era un paraje paradisíaco en términos de bosques, de flora y de fauna, prácticamente ahora ya no existe nada. La destrucción es inmensa”, describe el informe de la FAO.
Con el Félix tampoco se pudo
A raíz de la furia del huracán Félix hubo que replantear el sistema de aprovechamiento forestal de forma técnica y jurídica. Tal como indica la investigación realizada por Nitlapan “esta situación obligó a las autoridades rectoras del sector forestal a redactar una Guía Simplificada para la elaboración de Planes de Aprovechamiento Forestal (PAF). La cual está acompañada y respaldada por un marco jurídico emitido por la Dirección Ejecutiva del Inafor central”. La prioridad de todo era la reconstrucción de viviendas.
“Los PAF fueron una herramienta valiosa para tener una idea y detalle de la madera caída; y proyectar la factibilidad económica de su aprovechamiento. Al menos en el planteamiento político se procuró que las comunidades fueran las más beneficiadas. Sin embargo, en la vigilancia de los mismos no era posible que en 800 mil hectáreas de bosque latifoliado tumbado o afectado (por Félix) tuvieran presencia las instituciones del Estado; que son muy pequeñas, además, existen zonas afectadas que son inaccesibles”, explica el estudio.
Ruiz aclara que los problemas que enfrentó la gente se dieron en la práctica. “Se vio que no había caminos, no estaban cerca los aserríos, se tenía que invertir en maquinaria, el acceso era difícil, hubo una serie de problemas y además podía no ser rentable porque cuando se deja mucho tiempo la madera caída se pudre”.
Para que la población se beneficie
Según Amaru Ruiz, para que la ciudadanía que perdió sus hogares haga uso efectivo de la madera, deben cumplirse dos pasos:
“Lo primero que se tiene que hacer es un estudio de la situación de las zonas impactadas. De los recursos forestales impactados, del volumen de madera caída, del volumen de madera en pie afectada, del volumen de madera que se puede aprovechar. Paralelamente a eso, se tiene que definir cuál es la demanda real que existe. Cuántas casas se deben construir para determinar cuánta madera se va a necesitar y qué tipo de madera”, señala Ruiz.
El segundo paso según Ruiz debería ser generar un mecanismo comunitario de aprovechamiento de esos recursos forestales. Para eso se debe disponer de técnicos de Inafor que estén en la zona y que permitan, con un trámite sencillo, que puede ser una carta firmada por la persona que va a aprovechar que ese técnico vaya a inspeccionar el árbol y que ahí mismo le firme el permiso de aprovechamiento.
"Se hace un acta, firman las dos partes, se toman fotos y el técnico se encarga de subir esa información. Ese es el mecanismo más sencillo, incluso sin pagar impuestos. Es más debería haber un subsidio para eso y que el Estado asuma los costos de tener un técnico ahí para que haga todo el proceso de inspección”, recomienda Ruiz.
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