Ayer 12 de diciembre, en horas de mediodía, las redes sociales y el Whastapp elevaron su actividad casi a los niveles de los meses de abril, mayo y junio de 2018, el período más cruento de la Rebelión de Abril.
A esa hora, casi al mismo tiempo se combinaron dos hechos, en Metrocentro la Policía agredía a madres de presos políticos, madres de manifestantes asesinados, periodistas y opositores con gran violencia; mientras de Washington llegaba la noticia de la sanción a Rafael Ortega Murillo y las empresas que controla.
Como si eso no hubiera bastado, a los pocos minutos, Rosario Murillo, en su acostumbrada "homilía" que transmiten los medios de su propiedad, perdió los estribos y expulsó su hoy famoso exabrupto: "¡dejen de joder!"
Estas "bombas informativas" crearon un efecto de eclipse total a una actividad que ─quizás, a la larga─ sea lo que mayor impacto tenga en la solución de la crisis. La Alianza Cívica (AC) y la Unidad Nacional Azul y Blanco demostraban que podían trabajar unidas.
Luego de semanas de negociación la AC y la UNAB presentaron una propuesta consensuada de garantías políticas y reformas Constitucionales y Electorales. Puede leer la propuesta completa aquí.
Esta propuesta, dijeron las organizaciones, son indispensables para desarrollar un proceso electoral libre y transparente.
Dichas reformas pondrían fin a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde 2018, y abriría el camino hacia la transición democrática que se requiere para garantizar la recuperación económica y social.
Sin embargo, la voluntad del régimen Ortega-Murillo es indispensable para concretar la aprobación de este paquete de reformas y no se cuenta con ella. Por lo tanto, más que una propuesta es una esperanza que para hacerse realidad se deben combinar diferentes factores.
Para aprobar el ambicioso paquete de reformas presentado por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), se requiere de condiciones políticas previas. Y está basado en diez reformas a la Constitución y seis ejes de cambio en el sistema electoral.
Las reformas a la Constitución Política que contiene la propuesta giran en torno a:
Los requisitos y procedimientos para el nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE); y el restablecimiento de las candidaturas por Suscripción Popular o independientes, para elecciones a nivel municipal y regional.
Eliminar de la Constitución Política la aplicación de la norma jurídica del transfuguismo; y garantizar que ex-carcelados y exiliados puedan optar a cargos de elección popular.
Establecer la no reelección para presidente y vicepresidente; y prohibir la candidatura del cónyuge del presidente en el ejercicio; restablecer el 50 por ciento más 1 voto para ganar la elección o realizar una segunda vuelta si no se alcanza ese umbral.
Derogar el requisito del 4 por ciento para que partidos políticos puedan mantener personalidad jurídica; eliminar diputaciones sin voto; y penalizar el fraude y la manipulación de procesos electorales con la inhabilitación vitalicia, además de las penas contempladas en el Código Penal.
La propuesta también contempla establecer control jurisdiccional ante las decisiones del CSE; y la posibilidad de solicitud del Referéndum Revocatorio a mitad del mandato de presidente y vicepresidente.
Adicionalmente se proponen seis ejes de reformas al Sistema Electoral, para garantizar procesos electorales confiables, independientes y transparentes. Los primeros tres están enfocados en la confianza en el sistema: Estos ejes garantizarían:
Los otros tres ejes de la reforma electoral están dirigidos al fortalecimiento de los mecanismo de participación ciudadana. Estos son:
Las condiciones políticas previas que demandan las organizaciones para poder participar en una eventual contienda electoral: restablecimiento de derechos y garantías ciudadanas y liberación definitiva de todos los presos políticos.
Ambas demandas son parte de los acuerdos firmados en marzo, en la mesa de negociación entre el régimen y la Alianza Cívica.
“Esta (un sistema electoral confiable) es una necesidad nacional para que nunca más se establezcan regímenes dictatoriales, familiares, totalitarios, ni dictaduras, de tal manera que refleja la necesidad de un pueblo que está clamando para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir en Nicaragua”.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica
Los dirigentes de la Alianza y de la UNAB consideran que una de las condiciones para que estos cambios se concreten, es que la población se apropie de ella y la defienda.
Pero también admiten que requiere la voluntad del régimen Ortega-Murillo y que hasta ahora este no ha dado muestras de querer contribuir a solucionar la crisis.
“Estamos en un círculo vicioso, necesitamos hacerlas pero no tenemos los mecanismos para hacerlas”, dijo Bonifacio Miranda Bengoechea, de la UNAB mientras presentaba la propuesta de reformas constitucionales.
Para Miranda la única manera de obtener los mecanismos es que la ciudadanía se apropie de este proyecto de reformas y que la comunidad internacional presione para que se den.
“La única manera de lograr este cambio, es que este proyecto de reformas electorales sea difundido hacia la ciudadanía para que ésta lo asuma como suyo y al mismo tiempo la comunidad internacional juegue su papel para forzar su aprobación”.
Bonifacio Miranda Bengoechea, Unidad Nacional Azul y Blanco
Guillermo Incer del consejo político de la UNAB, considera que solo un cambio en la correlación de fuerzas permitirá que esta propuesta de reformas se concrete y ese cambio dependerá de la máxima presión nacional e internacional.
“En el momento en que estamos la máxima presión nacional pasa por recuperar las calles y ejercer la máxima presión económica para lo cual la contribución del sector privado y del gran capital es indispensable”, asegura Incer.
Ante las críticas de diversos sectores que rechazan la posibilidad de que se realice un proceso electoral con Ortega en el poder, la dirigente de la UNAB, Violeta Granera pidió entender que la vía de solución de la crisis tiene que ser pacifica y legal.
“Tenemos que entender todos que si tuviéramos una varita mágica para desaparecer a Ortega de Nicaragua ya lo hubiéramos hecho, estoy segura. Tenemos que entender que no queremos guerra y que por eso, porque no queremos guerra tenemos que usar toda la fuerza ciudadana", señaló Granera.
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