A partir de ahora que el Consejo Permanente ya conoce el informe de la Comisión de Alto Nivel, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco deben redoblar los esfuerzos para conseguir los 24 votos que se requieren para convocar una Asamblea General en donde se decida cuál será el siguiente paso que dará la Organización de Estados Americanos (OEA) para resolver la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018.
Entre las opciones ─si se logran los 24 votos─ las más probables son:
La suspensión de Ortega es cada vez una opción menos atractiva. Varios representantes consideran que "se perdería la capacidad de incidir en la solución de la crisis",
De momento, y basándonos en votaciones anteriores y los cambios en la geopolítica latinoamericana, los votos seguros al día de hoy son solamente 22. Aunque Argentina con seguridad se perderá a partir del 10 de diciembre cuando tome posesión el presidente peronista Alberto Fernández.
La sesión extraordinaria celebrada este lunes 25 de noviembre era para recibir el informe elaborado por la Comisión de Alto Nivel; esta determinó que en Nicaragua hay un rompimiento del orden democrático. Ahora quedó a discreción de los países miembros decidir cuál será el siguiente paso.
“(La sesión extraordinaria) no tenía como propósito llevar el documento a votación o votar las recomendaciones… ahora queda a discusión el procedimiento de convocar una Asamblea General. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente encontrar la justificación y propósito de por qué hay que tener una Asamblea General, y si existen los 24 votos necesarios para convocar una Asamblea General”, explica Manuel Orozco, director de programas de Diálogo Interamericano.
Según Orozco, la razón de ser de esto es que los estados miembros interpreten el significado de la resolución que entregó la misión. “Para algunos estados, el informe refleja un tipo de ‘fact-finding’ effort, para otros refleja un intento fallido de gestiones diplomáticas cuando el gobierno bloqueó de su entrada, para otros miembros es ambos”, dice Orozco.
El representante de Diálogo Interamericano añade que “el tema es que esa diferencia (de criterios) es importante porque quienes creen que lo que se hizo fue fact finding, no ven valor agregado al esfuerzo. La mayoría de los países, sin embargo, cree firmemente en que la negativa de recibir a esta comisión fue un rechazo a su gestión diplomática”.
Dentro del seno de los estados miembros ellos tienen que llegar a sus propias conclusiones y después acordar por qué se convoca una Asamblea General.
"Hay un sentimiento general de la importancia de convocarla, pero no existe consenso de que el propósito sea suspender a Nicaragua de la organización. El debate ahorita, antes de convocar la Asamblea General para así asegurar los votos, es definir el propósito (de la Asamblea General). ¿Si no es suspensión, entonces para qué se convoca?”.
Manuel Orozco, director de programas de Diálogo Interamericano
De momento el trabajo de los estados miembros es debatir de entre las opciones. según Orozco, se manejan dos posibles caminos:
Para contexto sobre la última posibilidad lea: ¿OEA podría desconocer elecciones de 2021?
Pero todo dependerá de que la Alianza Cívica y la Unidad Nacional consigan mediante el cabildeo diplomático, el apoyo de los países para convocar la Asamblea General extraordinaria y los votos necesarios para tomar una decisión en torno al tema de Nicaragua.
San Vicente y Granadinas fue el único país que respaldó el rechazo expresado por la representación del régimen Ortega-Murillo al informe.
A propósito del único aliado firme que le queda a Ortega, lea: ¿Quién es Ralph Gonsalves, el "tío Ralph" de los Ortega Murillo?
Bolivia y Venezuela, eran antiguos aliados del régimen; pero ahora que ha cambiado su realidad política, se unieron a países que siempre han buscado la vía pacífica para solucionar la crisis.
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y Argentina que condenaron la represión y pidieron respeto a los derechos humanos, reanudación del diálogo, liberación de los presos políticos, se ofrecieron como mediadores o apoyaron la convocatoria de un periodo de sesiones de la Asamblea General del organismo para abordar la crisis, tal como lo recomienda el informe.
“La OEA ya no es un intermediario honesto porque interfiere en los procesos electorales de algunos Estados miembros... La OEA no tiene que imponer su visión en los asuntos internos de otros países”, expresó la representante de San Vicente y las Granadinas.
La representante permanente de Nicaragua en el OEA, Ruth Tapia dijo que el gobierno “en el ejercicio de su soberanía ha rechazado y declarado de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para nuestro país, la resolución injerencista de la pasada Asamblea General de la OEA y el intento de crear una comisión sobre Nicaragua y las acciones e informes que de esta se deriven”.
Antonia Urrejola de la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH), aseguró que la crisis de derechos humanos en continúa y se agrava.
En la reunión también presentaron testimonio de la agudización de la represión, representantes de diversos grupos, en su mayoría víctimas, entre ellos:
"Solicitamos a los Estados miembros de la OEA un claro e inequívoco reconocimiento de la ilegitimidad de un Gobierno que alteró el orden constitucional, al grado de destruir las bases de nuestra democracia, y que en consecuencia, apruebe la puesta en marcha de todos los mecanismos previstos en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática que contribuyan al restablecimiento de las garantías constitucionales a las libertades públicas".
Edwin Carcache, dirigente estudiantil, miembro de la Alianza Cívica y excarcelado político
El secretario general de la OEA, Luis Almagro condenó, el acoso a la Iglesia San Miguel de Masaya; Catorce personas, entre ellas madres de presos políticos en huelga de hambre y el párroco Edwin Román, permanecieron nueve días sitiados y sin agua.
También criticó el encarcelamiento de trece personas, que por intentar llevar agua a la iglesia ahora están siendo acusados en los tribunales por diversos delitos. Con ellos, se eleva a 155 la cantidad de presos políticos reportados desde junio de 2019 cuando se suspendió el diálogo, dijo Almagro.
Almagro lamentó que en Nicaragua se continúe violando los derechos humanos, persiguiendo, hostigando y deteniendo a quienes intentan manifestarse pacíficamente; advirtió que Nicaragua debe restablecer las libertades civiles y políticas, la paz, la justicia y la reinstitucionalización del país.
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