Funeral del joven estudiante Matt Romero, el joven de 16 años era estudiante de secundaria y fue asesinado por los paramilitares en la marcha por la liberación de los presos políticos.
Por segundo año consecutivo Nicaragua rechazó los señalamientos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El nuevo informe advierte sobre el incremento de la represión y la persistencia de la impunidad ante los crímenes cometidos durante la crisis de 2018.
Y aunque no existe un mecanismo para obligar al régimen Ortega Murillo a cumplir las recomendaciones del organismo, la falta de acatamiento de estas, puede propiciar el incremento de la presión internacional, sobre todo si la oposición tuviera ─aunque hasta el momento no la ha exhibido─ una estrategia para darle una efectiva batalla al régimen en el plano internacional.
Durante el inicio de la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada Michelle Bachelet advirtió que la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua ─desatada en abril 2018─ ha sido exacerbada por los daños causados por la pandemia de la Covid-19 y los huracanes Iota y Eta.
“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, participación política y garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”.
Michelle Bachelet, durante la presentación del informe de Nicaragua durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
La OACNUDH exhortó a Nicaragua a:
Según los especialistas la falta de voluntad para cumplir con las recomendaciones de la OACNUDH puede provocar un incremento de la presión internacional.
Basados en la falta de voluntad de Daniel Ortega, para cumplir las recomendaciones, los países miembros pueden seguir aplicando o extremando las sanciones; ya sea individuales, a instituciones o a empresas. Y los organismos financieros internacionales retomar su política de restricción de la cooperación y el financiamiento; tal como estaba ocurriendo antes de la pandemia de Covid-19 y del paso de los huracanes Eta e Iota que causaron graves afectaciones.
Pero esas son decisiones que tomará cada país, dependiendo de la preocupación que les genere la situación que enfrenta Nicaragua; y claro, si la oposición tuviera capacidad de cabildeo para que esos gobiernos le pusieran atención a Nicaragua en medio de una crisis sanitaria y económica mundial.
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Además, antes del 23 de marzo, ─fecha en que concluirá la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos─ los países miembros podrían aprobar una nueva resolución. Eso mandataría que el tema de la crisis de Nicaragua se mantenga en la agenda; pero también podría incluir la adopción de medidas más drásticas contra el país, como la creación de una comisión internacional de investigación u otras.
La respuesta de Nicaragua a estos señalamientos y recomendaciones fue de rechazo. La Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales dijo que Nicaragua desconoce el reporte; "y lo denuncia como una más de las agresiones imperiales en cadena que han promovido crímenes de odio".
En mayo de 2019, Morales sustituyó en el cargo al procurador Hernán Estrada; desde enero de 2017 se desempeñaba como subprocuradora. Su nombramiento en ambos cargos fue cuestionado, ya que no cumplía los requerimientos establecidos por ley para el cargo.
Según publicación del diario La Prensa, Morales fue incorporada ─por la Corte Suprema de Justicia─ como abogado y notario en julio de 2018. Es decir, un año antes de asumir el cargo de procuradora y año y medio después de haber asumido el cargo de subprocuradora.
La Ley 411, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 8 establece que para ser procurador y subprocurador se requieren las mismas cualidades que establece la Constitución para los magistrados de los tribunales de justicia.
El artículo 161 la Constitución Política de Nicaragua establece que para ser Magistrado de los Tribunales de Justicia se requiere, entre otros requisitos:
ser abogado de moralidad notoria; haber ejercido una judicatura o la profesión, por lo menos durante diez años; o haber sido magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años.
Pese a no cumplir ninguno de eso requisitos, Morales asumió ambos cargos. Y en nombre de Nicaragua calificó el informe de la OACNUDH de “parcializado y carente de objetividad”; y aseguró que eso confirma la politización y manipulación de los derechos humanos en este momento de la historia.
“Nicaragua rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores; que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como al ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense”, aseguró Morales.
Desafortunadamente no existe un mecanismo para obligar a los países a cumplir con las recomendaciones de la OACNUDH. Sin embargo, esto no significa que esto no tenga ningún efecto. Al contrario, según especialistas la posición asumida por Nicaragua muestra su falta de voluntad para cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales; y eso es motivo suficiente para que la comunidad internacional incremente las presiones contra el régimen.
Muy pocos países, todos dictaduras, apoyaron la posición del régimen Ortega Murillo. Durante el debate sobre el informe presentado por Bachelet, participaron representantes de 29 países; solo 9 apoyaron la posición de negación y rechazo asumida por Nicaragua. Estos fueron: Cuba, Venezuela, Rusia, Corea, Irán, Bielorrusia, Siria, Eritrea y Sri Lanka,
En este último país, una isla al sur de la India, una familia mantiene el control político donde el actual primer ministro ya fue presidente tres veces y en la actualidad, su hermano menor es presidente y ministro de defensa, mientras su hermano mayor es ministro del Interior y su hijo es miembro del gabinete.
Los 20 restantes mostraron su preocupación por la crisis y la falta de voluntad de Daniel Ortega para cumplir con las recomendaciones.
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