¿Qué países podrían garantizar 24 votos contra Ortega?»
Ilich Buitrago Aguilar
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Luis Almagro pretende acelerar la aplicación de los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática a Nicaragua. Pero para que esto se logre necesita 24 votos, o sea "pescar" al menos seis votos más de entre los países que se han abstenido.
Con la solicitud hecha por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el 28 de diciembre de 2018 a Monserrat Solano, vicepresidenta del Consejo Permanente para la convocatoria de una sesión extraordinaria, se inició, en palabras del mismo Almagro, “lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, con la propuesta de seguir el camino previsto en el mismo de realizar una apreciación colectiva de la situación (en Nicaragua) y adoptar las decisiones que estime convenientes”.
La sesión ha sido programada para el 11 de enero a las 9 de la mañana, hora de Nicaragua. Lo primero que hay que saber es que la implementación de los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática es un proceso de al menos dos etapas. En la sesión del 11 Almagro deberá obtener mínimo 18 votos (mayoría simple en el Consejo Permanente de la OEA) para luego citar a una segunda reunión que ya no sería del Consejo Permanente (embajadores) sino de la Asamblea General (cancilleres).
Esto es lo que dice el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana
“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Lo expresado arriba es lo que está pidiendo Almagro que se haga el 11. El artículo 20 además establece:
“El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”.
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En la carta enviada a Solano, Almagro da a entender que "las gestiones diplomáticas, así como los buenos oficios" a que se refiere el artículo 20 ya han sido tomados. La carta del 28 dice:
“Al rechazar el gobierno de Nicaragua la asistencia (del Grupo de Trabajo y otras instancias) ni dar su consentimiento a recibirla y, muy por el contrario, oponerse al diálogo propuesto desde el grupo de trabajo del Consejo Permanente, a la cooperación de la Secretaría General y la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo queda la vía prevista en el artículo 20 de la Carta Democrática".
Así que la pregunta que se responderá en la reunión solicitada es si el Secretario General tiene los 18 votos para convocar a la Asamblea General. Basado en votaciones anteriores podemos decir que debería tener asegurados al menos 18, aunque ese apoyo, hasta octubre, había ido mermando. Veamos:
Las tres votaciones anteriores sobre la crisis de Nicaragua
La primera resolución del 18 de julio de 2018 fue aprobada con 21 votos a favor de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Uruguay, Antigua y Barbuda, Argentina, Las Bahamas, Brasil, Canadá, Chile. Tres en contra de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela. Y siete abstenciones: El Salvador, Grenada, Haití, Suriname, Trinidad y Tobago, Barbados, Belize. Los ausentes fueronDominica, San Kitts y Nevis, y Bolivia.
La segunda resolución en la OEA aprueba la creación de Grupo de Trabajo para buscar soluciones pacíficas el dos de agosto de 2018, recibió 20 votos a favor de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, y Uruguay. Con cuatro votos en contra de Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Ocho abstenciones de Barbados, Belize, El Salvador, Guatemala, Haití, San Kitts y Nevis, Suriname, y Trinidad y Tobago. Los dos países ausentes: Dominica y Grenada. En esa ocasión, Guatemala se abstuvo mientras que en la resolución julio había votado a favor.
El Grupo de Trabajo, integrado por 12 países nunca fue aceptado por el régimen de Daniel Ortega y no le ha permitido entrar al país.
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La última resolución, tomada por el Consejo Permanente el 18 de octubre recibió 19 votos a favor de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, y Uruguay. Cuatro votos en contra de Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Las abstenciones fueron nueve con Barbados, Belize, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, San Kitts y Nevis, Suriname, y Trinidad y Tobago. Dos países estuvieron ausentes: Dominica y Grenada. En esta ocasión, Honduras se unió a Guatemala en el renglón de las abstenciones.
Faltan al menos seis
De nada serviría que 18 países convocaran a la Asamblea General si una vez reunida no tuviera los 24 votos necesarios que establece el artículo 21 para proceder a suspender al Estado de Nicaragua del foro regional. Pero ¿de dónde saldrán los seis?
Si hacemos cuentas, a los 19 votos emitidos en octubre habrá que restarle ahora el de México que a partir de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha retomado la arcaica política de “no intervención” y “respeto a la autodeterminación de los pueblos” sin entrar a los detalles de cada caso. Eso deja en 18, el mínimo, para invocar el artículo 20.
Si excluimos a México, y obviamente a los cuatro que siempre han votado en contra, son 11 los países que se han abstenido en el tema de Nicaragua, nueve consistentemente más Guatemala y Honduras que ya para el octubre se abstuvieron. Es de esos 11 países (Ocho del Caribe y tres de Centroamérica) es de donde el Secretario General Almagro debe de “pescar” los seis para invocar el artículo 21.
Lo que dice el artículo 21
“Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros (24 votos). La suspensión entrará en vigor de inmediato...”
Diplomáticos consultados sostienen que Almagro no se estaría arriesgando de no tener garantizados los 24 votos de la Asamblea General. Además, entre octubre y enero muchas cosas han cambiado, principalmente se ha conocido el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señala al régimen de Ortega de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la represión, además de la contundente posición de 14 de los 15 países del Grupo de Lima frente a los regímenes de Venezuela y Nicaragua. El Grupo de Lima ha dicho que no reconoce el nuevo período de Nicolás Maduro en Venezuela por haber sido electo de manera fraudulenta.
El 10 de enero, la OEA discutirá el caso de Venezuela, que también tiene invocada sobre Maduro la Carta Democrática desde hace más de un año. De cómo le vaya a Venezuela, tendremos una idea de lo que puede resultar para Nicaragua.
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Es una vergüenza para esos gobiernos sabiendo los actos de lesa humanidad que han ocurrido en Nicaragua NO den su voto. Se convertirían igual de cómplices del gobierno Ortega Murillo.
NO hay espacio en LA para dictaduras corruptas, ni narco estados asesinos de sus pueblos.