El domingo 28 de febrero los salvadoreños salieron a votar para elegir a: 84 diputados ante la Asamblea Legislativa, 20 del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 262 alcaldías.
Un poco más de 5.4 millones de salvadoreños estaban habilitados para votar, los primero resultados indican que alrededor del 51 por ciento de ellos ejercieron su derecho. A pesar de la pandemia del Covid-19 ─que en El Salvador ha causado 60 mil contagios y 1,861 muertes─ ese porcentaje de votación es el más alto registrado para una votación legislativa desde el regreso de la democracia con la firma de los Acuerdos de Paz suscritos en ciudad de México el 16 de enero 1992.
Con dicha firma se puso fin a una guerra civil de 27 años que dejo unos 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos.
El más favorecido con el resultado de las elecciones fue el presidente Nayib Bukele y su recién creado partido Nuevas Ideas; también su socio político Gran Alianza Nacional (Gana). Mientras que los grandes perdedores son la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Otras seis agrupaciones políticas luchan por obtener el resultado que por ley requieren para no perder su registro como partido según la legislación salvadoreña; que se rige por un complejo sistema que permite alianzas locales y otras alternativas para participar en las elecciones.
En el sistema electoral salvadoreño se puede votar de tres maneras:
Por lo complicado de este tipo de votación, su tabulación es manual; por lo que los resultados finales de la elección de los nuevos diputados no se conocerá, sino hasta el fin del proceso en los próximos días.
Otra novedad de la elección del 28 de febrero, es que por primera vez la transmisión de los resultados se está realizando a través de computadoras desde cada centro de votación. Y el conteo de los votos se realiza de forma pública ante los ciudadanos que deseen observarlo.
La jornada electoral fue vigilada por 2,480 observadores nacionales y 1,003 extranjeros; incluidos entre ellos los miembros de las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
Un alto contingente externo ha brindado la seguridad de que el voto de los salvadoreños sería respetado por un Tribunal Superior Electoral, que es abiertamente anti-Bukele por estar controlado por los partidos tradicionales.
La Misión de Observación Electoral de la OEA, encabezada por María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, Argentina, emitió un comunicado al concluir el proceso de votación. En él destacó que el "proceso electoral se realizó en medio de un contexto de gran polarización y enfrentamiento entre las principales figuras políticas e institucionales del país, en el que existieron ataques y señalamientos de desconfianza en la autoridad electoral".
Según la misión, "estos señalamientos se enfocaron principalmente en la implementación y efectividad del sistema informático para realizar el escrutinio preliminar y la transmisión de resultados, que funcionó de forma aceptable a pesar de sus múltiples componentes".
De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral se han procesado 7.272 actas de la elección a la Asamblea Legislativa (86.05 por ciento); y casi el mismo porcentaje para consejos municipales y el Parlamento Centroamericano.
Hasta ahora el cómputo ha confirmado las proyecciones que decían que el partido de Bukele obtendría ─con un 66 por ciento de votos a favor de Nuevas Ideas─ al menos 56 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa que estaban en disputa.
Y todo hace indicar, que su partido también ganará las alcaldías de las catorce cabeceras departamentales y la mayoría de los concejos municipales de las 161 alcaldías. Con ese número de diputados, Bukele superaría al partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que en el año 1994 obtuvo 39 diputados.
“Bukele puede dejar un legado positivo o ir por la ruta de Nicaragua”,
Álvaro Artiga, doctor en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Con la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, el presidente Nayib Bukele podrá nombrar magistrados en la Corte Suprema de Justicia; del Tribunal de Cuentas (Contraloría); al procurador de Derechos Humanos y aprobar las leyes que considere necesarias.
Pero hay quienes temen que el joven presidente salvadoreño de 39 años, pueda verse tentado a maniobrar para que se permita la reelección. Aunque, al igual que en Honduras, existen artículos considerados pétreos que se lo impedirían.
Aunque en Honduras, estos no impidieron Juan Orlando Hernández fuera reelecto al tenor de un fallo judicial que se lo permitió; y que en 2009 forzó la salida abrupta del expresidente Manuel Zelaya en 2009.
En Centroamérica, el precursor de las reelecciones fue el premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez; quien al amparo de un fallo de la Sala Constitucional en Costa Rica fue reelecto para el período 2006-2010. La consulta que derivó en el fallo favorable a la candidatura de Arias fue presentada en el año 2003.
En Nicaragua mientras tanto, en el 2009 y en absoluto secreto, Daniel Ortega presentó solicitud ante la autoridad judicial; que en una ilegal sesión en que participaron solo magistrados del FSLN, autorizaron su reelección. Para conformar la Sala Constitucional se requería de los seis magistrados que la conformaban y entonces estaba conformada por tres sandinistas y tres liberales. Los liberales no fueron convocados, y fueron ilegalmente sustituidos por otros tres magistrados de otras salas; entre todos ellos decidieron. El resto es historia.
La Sala Consitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en noviembre de 2020; en ella reiteró que para postularse a la presidencia quien hubiera ejercido la misma, deberá esperar diez años. La decisión de la sala facultada para conocer del tema, se basó en la sentencia 163-2013 del 25 de junio de 2014. En ella, la Sala anterior interpretó el artículo 152 de la Constitución; en ella advirtió la posibilidad de reelecciones presidenciales “tras 2 periodos de 5 años cada uno”.
La Constitución de El Salvador establece que: "la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable, para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección.
Y también señala: "No podrán ser candidatos a Presidente de la República el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses consecutivos; o durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial.
Expertos salvadoreños han indicado que, si el presidente Bukele desea reelegirse, requerirá de una Asamblea Constituyente.
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