Foto Oswaldo Rivas
Para que la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua se resuelva a través del voto popular, debe aprobarse una reforma electoral que garantice reglas claras, transparencia y observación nacional e internacional. De no lograrse estas condiciones básicas, un proceso electoral sin condiciones ni garantías podría convertir a a Nicaragua en un Estado fallido.
Así lo advirtió el director de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney durante su ponencia en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) esta semana donde se presentó el informe de la Comisión de Alto Nivel integrada para buscar una crisis y que determinó que en Nicaragua se ha roto el orden constitucional.
El fracasado intento de fraude del aliado de Ortega, Evo Morales, en Bolivia en octubre, le complica las cosas al régimen pues queda claro que forzado por las protestas ciudadanas, el mundo no puede ya hacerse de la vista gorda con los desmanes del Socialismo del siglo XXI.
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Un fraude más no bastará en Nicaragua, igual que no fue suficiente para legitimar a Nicolás Maduro en Venezuela en mayo 2017 ni a Morales en Bolivia en Octubre
Courtney advirtió que mientras se logra la aprobación de las reformas electorales la apuesta de Ortega es “arrastrar los pies por un tiempo”, hasta llegar a las elecciones que sin las condiciones necesarias no daría suficiente confianza para una participación masiva; y en el peor de los escenarios podría incluso ceder la presidencia, pero mantener el control del resto del Estado por su mayoría parlamentaria.
Pues una vez fuera de la presidencia, y teniendo en cuenta que hasta quienes gobiernan conforme las leyes y principios universales corren peligro de enfrentar la justicia, Ortega buscaría entre otras cosas retardar su cita con la justicia.
Parte de la apuesta de Ortega, según Courtney, es que en el caso de perder las elecciones, aprovecharía la supermayoría que su partido tiene en el Poder Legislativo para durante (los meses de transición) nombrar por cinco años más a los magistrados del Poder Judicial y de las demás instancias del Estado y así asegurarse peso político y control.
Actualmente, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Electoral y la Contraloría, solo para nombrar a los principales, tienen sus períodos vencidos desde el 10 de abril de este año. Estos han permanecido en sus puestos por la reforma constitucional que el orteguismo impuso en 2014.
Sería como “una especie de blindaje y cogobierno que en mi experiencia amenaza a toda la región con tener un estado fallido en el mero centro del hemisferio”, alertó Courtney.
A lo que Ortega más le teme, más aún que perder la presidencia que la oposición se haga con el control de la Asamblea Nacional y desde allí limpiar el Poder Judicial y la Contraloría, lo que lo pondría casi seguramente a las puertas de la cárcel.
Es por eso que cualquier solución electoral a la crisis debe tomar en cuenta la casi segura "piñata de cargos" que Ortega organizaría antes de entregar formalmente la presidencia.
De cualquier manera, garantizar la verdadera competitividad del próximo proceso electoral, ya sea adelantado o en 2021 como contempla la ley, depende de la aprobación de una reforma electoral.
Esa reforma Ortega la viene negociando intermitentemente con la OEA desde octubre de 2016; tras la publicación de un informe de la Secretaria General del organismo sobre el sistema electoral nicaragüense que nunca se dio a conocer.
Posteriormente se firmó un memorándum de entendimiento para el fortalecimiento de las instituciones democráticas que no incluyó a ningún otro actor político ni social, pero luego este se interrumpió y hasta ahora no ha registrado avance, aunque la dictadura ha hecho amagues para reanudarlo bajo sus condiciones.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, tanto la OEA como organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros organismos internacionales han insistido en la necesidad de aprobar verdaderas reformas para que la elección de autoridades se convierta en el mecanismo de solución de la crisis.
En esa búsqueda de crear las condiciones para la realización de un proceso electoral libre y transparente, las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y especialistas electorales han convergido en torno a que esta reforma debe garantizar:
“La Ley Electoral en Nicaragua en su letra no es mala, por eso es que su principal problema es el tema de arbitraje… Todas las competencias para su calidad dependen del arbitraje, no importa lo genuina que pudiera ser la competencia, si uno de ellos controla absolutamente en forma y fondo el arbitraje, esa competencia ya deja de serlo”.
Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia
Es fundamental comenzar por el cambio de los magistrados del CSE para evitar el control de Ortega sobre ese poder del Estado. Si Ortega tiene voluntad, y teniendo en cuenta el control absoluto que posee, tal como lo corroboró el informe de la Comisión de Alto Nivel, dicho cambio se podría realizar sin problema.
“El gobierno y su bancada (en la Asamblea Nacional) tienen la capacidad de llegar a un acuerdo de una forma tan expedita como lo consideren”, asegura Courtney.
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También es necesario garantizar un adecuado arbitraje a nivel de JRV, ya que en los últimos años este ha sido pervertido y tiene un diseño que requiere modificación.
“Por lo tanto esa es la gran reforma electoral sine qua non, creo que ya hay una enorme unidad entre los partidos parlamentarios, los extraparlamentarios y las fuerzas políticas que aspiran a convertirse en partidos políticos de cara a cuáles son las reformas necesarias”, dijo Courtney.
Una vez que se garantice el adecuado arbitraje, el sistema electoral necesita ciertos refuerzos en materia de auditabilidad que le garanticen transparencia, incluso más allá de las JRV.
Según el especialista el caso boliviano demostró la importancia de que los procesos y los recursos sobre todo los post electorales, “sean debidamente ventilados y que exista un sendero de papel y un sendero informático que sea auditable”.
Por "auditable" explica Courtney, debe entenderse "que los resultados junta por junta sea públicos, que sean contrastables con las copias de las actas de los partidos políticos y que el conteo sea revisado por los observadores".
Un tercer tema es el del padrón electoral. “El registro de votantes en Nicaragua fue manoseado de forma perversa; el objetivo es suprimir la participación de la oposición. Hoy por hoy cualquier persona que se ha abstenido de votar en las dos últimas elecciones presidenciales está fuera del registro de votantes no puede participar en las próximas elecciones”, dijo el especialista.
Courtney advirtió que en más de una década de mantener el control absoluto de las instituciones Ortega ha perfeccionado sus mecanismos para garantizar su ventaja sobre el resto de competidores y uno de los mecanismos que ha utilizado es alejar al electorado de los centros de votación.
Para corregir esta manipulación, el padrón electoral “requiere que se haga realidad ese preámbulo de todas las leyes electorales que el voto es universal, unitario y secreto”.
Finalmente, más allá de que la ley lo establezca la reforma también debe garantizar la amplia observación nacional e internacional en el proceso.
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