Desde hace casi un año la Caja Rural Nacional R.L. (Caruna), no paga a sus socios los ahorros que ahí depositaron, pese a la persistencia de estos.
La cooperativa de ahorro y crédito que nació en 1993, ha venido cerrando sucursales las últimas semanas en el interior de Nicaragua, lo que preocupa aún más a centenares de socios (el número final es aún indeterminado pero casi en su totalidad personas de escasos recursos) que desde mediados del año pasado solicitaron la devolución de sus ahorros, sin obtener respuesta.
Los ahorrantes reclaman desde menos de mil córdobas hasta varios miles. Ninguno ha obtenido una respuesta a su solicitud. En cambio, se les “bolea” entre la sucursal en su localidad y la sede en Managua, donde nuevamente los remiten a su sucursal correspondiente.
Lo último que se sabe de Caruna –además del cierre de sucursales– es que el disuelto Banco Corporativo (Bancorp) le regresó las operaciones correspondientes de seis fideicomisos por 75,449.3 millones de córdobas para recuperación de cartera crediticia, administración y recuperación de fondos que le cedió en 2018, según se difundió a raíz de una auditoría realizada por la firma británica Moore Stephens.
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Un fideicomiso consiste en un contrato mediante el cual se transmiten bienes (dinero o derechos) para que sean administrados durante determinado plazo o condición, y que a su vencimiento se transmita el resultado previamente establecido.
A lo largo de 12 años Caruna pasó de ser una modesta cooperativa de ahorro y crédito, a administrar un número impreciso de millones de dólares al punto que ni su propio presidente sabía (aunque parezca broma).
El 11 de enero de 2007, con el regreso de Daniel Ortega al poder, Nicaragua se adhirió formalmente al Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, y de ahí se derivó el Acuerdo Energético del Alba entre Venezuela y Nicaragua que establecía un crédito por el cincuenta por ciento de la factura petrolera y de derivados comprados al país sudamericano; deuda que sería pagada en 25 años, con un interés del dos por ciento anual. El restante 50% se pagaría a un plazo de 90 días.
Aunque el asidero legal es un acuerdo de estado a estado, mediante operaciones que 12 años después no se han logrado aclarar, esos fondos terminaron siendo administrados por una empresa “privada” (que se conformó con participación estatal de Venezuela y Nicaragua): Albanisa, hoy sancionada por Estados Unidos; la que transfirió a Caruna, luego bautizada como Alba Caruna, la administración de los fondos, aunque aparentemente ni siquiera sabía cuánto era lo que administraba.
Ni el nombre de la entidad está claro, pues aunque se constituyó como Caruna, su sitio web la presenta de ese modo, así como los documentos del Fondo Monetario Internacional donde la mencionan, en los informes del Banco Central de Nicaragua se identifica como Alba Caruna.
Durante el VIII Foro Financiero Cooperativo Internacional, el entonces Presidente de Caruna, Jorge Martínez, informó que la cooperativa tenía “un saldo de cartera que puede andar por los C$400 millones”, pero que “con los programas Alba, que se manejan por distintas unidades de operación, la cifra puede ser superior a los C$3,500 millones”.
Sin embargo, el Sexto Informe de Revisión del Programa con el FMI (página 22), en base a información oficial, mostraban que la cooperación petrolera alcanzó un monto de 11,033 millones de córdobas sólo en 2010 y se proyectaba que en 2011 alcanzaría el equivalente a 8,733 millones de córdobas, pero que en realidad totalizó 12,490.2 millones de córdobas en 2011 (557.1 millones de dólares, como puede verse en el siguiente gráfico).
Como parte de la administración de esas grandes sumas de dinero, Caruna (o Alba Caruna) financió programas con fines populistas del gobierno de Ortega, los cuales –según se conoció extraoficialmente– han tenido poca o nula recuperación, tales como el proyecto habitacional Casas para el Pueblo, financiamiento de vehículos que donó Rusia, entre muchos otros.
Sobre las inversiones y créditos otorgados por Caruna prácticamente nada se sabe, pues por ser cooperativa de ahorro goza de “autonomía en la concepción y realización de su política de operaciones”, según reza la Ley General de Cooperativas (Ley 499), la que junto con su reglamento regula las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito pero no fija sus obligaciones hacia sus asociados ni norma la transparencia de sus finanzas.
En 2011 hubo un intento de regular a la cooperativa a través de la Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas, pero los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional pidieron una exclusión argumentando que la cooperativa financiaba a terceros, no solo a sus socios. Aunque los diputados sandinistas eran minoría a mediados de 2011, consiguieron el respaldo de la mayoría de las bancadas.
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Si bien Caruna administró durante muchos años los fondos provenientes de la cooperación petrolera –los que regresaron a sus manos en febrero–; de forma independiente desde muchos años antes percibía ahorro de sus socios y por la magnitud de los fondos petroleros no habría necesidad de hacer uso del dinero de sus ahorrantes para el otorgamiento de los créditos populistas, sin embargo no se sabe si los mezcló y su blindaje como cooperativa no permite tener acceso a sus estados financieros.
Los especialistas en la materia barajan varias posibilidades del porqué los ahorrantes no reciben respuesta de Caruna, como consecuencia de problemas de liquidez:
1. Porque el pago de la deuda derivada del crédito petrolero desde 2012 superó el rendimiento esperado del 8 por ciento de la cartera de crédito otorgado (que además no se ha recuperado de la forma esperada).
2. Porque la propia cartera de crédito que se entregó en fideicomiso a Bancorp no era de buena calidad, de modo que lo recuperado podría estar muy por debajo de lo proyectado.
3. Porque la crisis económica empeoró la recuperación de la cartera de crédito propia del funcionamiento de Caruna como cooperativa de ahorro y crédito (es decir los crédito no partidarios-populistas antes mencionados).
Hasta ahora Caruna sigue en silencio. De lo único que hay certeza es que legalmente hablando no hay forma de exigir respuestas a la cooperativa.
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Que desgracia, pobre gente. Y lo peor es que es gente humilde que vergüenza este gobierno lo que ha venido haciendo con el pueblo.
Cuando van a entregar el dinero que los tine a cada sosio necesitamos unarrepuesta de ustedes contanta lucha para aorra nuestro dinero y hora ustede ceñora de caruna sea Responsable PORFABOR no jueguen con nuestro dinero más como estamos en esta situacion lo nesesitamos para alimentar anuetros hijos y família que necesita meducamentos tenga con ciensia por vida de Díos