Mientras el régimen se niega a acatar la ley y trasladar el alivio del precio internacional del petróleo a la tarifa del servicio de energía eléctrica; cada mes los usuarios enfrentan más dificultades para pagar sus facturas. Y gran parte de esos recursos que con dificultad pagan, terminan en las cuentas de la familia Ortega Murillo que maneja un alto porcentaje del mercado eléctrico del país.
Aunque las sanciones impuestas por Estados Unidos en enero del 2019, al conglomerado manejado por cercanos a la familia Ortega - Murillos, Alba de Nicaragua (Albanisa), mantienen semiparalizadas las plantas que maneja ese consorcio; este tiene “ventajas” establecidas en los contratos que les garantizan millonarios ingresos mensuales, únicamente por existir. El pago se hace bajo el concepto de capacidad instalada. Así lo explica el estudio: El Mercado Eléctrico en Nicaragua, diagnóstico y recomendaciones, realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
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El estudio detalla que en 2018 Nicaragua, tenía una capacidad instalada de generación de 1,467.3 megavatios. De los cuales, el 17 por ciento pertenece a empresas públicas y el restante 83 por ciento a privadas. Y de la capacidad instalada de las generadoras privadas, el 30 por ciento le pertenece a Albanisa y su concesionaria Alba Generación.
Además, cuando se hace el desglose por fuentes de energía, la capacidad instalada más alta es la térmica. En 2018 había capacidad instalada para generar 793.6 megavatios con combustibles fósiles que en el caso de Nicaragua son derivados del petróleo. El 46 por ciento de la capacidad térmica instalada es propiedad de Albanisa. Ver detalle en el siguiente gráfico.
“Con respecto a la evolución de la capacidad instalada y la demanda, se nota que la brecha entre ambas ha aumentado. Se observa que la capacidad de generación (1,467.3 Megavatios en 2018) duplica la demanda (692 Megavatios en 2018) aunque esta también ha venido creciendo en los últimos años. Pero dentro de la capacidad instalada hay alguna que no está disponible a lo inmediato, es decir no es capacidad efectiva”, explica el estudio de Funides.
Además de la fuerte presencia del Grupo Alba en el mercado, en general las empresas generadoras gozan de condiciones muy ventajosas a través de los contratos de venta que tienen con la distribuidora. Esto les otorga a las generadoras un alto poder de mercado, que les permite el aprovechamiento económico.
Los contratos ofrecen condiciones ventajosas a las generadoras través de tres vías que a la vez se convierten en problemas para el sector.
Con respecto a los precios. Los contratos otorgan pagos fijos por potencia instalada. Y en el caso de las generadoras térmicas, que tienen más de la mitad del mercado en el país, reciben dos tipos de pagos fijos.
Uno por potencia, que depende exclusivamente de los Megavatios de capacidad instalada. Esta es la principal fuente de ingreso de estas empresas. Con él recuperan el capital invertido, obtienen ganancias y pagan cualquier financiamiento al que hayan tenido que recurrir para instalar la planta.
El segundo pago es por energía y en este caso es variables porque depende de la operación de la planta. Es decir, de la cantidad de energía generada. Con este pago cubren los gastos de insumos, operación y mantenimiento.
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La iniquidad que genera este esquema de pagos fijos mensuales queda demostrada con las plantas generadoras del Grupo Alba. Que además cobran el precio más alto por potencia en el país. En diciembre de 2018, solo por "existir" o sea por tener la capacidad de generar, sin hacerlo, recibieron un pago de 4.59 millones de dólares.
Esos ingresos los obtuvieron porque las generadoras de Albanisa tienen 200 Megavatios de capacidad instalada y cobran mensualmente 14,740 dólares por Megavatio y en diciembre de 2018, recibieron un pago de 2.94 millones de dólares. Las plantas de Alba Generación (del mismo grupo Albanisa) tienen instalados 110 Megavatios de capacidad de generación y cobran 14,960 dólares por cada Megavatio. En diciembre de 2018 recibieron por este concepto 1.64 millones de dólares.
El precio mensual que se le paga a las plantas del Grupo Alba es el más alto del país, supera los 12,335 dólares mensuales que promedia el pago en el sector térmico local. También es el más alto de la región.
De acuerdo a un monitoreo realizado por Funides, en El Salvador el costo por Megavatio es regulado, se revisa anualmente y actualmente promedia 7,800 dólares mensuales por Megavatio. En Honduras también es regulado y actualmente está en el rango de 10 mil dólares mensuales por Megavatio. Mientras que en Guatemala, que es un mercado libre y donde la mayoría de energía se genera con carbón o búnker, se les paga a las empresas unos 5,880 dólares mensuales por Megavatio.
El esquema utilizado en Nicaragua, que paga por potencia (capacidad instalada) no hay regulación y la familia en el poder tiene un fuerte interés económico en el sector, ha provocado que en la última década las reservas de energía, en su mayoría térmica, se mantengan por encima del 50 por ciento de la demanda. Esto obliga a los nicaragüenses a pagar por esta energía, a través del precio por potencia, aunque no la consuman.
“Esto se ejemplifica con las plantas de Albanisa, específicamente las plantas Che Guevara que actualmente casi no se encuentran operando. En lo que va del año, al 22 de julio solo han producido 1,827 Megavatios hora y en 2018 habían generado 369,200 Megavatios hora. Esto se debe a las sanciones a Albanisa con la Ley Magnisky, pero aún así estas plantas están siendo remuneradas en concepto de potencia por los términos de los contratos. Y así debe estar sucediendo con otras plantas porque hay una gran cantidad de energía que no se necesita”.
Estudio: El Mercado Eléctrico en Nicaragua, diagnóstico y recomendaciones, de Funides
Finalmente, el tema de los plazos de los contratos les garantiza a las generadoras un promedio de 27 años para garantizar ingresos fijos, hay contratos de hasta 30 años. Funides aclara que estos datos son divulgados por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que está supuesto a regular al sector. Sin embargo, estos son para el resto de empresas, ya que se desconocen los términos de los contratos firmados con el Grupo Albanisa.
Tal como ocurre con las tarifas, estos plazos son los más altos de la región. En Guatemala tienen plazos máximos de 15 años, en El Salvador de 20 años y en Panamá 10 años.
Funides considera que estos plazos tan largos evitan que las generadoras traten de ser más competitivas y que no opten a otras opciones de energía.
Funides considera que si se corrigen estos 3 problemas que señalan, podría aplicarse una significativa rebaja en la tarifa eléctrica y no como la del 3 por ciento que se aplicó recientemente.
Para resolver estos problemas que afectan a la población con tarifas tan altas, Funides recomienda que se realicen las siguientes acciones:
En el corto plazo:
En el largo plazo:
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