Foto Oswaldo Rivas
Pese a que la reforma aprobada en febrero y los aportes del presupuesto de la República a la deuda histórica evitaron un desastre mayor, las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) continúan deteriorándose y por séptimo año consecutivo cerrarán en déficit.
A esto hay que sumarle que la falta de señales de una pronta solución a la crisis sociopolítica que enfrenta el país, amenaza con seguir destruyendo empleos formales, lo que mermaría los ingresos que percibe la institución en concepto de cotizaciones.
Pero más allá del problema financiero que tarde o temprano el Estado tendrá que resolver a través de una nueva reforma seguramente más drástica que las de 2013 y 2019, las consecuencias de este desastre financiero las seguirán pagando los asegurados y pensionados a quienes inevitablemente les seguirán restando beneficios. Lo más grave podría venir después de las elecciones de 2021.
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Pero antes de entrar a lo que tendrá que lidiar el próximo gobierno, veamos lo que hay hasta ahora. Como consecuencia de la reforma de febrero, que entre otras cosas elevó el porcentaje de aporte de las cotizaciones, incluida la del Estado, y a un menor crecimiento en los gastos, se evitó que el déficit alcanzara los 8,771 millones de córdobas proyectados en el Presupuesto General de la República para este año.
Sin embargo, el déficit todavía será todavía gigantesco: 3,138 millones de córdobas, y por séptimo año consecutivo las finanzas del INSS cerrarán en números rojos.
Para la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) el desastre económico del INSS era predecible, a pesar de la reforma significativa de febrero que ha demostrado no ser suficiente, principalmente por la reducción de sus cotizantes.
Desde antes de abril de 2018 la situación del INSS ya era bastante seria; y el régimen optó por imponer una reforma que no consultó con nadie y que pese a ser derogada, sirvió de detonante de la crisis que aún enfrenta el país y que ha provocado que la seguridad social perdiera a uno de cada cinco afiliados.
A partir de febrero el incremento del porcentaje de aporte en las distintas ramas de atención, provocó una reducción en el salario de los asegurados; y a eso hay que sumarle que la principal fuente de reducción de los gastos se logró mediante la merma de beneficios médicos. Esto mientras el régimen mantiene congelado el salario mínimo desde hace más de un año.
“En el gasto corriente destaca el hecho de que, para contener su crecimiento (el del gasto corriente), se redujeron las erogaciones en prestaciones médicas en 13.7 millones de dólares. Estas erogaciones habrían sido la principal variable de ajuste por el lado del gasto”, explica un economista.
Esta reducción implica un deterioro en la ya deficiente atención médica que brinda el INSS a los usuarios del este servicio.
La reforma de febrero también estableció un cambio en la fórmula utilizada para definir el monto de las pensiones. Según los economistas el cambio provocará que una reducción de entre el 30 y el 40 por ciento en los montos de las pensiones otorgadas a partir de este año; medida que afectó a los 66,211 asegurados mayores de 55 años registrados en el anuario estadístico 2018 del Seguro Social.
En el caso de los pensionados, aunque la derogación de la reforma de abril del 2018 los salvó de pagar un impuesto del 5 por ciento sobre el monto que reciben, la reciente reducción en 2 puntos porcentuales a la tasa de deslizamiento del córdoba frente al dólar, provocará que el ajuste anual que reciben en noviembre de cada año ya no sea del 5 por ciento sino del 3 por ciento.
Sin embargo, la institución no ha adoptado políticas de austeridad a lo interno. Puede leer: Así ha sido el despilfarro del Inss
Esto provocará una pérdida del 2 por ciento del valor de la pensión con respecto al inicio del año y en términos prácticos, esto es la pérdida de 2 córdobas por cada 100 que reciben.
Lo más grave, es que el sombrío panorama financiero del INSS indica que el fondo de reserva ─que también podría financiar los déficits─ está agotándose y lo que aún se conserva son bienes que no será fácil vender o préstamos que deben esperar la fecha de vencimiento para recuperar los recursos.
Con respecto al fondo de reserva que corresponde a activos fácilmente liquidables (entre ellos títulos valores, cuentas bancarias y certificados de depósitos) podría agotarse en 2021.
Lo que resta de este fondo, según los economistas, son unos 312 millones de dólares, invertidos en activos de muy difícil liquidación, entre ellos participación accionaria en hospitales, clínicas, fabricas de medicamentos, que son utilizados por la institución para prestar los servicios médicos; y otra parte por préstamos inmobiliarios.
Para financiar parte de estos déficit, en 2019 se transfirieron 111.2 millones de dólares del presupuesto y para 2020 el presupuesto contempla entregarle 86.1 millones de dólares (41.4 millones por pago de deuda histórica y 44.7 millones de aporte estatal).
“Es importante revelar que estas transferencias presupuestarias al INSS solo habrían sido o serian posible debido a la reducción de las transferencias presupuestarias a las municipalidades del 10 por ciento de los ingresos tributarios que establece la ley, a solo 3.5 por ciento en 2019 y 4 por ciento en 2020”, explica un economista.
A estas dificultades hay que agregar que los crecientes costos del pago de pensiones y prestaciones médicas asociadas al envejecimiento de los afiliados y su transición epidemiológica seguirá empujando el crecimiento exponencial de los déficit, que ya no podrán financiarse a través de las transferencias presupuestarias.
Esto sugiere a diversos economistas que el gobierno que surja de las elecciones de 2021 tendrá que aplicar una nueva reforma, incluso más drástica que las anteriores para garantizar la extensión de la solvencia del INSS.
“Ello implicaría comprometer seriamente el cumplimiento de los objetivos mismos de la seguridad social”, advierte uno de los economistas.
Para Funides la situación actual del INSS es una “bomba de tiempo” que ameritará una reforma con medidas mucho más duras que las que se podrían haber aplicado antes de la crisis de 2018, cuando habían más opciones para llegar a la sostenibilidad e incluso garantizar 20 años de superávit sin ser tan drásticos con los cotizantes y pensionados.
Pero otros economistas se arriesgan a considerar que teniendo Nicaragua una de las tasas más altas de cotización de América Latina, la reforma que deberá aplicar las autoridades que surjan de la elección de 2021 tendrán que buscar alternativas por otras vías que no sean la cotización.
Entre las pocas y muy duras opciones que tendría que contemplar esa nueva reforma para salvar al INSS, los economistas mencionan algunas que afectarán directamente a los trabajadores, entre ellas:
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