Experiencias latinoamericanas: leyes para promover el primer empleo»
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Avil Ramírez Mayorga
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Nicaragua tiene un mercado laboral con altos niveles de desempleo y precariedad en el que los más afectados son los jóvenes, por lo que es necesario impulsar un marco legal que impulse el primer empleo
Uno de los principales retos que enfrentará una nueva administración pública en Nicaragua, es la incorporación al mundo laboral de miles de jóvenes; muchos de los cuales, ante la falta de oportunidades, se han visto forzados a migrar a otros países.
A manera de referencia, una encuesta realizada por la firma costarricense Cid Gallup en enero de 2021, reveló que ─de poder hacerlo─ casi dos tercios de los nicaragüenses estarían dispuestos a emigrar a otro país. Citaron como principal causa de su deseo de emigrar, la falta de oportunidades para conseguir un empleo.
Pero el deseo de emigrar no es exclusivo de los nicaragüenses, sino una creciente ola en muchos país. Ante esta situación, algunas naciones de Latinoamérica han recurrido a la promoción de leyes; con ellas buscan estimular al sector privado para incorporar a la juventud al mundo laboral.
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La experiencia de El Salvador
En la región centroamericana ya hay ejemplos de este tipo. En El Salvador encontramos el decreto 57: “Ley de Incentivo para la creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado”.
Fue emitido para fomentar la incorporación de jóvenes de entre 18 y 29 años y sin experiencia previa; a nuevas plazas en el sector privado salvadoreño. También contempla que la contratación sea por al menos un año de duración.
Dicha norma ofrece como estímulo deducciones del Impuesto sobre la Renta (IR); toma como referencia el salario mínimo del sector económico al que pertenece la empresa y dependen de la cantidad de contratados bajo esa modalidad.
Por ejemplo: si la empresa contrata de dos a seis jóvenes, le deducirán tres salarios mínimos; cuando los contratados sean entre siete y 12, le deducirán cuatro salarios y si los contratados son más de 13, le deducirán cinco salarios.
Uruguay también promueve el empleo juvenil
En Sudamérica encontramos que Uruguay cuenta con la Ley 19.133 “Ley de Fijación de Normas sobre el Fomento del Empleo Juvenil”. En aras de estimular la contratación de jóvenes, esta crea un régimen de estímulos para la modalidad de primera experiencia laboral. Consisten en un subsidio de hasta el 25 por ciento del salario del joven. Los contratados bajo esta modalidad deben tener entre 15 y 24 años; no pueden exceder el 20 por ciento del total de empleados de la empresa; y su contratación no puede ser menor de seis meses.
Esta norma también contempla otras figuras como la práctica profesional o pasantía; contratación en instituciones gubernamentales y el empleo a jóvenes en posición de vulnerabilidad social.
Paraguay y el primer empleo formal
En términos similares encontramos que Paraguay cuenta con una ley de beneficios similares. Lo hace a través de la Ley 4.951/13 “Ley de Inserción al Empleo Juvenil”; esta ampara bajo la figura del “contrato de primer empleo formal” a jóvenes de entre 18 y 29 años.
Para recibir el subsidio estatal, el contrato debe tener una duración mínima de 8 meses; y el beneficio consiste en un subsidio equivalente al 35 por ciento del salario mínimo.
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Nicaragua no promueve empleo juvenil
En el caso de Nicaragua todavía no contamos con una ley del primer empleo. Sin embargo, se han realizado esfuerzos notables. Entre ellos el del exdiputado Alberto Lacayo, que en 2012 impulsó la iniciativa de “Ley de Promoción del Contrato de Primer Empleo para la Juventud”.
Esa propuesta de ley tenía como objeto promover entre las empresas del sector privado, la contratación de profesionales recién egresados de universidades e institutos técnicos. También ofrecía incentivos fiscales a las que reclutaran a jóvenes bajo el contrato del Primer Empleo, que además tendría que ser de duración indefinida.
Los incentivos que pretendía crear tal proyecto eran de índole fiscal, durante tres años, mediante la deducción de un porcentaje del pago del IR. Este podría ser de 50 por ciento el primer año, 35 por ciento el segundo y 20 por ciento el tercer año.
Desafortunadamente, esa iniciativa no prosperó, ya que no recibió el respaldo de la bancada del gobernante Frente Sandinista; partido que tenía el control de la Asamblea Nacional. Pero sirve como un buen punto de partida para trabajar en un proyecto similar.
Por ejemplo: se podría expandir esta iniciativa al universo de los jóvenes. Para efectos de no discriminar a los que no tienen o han tenido acceso al sistema de educación superior o técnica; se podría incluir a los que estén en situación de vulnerabilidad social; o dentro de un rango de edad.
Los diversos estímulos y opciones
Observamos que los estímulos ofrecidos en las experiencias latinoamericanas varían; yendo desde subsidios estatales al pago del salario, hasta incentivos fiscales en la forma de deducciones del pago del IR.
Inclusive, algunos países como Chile han tomado otros caminos; entre ellos el pago directo de una parte del salario al joven o el aporte proporcional a sus prestaciones sociales y previsionales. Mientras que en Nicaragua la propuesta del diputado Lacayo iba encaminada a deducciones del pago del IR de las empresas.
En esa misma línea, no se puede dejar de enfatizar la importancia de la construcción de consensos nacionales; mediante el involucramiento de todos los actores importantes en la materia. Entre ellos, el sector privado, la academia, ministerios de trabajo y juventud, sociedad civil, entre otros. A efectos de que la propuesta de legislación que se promueva cuente con la debida retroalimentación y respaldo social.
Caso contrario, podríamos sufrir una mala experiencia como la de Perú. Ese país aprobó una ley de esta naturaleza, pero al poco tiempo se vio forzado a derogarla.
Una propuesta de ley de esta naturaleza no debería encontrar oposición razonable en Nicaragua; ya que a todos nos debería interesar ofrecerle oportunidades laborales de desarrollo a la sufrida y sacrificada juventud nicaragüense. El punto de debate debería centrarse en la forma de los estímulos o incentivos que se ofrezcan a las empresas para abrir nuevos espacios laborales.
Por último, no se puede dejar de señalar que una ley de este tipo no es ni será lo único que se necesita para la generación de nuevos y mejores empleos en Nicaragua. Este esfuerzo debe ir acompañado con políticas públicas encaminadas a la capacitación de las habilidades de la juventud; particularmente en materia digital. Esto se puede lograr impulsando entre otras cosas:
- Programas nacionales de pasantías.
- Elevando el nivel educativo de la educación básica.
- Creando un clima tributario que estimule la generación de nuevos empleos y la atracción de inversión privada directa.
- No dejar fuera la tan importante institucionalidad, así como la seguridad ciudadana y jurídica.
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