Gobierno de Nicaragua muestra bipolaridad en la seguridad social

En un lapso bastante corto, el gobierno de Nicaragua siguió caminos opuestos en el tema de la seguridad social: por un lado divulgó a finales de enero un prometedor Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021 lleno de ambiciosos objetivos que buscan que el desarrollo del país no se dé por crecimiento económico, sino por el “desarrollo humano de los nicaragüenses”, como se divulgó en medios afines al gobierno; y por otro lado a los pocos días impusieron reformas que deterioran la calidad de vida de los futuros pensionados y restringen la posibilidad de recuperación del mercado laboral formal.

El Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021, que pese a tener fecha de diciembre de 2017, fue divulgado por el oficialista 19 Digital a finales de enero, en materia de seguridad social plantea:

1. Aumentar la afiliación de asegurados.
2. Asegurar la atención de salud a cotizantes y sus beneficiarios.
3. Identificar nuevos instrumentos, mecanismos y modalidades de seguridad social más efectivos.
4. Mejorar la calidad de los regímenes de seguridad social, ampliando su cobertura en el campo y Caribe, “incluyendo l@s trabajador@s por cuenta propia, micro empresas, cooperativas, entre otros”.
5. Asegurar la sostenibilidad financiera del INSS en el largo plazo.
6. Fortalecer el marco institucional del INSS para aumentar la recaudación y “reducir la elusión de las contribuciones a la seguridad social”.

Contradicción

Sin embargo, la reforma que entró en vigencia el 1 de febrero dirige a la seguridad a lo opuesto:

1. La elevación de las tasas de contribución patronal, del trabajador y facultativo no favorece la afiliación de nuevos asegurados, por el contrario: los ahuyenta.
2. Cada trabajador paga al mes el 2.25% de sus ingresos en concepto de atención médica y maternidad, y el empleador aporta el 6% de los salarios de sus trabajadores para garantizar sus gastos médicos en Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud del INSS. Sin embargo, la mayoría no hace uso de estos servicios.
3. Hasta ahora el gobierno no ha comunicado qué otras opciones tienen los nicaragüenses además del INSS.
4. Tampoco se ha referido a cómo pretende aumentar la cobertura de la seguridad social al sector rural y Costa Caribe. Por el contrario, las reformas recién estrenadas apuntan a una centralización de las afiliaciones en el casco urbano y principalmente la capital, donde radican las empresas que pueden enfrentar un poco mejor el zarpazo del INSS.
5. Mientras la reforma de 2019 busca parchar el creciente déficit operativo del INSS, no hay cambios estructurales en los problemas que han empujado al INSS al borde del abismo.
6. Con mayores tasas impositivas y menor retribución vía pensiones, aumenta la posibilidad de elusión de las contribuciones a la seguridad social, principalmente en las micro y pequeñas empresas, que generan la mayor parte del empleo en el país (principalmente informal). Dificulta dar el paso a la formalización y, por el contrario, podría incidir en que empresas que ya habían inscrito a sus trabajadores ante el INSS, les den de baja.

¿Qué se necesita realmente para sacar al INSS?

Menos discurso y más acción. Distintos especialistas en la materia han señalado en distintas ocasiones la urgencia de:

1. Reducir y transparentar los gastos administrativos del INSS. A lo interno de la institución hay excesos administrativos e ineficiencia. Para dar una idea: entre enero y noviembre de 2018 el gasto en remuneraciones a empleados sumó 1,619.6 millones de córdobas, mientras que en 2006, último año del gobierno de Enrique Bolaños, el gasto anual fue de 197.8 millones de córdobas.
2. Trasladar al Estado las funciones de protección social que le corresponden y que han recaído en el INSS, tales como el pago de pensiones de guerra, pensiones especiales y pensión reducida.  Según los anuarios del INSS, en 2016 se pagaron pensiones a 19,663 víctimas de guerra por un total de 105.5 millones de córdobas, mientras que en 2017 el número ascendió a 31,757 personas para un egreso total de 938.85 millones de córdobas.
3. Auditar y transparentar la cartera de inversión del INSS, y liquidar los activos cuya rentabilidad no sea acorde a la sostenibilidad de la institución. Mientras en 2010 el 16.2% de los ingresos del INSS provinieron de las inversiones, en 2017 la cifra se redujo a apenas el 2.5%, según estimaciones del economista Adolfo Acevedo. (abajo el gráfico)
4. Que el Estado honre la deuda de 500 millones de dólares en un tiempo razonable, no en 50 años, como decidió hacerlo desde 2014.
5. Incrementar los ingresos por cotizaciones. Este es el punto más difícil, pues se requieren afiliados con mejores salarios y para ello se necesita fuerza laboral mejor capacitada y productiva, que es una tarea de largo plazo. El salario mensual promedio de los afiliados al INSS era de 10,971 córdobas (343 dólares) hasta octubre pasado, cuyo aporte directo a la institución sería en promedio de 686 córdobas, insuficiente para hacer frente a la carga de servicios de enfermedad y maternidad, para los cuales aportan cada mes 247 córdobas en promedio. Distintos economistas han señalado que, en lugar de incrementar la tasa de aporte, lo que se debe aumentar es la calidad de los salarios a través de generación de empleos más tecnificados, pero eso sólo se logrará con un esfuerzo de nación en materia educativa.

Ninguna de esos cambios estructurales fue contemplado en la reforma que desde este mes succiona los ingresos de las empresas y trabajadores.

¿Qué se puede hacer mientras tanto?

Aunque sean medidas impopulares, distintos especialistas han coincidido en la necesidad de revisar la edad de jubilación y la cantidad de semanas a cotizar.

En el caso de la edad sigue siendo de 60 años, la misma que se estableció cuando el INSS fue fundado hace 62 años, mientras la esperanza de vida hasta 2016 era de 75.7 años,  superando incluso la expectativa de vida en la región centroamericana, excepto Costa Rica.

Por su parte, las semanas cotizadas siguen siendo 750 (14.4 años), que pareciera poco si se usa como referencia que cada año más mano de obra joven se une al mercado laboral; pero que si analizamos que las empresas prácticamente descartan la contratación de personas mayores de 40 años, llegamos a la conclusión que si se elevara la edad de jubilación y/o las semanas requeridas para pensionarse, sería más difícil lograr la jubilación. Esto sólo lograría resolverse con cambios en políticas laborales (privadas y de Estado), pero también sería algo que lleve su tiempo.