¿Hacia dónde nos lleva la economía del gallopinto?»
4to Mono
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Ante el aislamiento interno y externo que enfrenta el régimen, el dictador Daniel Ortega ha planteado regresar a lo básico, pero ¿en qué consiste y hacia dónde nos dirige esa política?
El gobierno de Nicaragua ha sostenido en discurso que su apuesta está enfocada en la economía “popular”, una "economía del gallopinto", la que está “trabajando por levantar” el país. Han hablado de los pequeños y medianos comerciantes, productores, campesinos.
Según el gobierno, todos aquellos que “no se dejan aterrorizar, sino que están trabajando por sus familias, están trabajando por su pueblo, están trabajando por Nicaragua y están reactivando la economía”, según palabras del mismo Daniel Ortega.
Bajo esta línea ha señalado directamente que no se puede esperar que los grandes capitales reactiven la economía. Ortega se enfoca en lo más básico: los alimentos, haciendo referencia a que mientras éste sea “asegurado” para los nicaragüenses, todo estará bien.
"Gracias a Dios somos productores de alimentos, no tenemos que importar los frijoles, ni tenemos que importar el maíz, ni tenemos que importar los plátanos, ni tenemos que importar el arroz (…) Entonces, a producir más y garantizamos los alimentos básicos para las familias nicaragüenses, para el pueblo nicaragüense”.
Daniel Ortega, 22 de septiembre de 2018.
La “lógica” del gobierno es que la economía de subsistencia o “economía del gallopinto”, como se le ha denominado, consiste en una “riqueza básica” que, junto con la “seguridad” en el país, atrae inversiones y empleo; pero ¿qué es realmente una economía del gallopinto?
Según lo que han difundido medios oficiales y otros cuasi oficiales, se refiere a micros y pequeñas unidades de negocio, ya sea en el área comercial, industrial o producción agrícola.
O sea, la base de la pirámide, pero que ahora vislumbra ─contrario a la política que el régimen impulsó hasta antes del 18 de abril─ como la esperanza para la recuperación económica luego de un retroceso de 4 por ciento en el PIB en 2018, según datos oficiales.
¿Se puede sostener la economía en ese sector?
De entrada, esa visión, que se está adoptando más por razones políticas que económicas, presenta varios problemas:
1- Pese a que generan gran parte del empleo del país, estas unidades económicas ofrecen apenas condiciones precarias de subsistencia;
2.- No aportan significativamente a la recaudación de impuestos que financia el presupuesto de gastos del Estado (en el caso del reducido porcentaje que está inscrita ante el Fisco);
3.- No aportan a la Seguridad Social;
4.- Y tampoco generan divisas a través de exportaciones.
La Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, elaborada por el Consejo Superior de la Empresa Privada en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo ─y que es hasta ahora la única radiografía hecha al sector empresarial─ refleja que apenas el 10% de las microempresas está inscrito ante la Dirección General de Ingresos (DGI).
La DGI recauda el 87% del Presupuesto General de la República; y ese porcentaje podría ser menor en la actualidad pues desde abril 2018 a la fecha decenas de miles de nicaragüenses han perdido sus empleos a causa de la crisis, habrían pasado al autoempleo creando nuevas unidades de negocios, principalmente informales.
Para ampliar más: El rincón de los empleos perdidos
Según el estudio empresarial antes citado, el 88 por ciento de las microempresas (1-5 trabajadores) está en informalidad total, es decir que no lleva contabilidad ni está inscrita en ninguna de las instituciones públicas que corresponde, por tanto no aportan de forma directa ingresos al Estado.
Gallopinto más caro
Incluso, si nos vamos al concepto de gallopinto como tal (una mezcla de arroz, frijoles, cebolla, chiltoma y aceite) y una economía basada en éste y su “riqueza básica”, nos encontraríamos en problemas también.
La propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria que aún no se termina de “cocinar” en la Asamblea Nacional planea gravar con Impuesto al Valor Agregado (IVA, 15%) todos los aceites comestibles, excepto el de palma y soya (menos demandados porque son más caros que el vegetal).
También se le pondrá IVA a la cebolla importada (el país no logra producir los 840 mil quintales que consume cada año, sino que apenas cubre poco más de 600 mil, según el oficial Plan de Producción, Consumo y Comercio 2018-2019) y el arroz de calidad superior a 80/20 (es decir sólo estaría libre de impuestos el "arroz quebrado").
Además, la reforma propone gravar con IVA a todos los bienes del sector productivo, incluyendo productos veterinarios, agroquímicos y herramientas que se utilizan para la producción, por tanto la chiltoma y frijoles de ese gallo pinto, también se verán afectados.
En resumen: el gallo pinto será más caro en una economía seriamente debilitada, con empleo escaso e ingresos disminuidos.
¿Hacia dónde vamos entonces con la economía del gallopinto?
Los efectos de la crisis más los efectos de las reformas recetadas por el Gobierno llevan al país por un círculo vicioso sin precedentes: menos empleo=menos consumo=menos recaudación; más impuestos=precios más altos=menos consumo=menos recaudación=menos fondos para financiar el gasto público=menos empleo y así sucesivamente, a lo que hay que sumar el aislamiento político del país que acarrearía consigo mayor debacle económica.
Veamos esto por partes:
- A nivel interno las reformas fiscal e INSS (que es mucho peor que la de 2018) disminuirán la liquidez de las empresas, debilitando su funcionamiento y dejándoles sólo dos opciones: compactarse o pasar a la informalidad.
- De las empresas formales depende el grueso de la recaudación de impuestos: entre enero y noviembre de 2018 el 45.7% de la recaudación total provino del Impuesto sobre la Renta;
- El 33.9% provino de la recaudación de IVA;
- El 16.6% lo aportó el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) a combustibles, bebidas alcohólicas, tabaco, gaseosas, entre otros. El resto de la recaudación provino principalmente del comercio exterior.
El aislamiento exterior a la vista
A nivel externo las potencias económicas y políticas de las cuales Nicaragua es dependiente han dejado claro la posibilidad de perder los beneficios comerciales y de cooperación a los que han tenido acceso la economía del país.
Esos beneficios llegan por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) y el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA).
Para darnos una idea: antes que entrara en vigencia el CAFTA (abril de 2006), la venta de productos a Estados Unidos le generaba ingresos a Nicaragua por 1,180.8 millones de dólares (dato de 2005). Entre enero y noviembre de 2018 las compras que hizo la primera economía mundial significó al país ingresos por 3,304.2 millones de dólares.
El monto más alto logrado hasta ahora, según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y al que aún se debe sumar el comercio de diciembre.
En el caso de la Unión Europea, aunque el comercio bilateral no ha despuntado como con el CAFTA ─a causa de las altas exigencias normativas y de calidad a los productos de ese mercado y que aún Nicaragua no cumple─, el bloque europeo ha invertido en el desarrollo de capacidades de pequeñas empresas con potencial exportador para prepararlas para que puedan entrar a ese mercado, por lo que se esperaría ver los efectos comerciales en los próximos años.
Pero todo eso se ve amenazado ante la intención de centrar al país en la “economía del gallopinto” y la terquedad del gobierno de no buscar la salida política a la crisis social y económica provocada por la represión.
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