Además del medio millón de muertes que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha provocado la Covid-19, otro de los efectos de la pandemia es el cierre de empresas y con ello la pérdida de millones de empleos. Sin embargo, mientras unas cierran otras tantas han surgido de la nada. Para algunos la pandemia se ha convertido en una oportunidad de negocios.
Gracias a la creciente demanda de insumos médicos los fabricantes, importadores y comercializadores de estos productos se han multiplicado. Algunos empresarios empujados por la necesidad de mantener a flote sus empresas han dado un giro a sus actividades para entrar a competir con las empresas del sector.
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Pero otras, han surgido de la nada o crecido vertiginosamente durante la pandemia. Porque personas cercanas a los gobernantes les han ayudado a hacer negocios durante la crisis.
Otro aspecto de esta situación son los emprendedores informales que en su lucha por generar un ingreso se convierten en competencia para las empresas formales. En este caso lo más peligroso es que ponen en riesgo el dinero y la vida de quienes les compran. Porque no hay seguridad de que los productos que ofrecen cumplen los estándares requeridos.
En medio de la pandemia, las historias de las conexiones de empresarios con las esferas de poder para el surgimiento de la noche a la mañana de empresas proveedoras de insumos médicos, se replican alrededor del mundo. Sin importar que la falta de experiencia de los nuevos empresarios en el ramo o la dudosa procedencia de los insumos.
Uno de los casos reportados por los medios de comunicación fue el de Zach Fuentes, ex subdirector de personal de la Casa Blanca. A pocos días de formar su empresa, ganó un contrato por 3 millones de dólares, para suministrar mascarillas al Servicio de Salud de los Indígenas (IHS por su sigla en inglés).
Las máscaras faciales no cumplieron los estándares médicos y un portavoz del IHS anunció que están tratando de devolverlas. Por su parte la oficina de Responsabilidad del gobierno, dejó abierta la posibilidad de revisar el acuerdo en los próximos meses, cuando el personal retome sus labores.
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Otra caso similar es el de Mathew J. Konkler. Él trabajó en el departamento de Defensa durante la administración de George W. Bush y en la actual administración como voluntario en el equipo del vicepresidente Mike Pence. En agosto de 2019 formó su empresa. Y a finales de mayo de este año ganó su primer contrato federal por 2.4 millones de dólares para suministrar batas quirúrgicas a la oficina de Prisiones.
El Gobierno de España autorizó la compra de 263 millones de euros en material médico a una empresa condenada por estafa. Además, antes había comprado a una empresa china, por un monto desconocido, 640 mil pruebas para detectar la Covid-19. Los test resultaron defectuosos y tras un reclamo fueron cambiados, pero las nuevas también presentaron problemas.
En Perú, en un proceso fugaz el Seguro Social de Salud (EsSalud) adjudicó un contrato de casi 600 mil dólares, para el suministro de alcohol gel para uso hospitalario. La empresa no contaba con el registro sanitario para distribuir productos médicos. Solo tiene autorización para vender productos cosméticos. Por tanto, el alcohol que distribuye no cuenta con el 70 por ciento de base alcohólica requerido. No se descarta que esto haya contribuido al contagio de decenas de trabajadores de la salud.
En El Salvador el director del Fondo Ambiental (Fonaes), Jorge Aguilar fue destituido. Esto ocurrió después que el sitio web Salud con Lupa publicara que le vendió al gobierno 100 mil protectores faciales en 250 mil dólares. Es decir casi al doble del precio que tienen por unidad. Además, la transacción viola la prohibición de que los funcionarios sean contratistas del Estado.
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Sin embargo, el presidente Nayib Bukele no se ha referido a otros casos similares. Como la compra de 300 mil caretas por las que pagaron 750 mil dólares, es decir sobrevaloradas, a una sociedad mercantil con apenas seis meses de existencia.
Bukele tampoco se ha referido al contrato adjudicado a la empresa familiar del diputado en funciones René Gustavo Escalante Zelaya, beneficiada con un contrato de 344 mil dólares por la venta de 800 mil mascarillas quirúrgicas. Ni al contrato por 3 millones de dólares otorgados a una empresa especializada en cerámica y porcelana, con sede en Miami, a la que le compraron 1.5 millones de mascarillas KN95, fabricadas en China.
Otro negocio que ha surgido en muchos países, incluido Nicaragua, son las cámaras o túneles de desinfección. Estos han sido instalados y luego retirados ya que las autoridades han advertido que no ayudan a prevenir el contagio. Al contrario, los químicos que utilizan pueden provocar problemas en la piel, ojos y otros órganos. En Nicaragua la Corte Suprema de Justicia fue una de las entidades públicas que instaló estos túneles y los tuvo que retirar.
Con respecto a la contratación de empresas de reciente creación, pese a que la información prácticamente es secreta, aún no se conocen casos.
El otro caso está en las redes sociales, que están inundadas de ofertas de empresas informales y comerciantes individuales que ofrecen cualquier cantidad de productos. Incluso supuestas pruebas para detectar la Covid-19, que en el país solo las tiene el Ministerio de Salud (Minsa). Incluso, hace pocos días el Minsa advirtió de posibles estafas con esas pruebas.
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Según el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, estas ventas sí están haciendo competencia desleal y afectan a las empresas formales. Porque no pagan ningún tipo de impuesto ni poseen registros que garanticen la calidad de lo que están vendiendo.
Estas ponen en riesgo la salud de la población y el dinero que invierten en estos productos. Si el producto tiene alguna falla o carece de los estándares médicos, no hay manera de garantizar que la persona pueda devolverlos y recuperar su dinero. En todo caso, para una compra segura, lo mejor es comprar en farmacias o comercios establecidos donde se puede reclamar por lo adquirido.
En el abastecimiento de productos de higiene y prevención que la población demanda se han registrado dos situaciones. Está la de empresas formales, que han visto una oportunidad de obtener ingresos. Estas hacen uso de sus licencias de importación y pagan sus respectivos impuestos, para entrar al negocio de los insumos demandados por la población ante la pandemia.
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Ellas según Aguerri no son competencia desleal para las que tradicionalmente se han dedicado a la importación y distribución de los productos farmacéuticos.
Tampoco otras como, el único ingenio local que produce alcohol. Y que ante la crisis optó por no exportar 1.5 millones de litros para distribuirlo localmente. El producto se está distribuyendo a nivel nacional para evitar el desabastecimiento.
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